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Edición Nro 222 - Diciembre de 2017


Ciudadanos venezolanos esperan para cruzar la frontera hacia Colombia, San Antonio del Táchira, 25-7-17 (Luis Acosta/AFP)

Violenta crisis de régimen

Dolor Venezuela

Por Maristella Svampa*

El alcance devastador de la crisis social en Venezuela, cuyas causas son múltiples y complejas, genera una empatía imposible de trasladar al gobierno, caricatura de lo que fuera el chavismo, o a la oposición, cuyo objetivo es acabar con la experiencia democratizadora plebeya.

enezuela transmite una sensación ambivalente de cercanía y a la vez de distancia. El sentimiento de cercanía remite a lo que expresa desde abajo, al alcance devastador de la crisis social y humanitaria, al esfuerzo mayúsculo que día a día hacen los venezolanos (hombres y mujeres) por sobrevivir, incluso el deseo en algunos de creer que no todo está perdido y que todavía es posible reconducir el proceso en un sentido democrático y emancipador. La distancia adviene inevitablemente frente a la imposible identificación política que Venezuela nos impone desde arriba, de un lado como del otro; sea que analicemos fríamente el gobierno de Nicolás Maduro, el cual aparece como una caricatura grotesca de lo que fue el chavismo en sus mejores tiempos; sea que hagamos referencia a su contracara, la derecha clasista que anida en la dividida Mesa de Unidad Democrática (MUD), cuyo objetivo es acabar con cualquier experiencia de democratización plebeya.

El actual desastre venezolano se expresa en una suerte de inabarcable “dolor país”, en contraposición al “riesgo país”, para parafrasear a la psicoanalista argentina Silvia Bleichman a la hora de hablar del impacto de la crisis sobre las subjetividades en la Argentina de 2001.

Rentismo y polarización

Las causas de la crisis en Venezuela son múltiples y complejas. Desde Arturo Uslar Pietri, pasando por Fernando Coronil hasta Edgardo Lander, son numerosos los intelectuales venezolanos que reflexionaron sobre la consolidación de un Petroestado en ese país, de su relación con una burguesía parasitaria y una cultura social rentista. En esa línea y en términos estructurales, el chavismo conllevó una profundización del rentismo, basado en la exportación de petróleo. Recordemos que cuando en 1999 Hugo Chávez asumió el poder, el precio del barril de petróleo estaba en 7 dólares; mientras que en 2008 alcanzaba los 120 dólares. Así, entre 2003 y 2013, como en otros países latinoamericanos, en el contexto de boom de los precios de los commodities, el chavismo expandió el gasto social, logrando una importante disminución de la pobreza y el analfabetismo. Al mismo tiempo, más allá de las expresiones de deseo acerca de la necesidad de la diversificación de la matriz productiva, el chavismo profundizó el carácter monoproductor y rentista del Estado, lo cual se vería potenciado posteriormente por los nuevos planes de desarrollo, basados en la expansión de la frontera extractiva (petrolera y minera).

Asimismo, el populismo chavista se instaló en una escena política inestable, a raíz del acoso permanente de sectores de derecha. Sin embargo, el liderazgo de Chávez –que tendría una dimensión regional/internacional– estaba ahí para suturar transitoriamente las brechas abiertas por la polarización política. Su muerte en 2013 y el ascenso de Maduro a la Presidencia por un ajustado porcentaje en la votación, simultáneamente a la caída de los precios del petróleo, fueron colocando en un tembladeral los logros sociales realizados y exacerbaron las fallas estructurales y coyunturales.

En la actualidad, la crisis del Estado rentista se manifiesta de diferentes maneras: desde la incapacidad para producir bienes básicos para la población (alimentos y medicamentos) e incluso para importarlos de manera eficiente, hasta el incremento sideral de la corrupción, que atraviesa a las clases gobernantes.
Por último, no es un secreto que hay sectores extremistas de la oposición que buscan una salida violenta a la crisis. Estos grupos cuentan, por lo menos desde el golpe de Estado de 2002, con apoyo político y financiero de Estados Unidos. Pero también es necesario reconocer que en el marco de la crisis actual no sólo la derecha se ha movilizado. La oposición es heterogénea e incluye sectores políticos identificados con el chavismo de la primera hora, así como sectores populares, golpeados por el desabastecimiento y la pobreza.

Mutación político-subjetiva

Algunos elementos ilustran la mutación político-social venezolana. No son los únicos ni tal vez los más importantes, pero muestran las aristas de una sociedad golpeada y en proceso de reconfiguración.

1. La dureza de la vida cotidiana
El día a día de venezolanos pobres y de clases medias se reduce a una desgastante lucha por la sobrevivencia. Al calor de la crisis, los individuos van desarrollando diferentes lógicas de acción, que combinan lo que se puede obtener a través de las redes estatales, las redes de reciprocidad (trueque, familia, amigos), con el bachaqueo (venta en el mercado informal de bienes a precios regulados) e incluso, el delito. Algunos estudios recientes revelan tendencias contradictorias, a partir de las cuales un mismo individuo puede alternar la lógica del cazador con la apuesta colectiva; coexisten así lazos de coerción y competencia con relaciones de solidaridad. La situación conlleva destrucción de lazos sociales y cambios en las formas de sociabilidad, en el marco de una subjetividad sufriente. Por otro lado, ciertos cambios en los modos del consumo, aun si pueden ser beneficiosos (se prioriza la producción artesanal, en algunos casos se come “más sano”), es muy probable que no tengan un alcance duradero. En Argentina, por ejemplo, sabemos que experiencias como el trueque, en 2002, generaron un discurso anticonsumista de patas cortas, pues en cuanto la situación económica social mejoró, la vuelta a la normalidad sumergió a esos mismos sectores nuevamente en el modelo de consumo dominante.

El elemento más radical del populismo chavista ha sido la centralidad que adquirió la democracia participativa, en los últimos años a través de los consejos comunales. Ésta se convirtió en el paradigma por excelencia de la transformación de la política y, a la vez, en la clave del dispositivo legitimador. Sin embargo, la democracia participativa encontró diferentes obstáculos y límites, tanto económicos como políticos. En esta línea, en el marco de la gran crisis venezolana, la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) implicó un giro hacia políticas sociales focalizadas. Este modelo centralizado de distribución directa funciona en todo el país y alcanza a 4 millones de venezolanos. Las opiniones sobre los CLAP son contradictorias, debido a la discrecionalidad y la situación de abuso de poder que su implementación genera. Para muchos estarían desplazando desde arriba a los Concejos Comunales y las Comunas; para otros, más bien se entremezclan con éstos, lo cual no quiere decir que ello se traduzca necesariamente en un mayor empoderamiento social.

2. Los diferentes rostros del chavismo
Que no existe un solo chavismo no es ninguna novedad. Aunque el gobierno pretenda unidad social y se arrogue el monopolio de la representación política del chavismo, luego de la muerte de Chávez, pero sobre todo a partir de la crisis de 2015 en adelante, es posible identificar varios chavismos realmente existentes, tanto desde el punto de vista social como político. Así, desde abajo, existen diferentes variantes del chavismo social organizado, las cuales se instalan en un espacio de geometría variable, desde el apoyo irrestricto, hasta aquellos que plantean diferencias y críticas al gobierno, subrayando la crisis del rentismo, las consecuencias del desabastecimiento, la corrupción y la discrecionalidad en la entrega de los recursos. Para algunos militantes chavistas que se politizaron con el barril de petróleo a 100 dólares, que fueron “la generación dorada, la que iba a comerse el mundo”, como me dijera un joven en un barrio periférico de Caracas, hay que hacer la crítica al rentismo, pero la apuesta de cambio sigue en pie: la crisis puede ser una oportunidad de generar alternativas, desde la ampliación del rol de las comunas.

Por otro lado, existe un chavismo político crítico, que se expresa no sólo en términos individuales. Entre los colectivos de autoconvocados se destaca la Plataforma Democrática en Defensa de la Constitución (1), en la cual confluyen partidos de izquierda como Marea Socialista, ex ministros de Chávez, intelectuales reconocidos y activistas de derechos humanos y políticos. Tarea nada fácil la de estos chavistas de izquierda, que rechazan la polarización y la violencia, y apuntan a construir un lugar desde una oposición democrática creíble. En octubre, la Plataforma hizo un llamado a votar por candidatos despolarizados o votar nulo en las elecciones regionales.

Asimismo, no son pocos los que sostienen que durante el período de protestas entre abril y septiembre, sectores populares del oeste de Caracas así como en ciudades del interior participaron de las movilizaciones contra el gobierno. Pero, en términos masivos, como afirma Alejandro Velasco, especialista en el tema, “los pobres no bajaron de los cerros” (2). Tampoco parece haber demasiados puentes entre el chavismo político crítico y los chavismos sociales realmente existentes.

3. El Estado de excepción
Desde hace dos años Venezuela vive bajo un Estado de excepción, a partir del cual el gobierno fue intentando cimentar un poder absoluto. Esta dinámica que arrancó del desconocimiento por parte del Ejecutivo de otras ramas del poder (la Asamblea Legislativa, donde la oposición cuenta con la mayoría luego del triunfo en las elecciones de 2015), se fue agravando y potenciando exponencialmente con el posterior bloqueo y postergación del referéndum revocatorio –una herramienta democratizadora introducida por la propia Constitución chavista–, la postergación de elecciones primero y la construcción de una cancha electoral inclinada para el oficialismo después. Todo ello generó un nuevo escenario político, marcado por la violencia y la ingobernabilidad, especialmente entre los meses de abril y septiembre, con más de 170 víctimas, 3.000 detenidos y 1.000 heridos, producto de los enfrentamientos entre la oposición y las fuerzas gubernamentales. En esa línea, sin descartar las tendencias golpistas de ciertos sectores de derecha y sus “guarimbas”, el principal responsable de la situación en Venezuela –en tanto garante de los derechos fundamentales, que controla el aparato represivo– es el Estado.

En medio de lo que pareció un “empate catastrófico”, el gobierno de Maduro retomó la iniciativa política con el llamado a una Asamblea Constituyente que la oposición rechazó en bloque. Pese a que ésta sería considerada por numerosos especialistas como anticonstitucional, la iniciativa prosperó y terminó por consolidarse luego del llamado y realización de las elecciones a gobernador, en octubre pasado, que dieron el triunfo al chavismo en 18 de 23 estados. Sólo en uno de ellos hubo denuncias consistentes de fraude –no por casualidad en el estratégico estado de Bolívar, que está dentro del Arco Minero–. Y ya a mediados de noviembre, podía respirarse algo de tranquilidad en las calles, lo que el gobierno atribuyó a la Constituyente. Montado en la ola de entusiasmo de las regionales, el gobierno llamó a las elecciones municipales para antes de fin de año. El cierre –temporario– del ciclo de la violencia en las calles no asegura empero gobernabilidad, pues la falta de dinero circulante, la crisis alimentaria y sanitaria, la vertiginosa inflación y, ahora, el llamado a la reestructuración de la deuda, vuelven a empujar a Venezuela al borde del abismo.

Días antes de la crisis de la deuda, la Asamblea Constituyente sancionó la Ley contra el Odio, un engendro jurídico que parece superar a las leyes “antiterroristas” y que revela el avance del gobierno en el control de cualquier posibilidad de disidencia, a través de una puntillosa política de criminalización de la opinión mediante la cárcel.

Cierto es que, de aplicarse esta ley, debería hacerse, en primer lugar, contra el número dos del régimen, Diosdado Cabello, quien tiene un programa televisivo llamado Con el mazo dando, en el cual fustiga a la oposición sin escatimar amenazas y discursos hiperbólicos, mientras exhibe en su escritorio un mazo o garrote. No obstante, la oposición cuenta todavía con algunos espacios en los medios y aunque su lenguaje es a menudo tan simplificador y virulento como el del oficialismo, en su performance, está lejos de compararse con la sobreexposición mediática del presidente Maduro.

En suma, el chavismo/madurismo, en tanto régimen político, se va consolidando como un Estado de excepción, un régimen de control biopolítico que interviene cada vez más en la vida cotidiana de la gente, en un contexto de gran crisis económica y alimentaria, y que genera cada vez más herramientas y dispositivos jurídicos para criminalizar las disidencias.

4. “Pranato” minero y economía criminal
En el marco del Estado de excepción, se crearon las zonas económicas especiales. La megaminería aparecerá como una nueva salida “mágica” en la búsqueda de la diversificación del extractivismo. La apertura a la explotación megaminera de casi 112.000 kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional), mediante la creación de una Nueva Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, tiró por la borda el discurso antiimperialista del gobierno. El gobierno suscribió alianzas y acuerdos con diferentes empresas transnacionales (chinas, rusas, entre otras), cuyo contenido se desconoce, pues el decreto de Estado de excepción y emergencia económica permite que las contrataciones puedan tener discrecionalidad y no requieran la autorización de la Asamblea Nacional. Como varios analistas han denunciado (3), los nuevos megaproyectos unen expoliación económica y virtuales graves daños ambientales, entre ellos la amenaza de la deforestación masiva.

Asimismo, investigaciones recientes sobre el tema coinciden en señalar la emergencia y consolidación de bandas criminales en los estados del Arco Minero del Orinoco, ligadas a la minería artesanal e ilegal. Aunque la masacre de Tumeremo, en el Estado de Bolívar, con el trágico saldo de 28 mineros asesinados (4) no fue la primera, otorgó visibilidad a la relación creciente entre rentismo, criminalidad y minería artesanal e ilegal (5), un fenómeno que se habría acentuado en los últimos diez años. Es cierto que la expansión de estructuras criminales ligadas a la minería artesanal/ilegal no es una figura específica de Venezuela, pero el caso es que allí asume rasgos más contundentes, ligados a la crisis del Estado y la fenomenal debacle económica que expulsa a poblaciones a la búsqueda de nuevas estrategias de sobrevivencia.

Lo que se conoce con el nombre de “pranato” minero (6) revela los contornos de una nueva territorialidad violenta, que tiene como contracara un Estado con escasa capacidad de regulación y de control territorial, que al mismo tiempo desarrolla vinculaciones con las bandas armadas. Así, lo que describen diferentes trabajos de investigación es la emergencia de una esfera paraestatal, desde abajo, que involucra un gran número de actores económicos legales e ilegales, y sujetos sociales. Dichas estructuras criminales no sólo controlan territorios sino también la población y las subjetividades, lo cual constituye un golpe importante para cualquier tentativa de reconstrucción de un proyecto democrático. Y todo ello sucede, aun antes de que las empresas transnacionales ingresen con su lógica depredadora a los territorios...

En suma, Venezuela continúa siendo el escenario de una gran tragedia social y política; un punto ciego para parte de las izquierdas latinoamericanas, que aun hoy continúan brindando un apoyo incondicional a un régimen cada vez más autoritario; un dilema para todos aquellos que buscan pensar en términos de horizontes democráticos contrahegemónicos; en fin, un “dolor país” que tiñe las subjetividades del país caribeño, al tiempo que impacta en términos políticos en toda la región latinoamericana.

1. Véase el manifiesto de la Plataforma en Defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Democracia, publicado el 19-10-16 en el sitio de Aporrea: www.aporrea.org/ddhh/a235779.html
2. “Venezuela: ¿por qué no ‘bajan’ de los cerros?”, entrevista a Alejandro Velasco de Pablo Stefanoni, Nueva Sociedad, Buenos Aires, junio de 2017, http://nuso.org/articulo/venezuela-por-que-no-bajan-de-los-cerros/
3. Emiliano Terán Mantovani, “Los peligros del Arco Minero del Orinoco: un breve análisis desde la economía ecológica”, América Latina en movimiento, 11-5-16, https://www.alainet.org/es/articulo/177365
4. Daniel Pardo, “Lo que se sabe de la supuesta masacre de 28 mineros en Venezuela”, BBC Mundo, 15-3-16.
5. Véase Carlos Egaña, “El Arco Minero del Orinoco. Ambiente, rentismo, violencia en el sur de Venezuela”, http://prodavinci.com/2016/08/23/actualidad/el-arco-minero-del-orinoco-ambiente-rentismo-y-violencia-al-sur-de-venezuela-por-carlos-egana/
6. En sentido estricto, “Pran” en la jerga carcelera significa jefe. Se suele atribuir esa sigla al “título” de “preso reincidente asesino nato”.

* Socióloga y escritora. Su último libro es Del cambio de época al fin de ciclo. Gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales en América Latina, Edhasa, Buenos Aires, julio de 2017.


© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur


 
 
 
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