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EDICIÓN MARZO 2018 | N°225
RESPUESTAS SINDICALES A LA OFENSIVA MACRISTA

Un actor central del próximo mapa político

Por Andrés R. Schipani*
El gobierno de Macri ejecuta una política gradual contra los sindicatos; busca consolidarse para después poder desplegar sin límites su esencia neoliberal. Las distintas respuestas de los gremios expresan sus diferencias estructurales e influirán en la conformación futura del peronismo.
M.A.f.I.A.

Es imposible comprender la agenda de política laboral de Cambiemos sin destacar que la lógica general detrás de la política pública del gobierno está signada por la idea de secuencias o etapas. Los funcionarios de Cambiemos son liberales por orientación programática, pero pretenden gobernar en el centro hasta el 2019. Son conscientes de que sólo gobernando en el centro podrán consolidarse como un partido electoralmente sólido, construir mayorías parlamentarias y, eventualmente, poder comenzar a gobernar en mayor sintonía con su corazón liberal a partir de 2019.

¿Cómo se traduce esto en términos de la política laboral? Su núcleo de creencias liberales los inclina a preferir convenios colectivos más descentralizados (idealmente, salarios negociados individualmente entre trabajadores y empleadores), mayor flexibilidad en la contratación, despido de la mano de obra y un mercado de seguros de salud donde prestadores privados reemplacen a (o compitan con) los sindicatos. Sin embargo, la agenda laboral de esta etapa ha

subordinado las preferencias liberales del gobierno a la agenda de la “gobernabilidad social”. Macri se propone ser el primer presidente no peronista en finalizar su mandato constitucional. Y entiende perfectamente que, en Argentina, cuando la movilización popular desborda a las instituciones representativas, el presidente tiene altas probabilidades de ser eyectado del sillón de Rivadavia antes de tiempo.

Eso explica en parte las distintas velocidades con las que el gobierno avanza en diferentes áreas de la política pública. En aquellas áreas donde no existen actores organizados capaces de articular una oposición a sus políticas públicas, el gobierno ha optado por apretar el acelerador y acercar las políticas públicas a sus preferencias liberales. Ejemplo de ello son las políticas de recortes de subsidios a los servicios públicos esenciales (electricidad, gas, agua), así como también la reforma previsional. Allí donde los perdedores de las reformas están atomizados (las clases medias, los jubilados), Cambiemos avanza con medidas más radicales y unilaterales. Sin embargo, en áreas en que existen actores organizados capaces de articular una resistencia coordinada a sus políticas, el gobierno ha preferido ser más moderado y realizar reformas concertadas con ellos. Ejemplos de esto son el proyecto de reforma laboral (que intentó concertar con los sindicatos, sin éxito), la preservación de las políticas de asistencia social heredadas del kirchnerismo (que, entre otros, benefician a los movimientos sociales de trabajadores informales), y la política comercial (donde el poder de los empresarios locales y sindicatos por rama limita cualquier intento radical de apertura).

En resumen, si en las políticas previsionales y de subsidios el gobierno ha subordinado el bienestar social (al menos de corto plazo) a los imperativos de la política económica, en los terrenos de las políticas laborales, sociales o comerciales las preferencias liberales se subordinan al imperativo de la gobernabilidad social. El objetivo aquí es tener a sindicalistas y líderes de movimientos sociales sentados en una larga, eterna mesa de negociación política que los mantenga lejos de las calles.

Tensiones entre economía y sociedad

Aun cuando el imperativo de la gobernabilidad social dicta gran parte de la política laboral de Cambiemos, hay dos áreas en las cuales el gobierno no puede permitirse preservar el statu quo sin minar sus propios objetivos de política económica: la reducción del déficit fiscal y la lucha contra la inflación. Estos objetivos son el origen de las tensiones entre sindicalismo y gobierno nacional en la actualidad.

El combate contra la inflación fue una de las principales promesas electorales del gobierno de Cambiemos. Ante los escasos avances que una política monetaria contractiva ha tenido en este frente, el gobierno apunta ahora a otro elemento clave en la determinación del nivel de precios en Argentina: el precio de la mano de obra fijado vía convenios colectivos. El gobierno busca una moderación de las demandas salariales: que, a lo sumo, no superen a la inflación. Este objetivo (que implicaría, al menos, ausencia de aumento real del salario en 2018) afecta de manera diferencial la disposición de los sindicalistas del sector privado a enfrentar al gobierno.

La política de moderación salarial pone en la vereda de enfrente a aquellos gremios que cumplen dos condiciones: tienen instituciones que garantizan una participación activa de la base en la vida interna del gremio, y pertenecen a sectores no transables de la economía (esto es, producen bienes o servicios que por su propia naturaleza no pueden adquirirse en el exterior). Si en gremios con alta militancia de base una baja del salario real le genera a la dirigencia serios problemas de legitimidad interna, el hecho de estar ubicados en sectores no transables de la economía permite a los dirigentes presionar por aumentos del salario real sin temor a grandes efectos negativos sobre el nivel de empleo en el sector. No es casual que camioneros y bancarios, dos gremios del sector privado que reúnen ambas condiciones, se encuentren encabezando hoy la oposición sindical al gobierno en el sector privado.

Hay un segundo grupo de gremios, los grandes sindicatos del sector privado en Argentina (a menudo referenciados por la prensa como “Gordos” e “Independientes”), en el que el nivel de participación de la base en la vida interna del gremio es mínimo. Estos sindicatos no tienen, en principio, grandes contradicciones con una política de moderación salarial impulsada por el gobierno. La razón es que, en ausencia de un formato organizativo que los vincule de forma permanente con las bases (sumado a la ausencia de democracia interna común a casi todos los gremios del sector privado), es muy difícil que los liderazgos sindicales paguen un costo en términos de ascendencia sobre la base a causa de una moderación salarial temporaria. Así como la ausencia de democracia interna los blinda frente a una posible competencia electoral “por izquierda”, la ausencia de mecanismos internos de representación de la base los blinda frente a las presiones inmediatas de sus propios representados.

Hay una diferencia abismal entre los mundos organizativos que habitan Armando Cavalieri (líder del Sindicato Empleados de Comercio) y Pablo Moyano (Camioneros). Moyano interactúa regularmente con la base: les exige a sus afiliados niveles de participación y movilización elevados, lo que lo dota de un extraordinario poder frente al empresariado y el gobierno. Pero a cambio, las bases son exigentes en términos de salarios y beneficios sociales. Cavalieri rara vez se cruza con sus afiliados. Es un tipo de liderazgo menos ambicioso: su preocupación central es maximizar las contribuciones que los empleados de comercio realizan al gremio y, en especial, a su obra social. La penetración del sindicato en los lugares de trabajo es muy baja. En ese universo organizativo, la “presión de las bases” es mínima.

Esto no quiere decir que estos sindicatos “no hacen nada” frente a sus representados, sino que se vinculan con ellos de forma más burocrática e individualista, a través de la prestación de servicios a sus afiliados (sobre todo, servicios de salud a través de las obras sociales). Estos sindicatos tienen como preocupación central la solvencia financiera de estas obras sociales, porque constituyen, al mismo tiempo, su principal forma de financiamiento y su principal vínculo de representación con los afiliados.

Este formato organizativo los vuelve más vulnerables a las zanahorias y palos del gobierno de turno y, por lo tanto, más proclives a negociar con él. Por un lado, dado que en muchos casos las obras sociales tienen problemas de sustentabilidad financiera, la asistencia fiscal del gobierno de turno es una pieza fundamental para mantener estas organizaciones burocráticas (y, por lo tanto, la propia supervivencia de los liderazgos sindicales) a flote. Por el otro, su limitada capacidad de movilización de la base los vuelve muy vulnerables a las causas judiciales abiertas por el gobierno contra ellos: a diferencia de Moyano, les resulta difícil contraatacar a embestidas judiciales con la amenaza de la movilización callejera. Estos gremios fueron los grandes ausentes en la movilización del pasado 21 de febrero auspiciada por Hugo Moyano.

Prioridad: mantener el empleo

Por último, en el sector privado existe un tercer grupo de gremios con alto grado de militancia entre las bases, pero cuya capacidad de avanzar en reclamos salariales se encuentra limitada por su ubicación en sectores transables de la economía. La principal razón por la que gremios como SMATA (automotrices) o la UOM (metalúrgicos) precisan tener una buena relación con el gobierno no es para reclamar fondos para las obras sociales o frenar causas judiciales en contra de sus dirigentes. Aún más fundamental para estos gremios es contar con una política comercial que proteja las fuentes de trabajo de sus afiliados. La economía argentina durante el kirchnerismo se convirtió en la octava economía más cerrada del mundo (1). Eso implica que el gobierno, mediante la amenaza de la apertura comercial sectorial, puede disciplinar las demandas salariales de los sindicatos. Los sindicatos en estos sectores, enfrentados al dilema de perder puestos de trabajo o resignar salario, se ven forzados a priorizar la estabilidad laboral de sus representados. Un ejemplo cabal de ello fue el convenio colectivo firmado el año pasado por la UOM en Tierra del Fuego: de ser uno de los colectivos de trabajadores más beneficiados durante el kirchnerismo, en 2017 el sindicato metalúrgico de esta provincia aceptó un congelamiento de salarios hasta 2020 a cambio de que no haya despidos ni suspensiones en la industria (2). Aún con una orientación tradicionalmente más militante y combativa que el grupo anterior, estos gremios tampoco estuvieron en la movilización del 21 de febrero convocada por el líder camionero.

La reducción gradual del déficit fiscal es otro componente clave de la política económica del gobierno. Este compromiso envía una señal positiva a los mercados, que le permite al gobierno no sólo acceder al financiamiento externo a tasas menos elevadas sino, eventualmente, crearía un clima de confianza entre los inversores que finalmente traería aparejada la prometida “lluvia de inversiones”.

La combatividad de los estatales

Esta política afecta directamente la relación del gobierno con los gremios del sector público: estatales (especialmente ATE) y maestros (CTERA), colocando a estos gremios en la vereda opuesta al gobierno. Esta relación se agudiza en vistas de la reforma fiscal acordada con los gobernadores en 2017, que obliga a las provincias a reducir sus déficits fiscales en los próximos años. ¿Cuál es el principal componente del gasto público en las provincias? Salarios de docentes (representados de CTERA), empleados administrativos (principalmente representados de ATE) y policía. Difícilmente las provincias puedan cumplir estas metas sin ajustar a la baja los salarios reales de estos trabajadores.

En este sentido, la confrontación con los sindicatos de maestros también se agudiza por el imperativo anterior (moderación salarial): dado que los gremios de maestros son los primeros en el año en cerrar paritarias, la moderación de sus reclamos salariales es clave para el gobierno en la medida en que envía una señal al resto de los sindicatos sobre qué porcentaje de aumento salarial está determinado a tolerar. Tan determinante es la actuación del sindicalismo docente en la concreción de estos dos objetivos (reducción del déficit fiscal –sobre todo para provincias controladas por el PRO, como la de Buenos Aires–, y moderación salarial), que el gobierno ha decidido suspender la Paritaria Nacional Docente, una institución consagrada en la legislación argentina vigente a partir de la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo y su posterior reglamentación durante el kirchnerismo.

¿En qué medida estos alineamientos pueden desembocar en una coalición que pueda articular de manera exitosa una oposición sindical al gobierno? ¿Hasta qué punto estas coaliciones sindicales representan una amenaza a la estrategia de “gobernabilidad social” del macrismo?

Una posibilidad es que la oposición sindical se articule exclusivamente en un “sindicalismo de resistencia”, esto es, una coalición estrecha formada en torno a los perdedores inmediatos en el mundo de los trabajadores formales: camioneros y bancarios, los gremios combativos del sector público y la izquierda sindical clasista. Esta coalición sería básicamente una reedición de la coalición anti-menemista que se opuso a las reformas de mercado durante la década de 1990. Esta coalición nucleó en su momento al MTA (el conjunto de gremios del transporte liderado por camioneros, pero que también incluía a gremios como los de maquinistas de tren, taxistas, colectiveros), la CTA y la CCC (la Corriente Clasista y Combativa).

La reedición de este “sindicalismo de resistencia” difícilmente redunde en conquistas concretas para la clase trabajadora. En primer lugar, porque incluso en su época de apogeo durante el segundo gobierno de Menem y contando con un enorme poder de movilización, no modificó los grandes trazos de la política laboral. En segundo lugar, en caso de reeditarse, esta coalición carece del elemento que la dotaba de un poder de fuego considerable: la lealtad del conjunto de los gremios del transporte y, con ello, la capacidad de paralizar la actividad económica del país. Todos esos gremios se encuentran hoy en la vereda opuesta a Moyano.

Una segunda posibilidad es la formación de una coalición de “gremialismo corporativo”, en el cual parte de los gremios que hoy están alineados con el gobierno procuren reeditar una alianza con Moyano. La reedición de esta coalición, similar a la que existió entre 2004 y 2011 bajo el paraguas de la CGT conducida por Hugo Moyano, es extremadamente peligrosa para el gobierno, y su materialización depende principalmente del camino de política económica y laboral que adopte en los próximos años. De triunfar en las elecciones de 2019, el gobierno tendrá el capital político necesario para avanzar en una reforma laboral con una orientación más liberal. Ahora bien, existen dos posibilidades para ello. Una opción es la flexibilización de la legislación de trabajo individual (por ejemplo, indemnizaciones por despido), pero dejando intactos los derechos colectivos de los sindicatos. Ése es un tipo de reforma laboral a la que los “Gordos” e “Independientes” accederían a cambio de algunos beneficios para sus organizaciones, tal como lo hicieron durante el gobierno de Carlos Menem en los años 90 (3).

Ahora bien, si el gobierno decidiera avanzar sobre los derechos laborales colectivos (negociación por rama de actividad, control sindical sobre las obras sociales), los gremios del sector privado se unirán y encolumnarán, una vez más, tras la dirigencia más combativa de los Moyano. Esta unificación de “dialoguistas” y “combativos” ya ocurrió en 1993, cuando el gobierno de Carlos Menem intentó (sin éxito) avanzar sobre el monopolio sindical de las obras sociales (4). Quien conoce de historia sindical en Argentina sabe que nunca hay que subestimar la enorme plasticidad que exhiben los dirigentes sindicales a la hora de forjar alianzas con antiguos adversarios (5).

La tercera opción es una coalición estilo “frente ciudadano”. ¿Qué beneficios podría traer este tipo de coalición para los sindicatos opuestos a la política de Cambiemos? El primero es que aumentaría considerablemente el poder de movilización de la clase trabajadora. Eso se evidenció en la movilización del pasado 21 de febrero, donde las filas de los trabajadores camioneros, bancarios, estatales y docentes fueron engrosadas por las de trabajadores informales enrolados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) o sectores medios que militan en el variopinto universo de organizaciones kirchneristas. El segundo beneficio es que dotaría de mayor legitimidad a las protestas frente a la opinión pública: mientras más amplia sea la coalición, menor es la probabilidad de que las movilizaciones aparezcan en la opinión pública asociadas a los intereses de Moyano (o incluso de una “aristocracia obrera” de camioneros y bancarios), y más a una suerte de frente ciudadano (incluidos los “pobres”, tan centrales en el horizonte discursivo de Cambiemos) que se siente damnificado por las políticas del gobierno.

¿Qué posibilidades existen de que esta coalición se consolide? Depende en parte del gobierno y en parte de la oposición peronista. En la medida en que el peronismo no presente un candidato competitivo con un perfil redistributivo, el universo de votantes filo-kirchnerista, hoy huérfanos de representación política, tenderá a encontrar en este tipo de movilizaciones el único canal útil a través del cual expresar su descontento con las políticas del gobierno. Pero también depende del gobierno: en la medida en que continúe con su política de gradualismo, difícilmente este polo de oposición se convierta en un actor de peso (sobre todo teniendo en cuenta que el grueso de los ajustes de tarifas que afectan a la clase media habrá finalizado para fines de 2019). De radicalizar el gobierno su política económica, sin embargo, un frente ciudadano (que incluso podría incluir a una CGT unificada) pondría seriamente en jaque el objetivo de gobernabilidad social que tanto desvela a los funcionarios de Cambiemos.

1. World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report 2014-2015”, Ginebra.

2. La Izquierda Diario, “Acuerdo flexibilizador en Tierra del Fuego: la UOM aceptó congelar paritarias hasta 2020”, 14-11-17.

3. Sebastián Etchemendy, Modelos de liberalización económica: empresarios, trabajadores y compensaciones en América Latina, España y Portugal, Cambridge University Press, Nueva York, 2011; María Victoria Murillo, Sindicalismo, coaliciones partidarias y reformas de mercado de América Latina, Siglo XXI Editores, Madrid, 2005.

4. Sebastián Etchemendy y Vicente Palermo, “Conflicto y concertación. Gobierno, Congreso y organizaciones de interés en la reforma laboral del primer gobierno de Menem (1989-1995)”, Desarrollo Económico, Vol. 37, Nº 148, enero-marzo de 1998.

5. Para un resumen de la historia sindical contemporánea en Argentina, véase Juan Carlos Torre, El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, Argentina 1973-1976, Siglo XXI Editores, 2004.

* Politólogo. Universidad de California, Berkeley.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur