El balance social de los años de Lula

El 29 de marzo de 2010, cuando The Wall Street Journal se preguntaba qué esperaban los brasileños de su próximo (o próxima) Presidente, en las elecciones que tendrían lugar en octubre de ese año, concluyó muy rápidamente: “¡Qué las cosas no cambien!”. Un deseo que, viniendo de donde venía, no sorprende del todo, aunque sólo sea a causa de que desde hacía algunos años, mucha gente que antes apenas comía ahora podía satisfacer su necesidad elemental.

En septiembre de 2003, durante su primer año en el poder, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva había asegurado: “Desde ahora hasta el final de mi mandato ningún brasileño sufrirá hambre”. Aunque esas circunstancias son propicias para las promesas exaltadas, los progresos fueron considerables. En siete años, según las estadísticas oficiales, cerca de 20 millones de brasileños (sobre una población de 190 millones) salieron de la pobreza. El programa Fome Zero (Hambre Cero) garantizó especialmente el acceso de las familias indigentes a los productos alimenticios básicos, con ayudas que iban (a comienzos de 2007) de 22 a 110 dólares mensuales. Como consecuencia, tan  sólo durante el primer mandato de Lula la malnutrición infantil retrocedió un 46%. En la región del Nordeste –de donde el jefe de Estado es oriundo y en donde también conoció el hambre– retrocedió un 74%. En mayo de 2010, el Programa Alimentario Mundial (PAM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) distinguió a Lula otorgándole el título de “campeón mundial de la lucha contra el hambre”.

Brasil sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, pero ahora lo es un poco menos. Entre 2003 y 2010, los ingresos del 10% de la población más pobre crecieron un 8% anual: mucho más rápido que la economía y que los ingresos del 10% de la población más rica (+1,5%). Las clases medias inferiores –hogares cuyo ingreso mensual se ubica entre 1.065 y 4.591 reales (550 y 2.400 dólares) – pasaron de representar el 37% de la población total a más de la mitad. En el ámbito de la educación, el programa ProUni da apoyo a los estudiantes de las familias modestas, mientras que la duración de la escolarización promedio pasó de 6,1 años en 1995 a 8,3 en 2010.

Durante los dos mandatos del ex sindicalista metalúrgico se crearon 14 millones de empleos y el salario mínimo aumentó un 53,6% en términos reales, es decir descontando la inflación. Esto benefició no sólo a los salarios bajos –los más numerosos– sino también a los jubilados y a los beneficiarios de los programas de ayuda a personas discapacitadas, que perciben sumas indexadas con la remuneración mínima. La participación de los ingresos del sector asalariado en el Producto Interno Bruto (PIB), pasó así del 40% en 2000 al 43,6% en 2009.

Bolsa Familia sigue siendo el dispositivo emblemático de las políticas sociales. Este programa de asignaciones involucra a las familias que viven bajo el umbral de pobreza. Según las cifras del gobierno, beneficia a 12,4 millones de hogares, o sea más de 40 millones de personas, que perciben un promedio de cerca de 95 reales por mes (unos 50 dólares).

“Redes de seguridad” sociales

Sin embargo, cuando se trata de hacer el balance de la gestión de Lula, algunos se muestran más dubitativos. Para explicar su punto de vista, hay que remontarse a los orígenes del programa Bolsa Familia, que comenzó a fines de los años 90, cuando se conjugaron crisis monetarias y movilizaciones sociales. Las medidas de ajuste estructural y de estabilización económica prescriptas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) hundieron a la población en la miseria. En América Latina, la cantidad de pobres prácticamente se duplicó entre 1980 y 2001, pasando de 120 a 220 millones. ¿Mala suerte? No realmente: según la confesión de uno de los economistas del Banco Mundial (BM), el Consenso de Washington de los años 1980-1990 “despreciaba cualquier consideración ligada a la equidad” y trataba de “evitar cualquier medida con intención redistributiva” (1).

No obstante, los daños sociales y el cuestionamiento a las instituciones financieras internacionales pronto obligaron al BM a “cambiarle la cara” a su programa económico. Una batería de medidas en ese sentido fue publicada en el Informe del Banco Mundial sobre el Desarrollo en el Mundo, 2000-2001. En el prefacio, el presidente de la institución, James Wolfensohn, develaba un objetivo hasta ese momento inédito: “Fortalecer la aceptación de las reformas y de los procesos de estabilización”, con el fin de “impedir los conflictos vinculados a la distribución de los recursos, que con frecuencia traen consigo bloqueos, agravan las crisis económicas y pueden incluso hacer caer a los gobiernos”. ¿Cómo? Creando “redes de seguridad” sociales.

En Brasil las recomendaciones del BM se tradujeron, desde abril de 2001, durante las presidencias de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) –el arquitecto de la reforma neoliberal en el país– en la implementación de programas como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação y Auxílio Gás (2). Estas medidas fueron precursoras del Bolsa Familia, que reagrupó –y extendió– esas iniciativas.

Bolsa Familia le aseguró a Lula el apoyo de los más pobres para su amplia victoria en las elecciones presidenciales de 2006. Y no disuadió a los más ricos, muchos de los cuales le otorgaron sus votos para un segundo mandato. Este fenómeno fue descrito por el universitario Armando Boito Jr. como “una alianza […] que une, de manera bastante paradójica a priori, a los dos extremos de la sociedad brasileña” (3). Sin embargo, tal alianza no sirvió a los dos extremos de la misma manera.

Continuidades y rupturas

Al asumir la Presidencia, el 1 de enero de 2003, Lula anunció: “El cambio, ésa es nuestra palabra clave”. Sin embargo, prosiguió la política de estabilización macroeconómica de su antecesor, Cardoso, a quien, sin embargo, antes de su elección calificaba como “verdugo de la economía brasileña”. Lula, que hasta la campaña de 1989 había prometido una moratoria de la deuda, superó las exigencias del FMI para su reembolso. ¿El Fondo exigía un excedente primario (4) de 3,75% en 2003? Lula les ofreció el 4,25%, un “esfuerzo suplementario” equivalente a 8.000 millones de reales (2.200 millones de euros).

Aunque la austeridad le permitió a Brasil salir de la trampa del FMI, lo llevó a la de los acreedores nacionales, o sea, los hogares de más altos ingresos. Éstos aceptaron financiar al Estado comprando títulos de su deuda interna, con la condición de que se les pagara una de las tasas de interés más lucrativas del mundo (10,25% en julio de 2010). En 2009, por ejemplo, el 5,4% del PIB aterrizó en los bolsillos de los tenedores de la deuda interna, o sea más de 13 veces las sumas destinadas al programa social faro del gobierno de Lula.

Al constatar que “la cantidad de individuos que poseían más de un millón de dólares en activos financieros se había incrementado en un 19,1% entre 2006 y 2007”, el economista Pierre Salama resumió así los años de Lula: “La cantidad de pobres ha disminuido y más de un tercio de los brasileños ha aumentado sus ingresos pero, para una fracción ínfima de la población, el crecimiento de los ingresos ha sido mucho más fuerte”. Según sus cálculos, las desigualdades disminuyeron, pero no tanto gracias a las transferencias sociales sino por “la recuperación del crecimiento, la naturaleza de este crecimiento y sus efectos en el mercado de trabajo” (5). Un crecimiento que dependió menos de las disposiciones sociales de Lula da Silva que del frenesí con que la economía brasileña devora las materias primas del país.

Tampoco las políticas fiscales manejaron de la misma manera los intereses de los más ricos y los de los más pobres. En febrero de 2009, Olivier de Shutter, informante especial sobre el derecho a la alimentación del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), explicaba: “La tasa impositiva es muy elevada para los bienes y servicios, y baja para los ingresos y el patrimonio. Las familias que perciben un ingreso equivalente a menos de dos salarios mínimos pagan en promedio el 46% de sus ingresos en impuestos indirectos”.

En mayo de 2010, Moisés Naím, ex jefe de redacción de la (muy liberal) revista Foreign Policy, opinaba en El País que Lula había sido “uno de los Presidentes más favorables al mercado, al sector privado y a la inversión extranjera en Brasil”. No totalmente en desacuerdo con él, algunos miembros o simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT) piensan que Lula fue partícipe de eso que el teórico marxista italiano Antonio Gramsci denominaba la “revolución pasiva”: una estrategia política que emprende la burguesía para acabar con sus oponentes cuando ve su hegemonía amenazada, especialmente a través de la integración gradual pero continua de dirigentes de las “clases subalternas” al bloque del poder.

Aunque se le ofrecían otras soluciones, sin duda muchos factores inherentes a la vida política brasileña impulsaron a Lula a elegir esta vía. Cuando fue elegido, en 2002, el PT sólo disponía de 91 diputados sobre 513 en el Parlamento. Para gobernar, debió implementar una coalición de nueve partidos y recurrir a aliados poco confiables que, según explica el periodista Marc Saint-Upéry, “se disputan favores, empleos y recursos públicos”. En Brasil, “un tercio de los diputados, en promedio, cambia de partido al menos una vez durante la duración de su mandato. Y un cuarto lo hace más de una vez” (6). Actualmente, 147 diputados están sometidos a procedimientos judiciales, al igual que 21 de los 81 senadores (7). La corrupción estaría costando alrededor de 40.000 millones de dólares anuales en Brasil, cinco veces más que el programa Bolsa Familia. En estas condiciones, es difícil evitar que erosione la política e incluso la resolución de los caracteres mejor templados (8).

Y en estas condiciones, desde la campaña presidencial de 2002, el programa de Lula da Silva fue derivando hacia el centro. El PT, cuyas filas estaban cerradas para empresarios, terratenientes y banqueros desde su origen, se alió a un empresario millonario (y evangelista), José Alencar, quien se convirtió en su candidato a la vicepresidencia. El consejero en comunicación de Lula en ese momento, Duda Mendonça, sugirió que su cliente, en ese estadio de su carrera, estaba “listo para cualquier compromiso con el objeto de ganar la Presidencia” (9).

Para los brasileños, el “período Lula” seguirá siendo, de todas maneras, uno de los más positivos de la historia reciente. La prueba es que la mayoría de ellos en 2010 deseaba que se prolongara con su sucesora. 

1. N. Birdsall, A. de la Torre, F. Valencia Caicedo, “The Washington Consensus: Assessing a Demaged Brand”, Policy Research Working Group 5316, The World Bank Office of the Chief Economist, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Centro para el Desarrollo Global, Washingon, mayo de 2010.
2. “Bolsa Escola” asegura un suplemento de ingreso a las familias pobres, con la condición de que sus niños en edad escolar (7 a 14 años) vayan a clase. “Bolsa Alimentaria” está destinada a las familias con niños en edad preescolar y para mujeres embarazadas.  “Auxílio Gas” es, literalmente, “ayuda para el gas”; este programa del Ministerio de Energía y Minas distribuía 15 reales (6,5 euros) por familia pobre para ayudar a pagar la factura energética. En 2002, se beneficiaron 5,7 millones de familias.
3. Armando Boito Jr., “As relações de classe na nova fase do neoliberalismo no Brasil”, en Gerardo Caetano, Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina, CLACSO, Buenos Aires, 2006.
4. Saldo positivo entre los ingresos y gastos públicos del Estado, lo que le permite pagar su deuda sin tomar préstamos.
5. “Lula a-t-il vraiment fait reculer la pauvreté?”, Alternatives Internationales, París, diciembre de 2009.
6. M. St. Upéry, Le rêve de Bolivar, La Découverte, París, 2007.
7. Este artículo fue publicado en septiembre de 2010.
8. Lula debió pagar el costo en 2005, cuando estalló el escándalo del mensalão, mensualidades ilegales pagadas a parlamentarios menos preocupados por defender su programa político que su billetera.
9. Richard Bourne, Lula of Brazil: The story so far, Zed Books, Londres, 2008.

Dossier especial por la destitución de Dilma Rousseff:

El desarrollismo brasileño en peligro, por Marcelo Falak

La crisis del posneoliberalismo, por Federico Vázquez

El lulismo: cambio sin revolución, por Luís Brasilino

Este artículo forma parte de la colección de revistas del Dipló: EXPLORADOR PRIMERA SERIE

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