Crisis en Madagascar

Debían ser cuatro o cinco, aunque finalmente son unos treinta los obreros que nos esperan sentados unos junto a otros en los bancos de madera que suelen usarse en las reuniones sindicales. No todos están afiliados a la Confederación General de Sindicatos de Trabajadores de Madagascar (Fisema), la primera organización de asalariados del país. Pero casi todos están empleados en las empresas textiles de la zona franca de Antsirabe, tercera ciudad de Madagascar, 170 kilómetros al sur de la capital, Antananarivo.

Es en estas islas mundializadas que brotaron en los últimos veinte años, donde se confeccionan –por un salario mensual de 90.000 o 110.000 ariary (30-40 euros)– los shorts, jeans y camisetas que se venden en Europa con las etiquetas de las grandes marcas. Reunidos bajo el pizarrón del “sendika” [sindicato, en malgache], en el patio contiguo a la casa del delegado local de la Fisema, los obreros aceptan explicarnos “la crisis”, bajo condición, insisten, de que no citemos sus nombres.

La “crisis” es ante todo la parálisis política que acecha al país desde marzo de 2009, cuando el alcalde de Antananarivo, Andry Rajoelina, desplazó del poder al entonces presidente Marc Ravalomanana, cuestionado por la opinión pública y abandonado por el ejército. Desde entonces, la situación inicialmente provisoria se eternizó bajo la forma de una Alta Autoridad de Transición (AAT) presidida por Rajoelina. A pesar de haber renunciado oficialmente, Ravalomanana no tiene ninguna intención de dejar que su rival se imponga. Exiliado en Sudáfrica, planea seriamente regresar al país. La “comunidad internacional”, que acusa a Rajoelina de haber cometido un golpe de Estado, suspendió la mayoría de las ayudas que beneficiaban a Madagascar. Pero ese episodio revela fallas de funcionamiento más profundas, de tipo estructural, que ponen de manifiesto la falta de habilidad de las elites malgaches y el fracaso del modelo de desarrollo impuesto al país desde hace décadas.

“Los responsables son los políticos, pero las consecuencias las sufrimos nosotros”, exclama un obrero de Antsirabe. Las sanciones económicas afectan profundamente la economía, ya debilitada por la crisis económica de 2008, recuerda otro, que insiste en la ruptura del African Growth and Opportunity Act (AGOA), ley estadounidense que en los últimos diez años había reactivado la industria textil malgache. Desde que se suspendió ese dispositivo, en 2009, más de 25.000 obreros –de los 100 mil con que cuenta el sector– fueron despedidos. Y muchos otros atravesaron largos períodos de suspensión de la producción por parte la empresa. 

Los más golpeados

La fábrica Mklen, que exportaba toda su producción a Estados Unidos, cerró sus puertas y dejó en la calle a 1.200 empleados. Extrañamente, los que trabajan para las fábricas que siguen funcionando –Cottonline, Cotona, Aquarelle– ignoran cuál fue el destino de sus colegas de Mklen. Es imposible saber qué fue de ellos, como si súbitamente se hubieran transformado en fantasmas: unos se habrían sumado al conjunto de hombres que tiran a pie esos carruajes de dos ruedas, llamados carros de culí, muy comunes en las calles de Anstirabe; otros habrían regresado a sus pueblos de origen, y unos pocos habrían sido enviados a la Isla Mauricio o a Jordania, donde la firma tiene otras fábricas…

Algunas empresas menos dependientes del AGOA, como Cottonline, pudieron volver a emplear personal después de 2010. Pero, como ocurre en otros lugares, los patrones aprovechan la situación para ajustarle la rienda a los obreros. “Nos aplican reducciones de salario con cualquier excusa. A veces despiden gente por cualquier motivo, simplemente para mostrarnos que son ellos los que mandan”, afirma una joven con notorio enojo. En el banco contiguo, una mujer asiente con la cabeza y cuenta que tras ocho años trabajando en Cottonline fue despedida sin preaviso “porque estaba enferma”. Le dieron 200 mil ariary (70 euros), y se tuvo que ir a su casa. 

El Estado también se ve muy afectado por el congelamiento de la ayuda internacional, que en 2008 representaba la mitad de sus ingresos. Los funcionarios aún perciben sus salarios, pero las administraciones sufrieron severas reducciones en sus presupuestos. En ese contexto, la Inspección del trabajo, o la Caja Nacional de Previsión Social (Cnaps) resultan incapaces de imponerse frente los empleadores. El director del control de gestión de la Cnaps, Manan’lala Adriantsalama, reconoce abiertamente su incapacidad para controlar las 20.000 firmas afiliadas. “Y los trabajadores tienen tanto miedo de perder su empleo que no se atreven a venir aquí para quejarse”, añade.

Las repetidas promesas hechas a los malgaches desde la adopción de la ley de 1989 sobre las zonas francas, parecen lejanas. Apostando a las “ventajas comparativas” y a los “efectos de arrastre”, Madagascar debía entrar en un “circulo virtuoso de crecimiento”. Al cabo de veinte años, sólo se realizó la primera parte de ese programa: los salarios fueron mantenidos artificialmente bajos, a pesar de la elevada capacidad profesional de los trabajadores; y se erradicaron los impuestos y los derechos aduaneros para atraer las inversiones extranjeras. Pero –y es en este punto donde la teoría se derrumba– el círculo que generaron esas restricciones nunca fue “virtuoso”. Hace ya veinte años, hasta los partidarios de ese cuestionable “modelo de desarrollo” afirmaban que sólo podía tener éxito “si el clima fuera verdaderamente favorable y tranquilizador para los inversores” (1).

Pero ocurre que la Gran Isla no resulta para nada tranquilizadora. Madagascar, que fue escenario de una primera revolución en 1972, no dejó de verse conmocionada por crisis políticas e incesantes transiciones. En 1991 la población salió a las calles para revelarse contra el dictador Didier Ratsiraka, que ocupaba el poder desde hacía dieciséis años. En 2002, el mismo Ratsiraka, que había regresado al palacio presidencial por la vía de las urnas seis años antes, fue nuevamente obligado a exiliarse por los partidarios del empresario Ravalomanana. Al cabo de lo que fue casi una guerra civil, “el rey del yogurt” –como se denominaba al dueño del grupo agroalimentario Tiko– terminó imponiéndose. Pero, luego de ser electo en 2006, tuvo también que partir al exilio en 2009, al ser derrocado por el joven Rajoelina, cuya trayectoria de empresario y de político es sorprendentemente similar a la de Ravalomanana… (2)

Las crisis se suceden: 1972, 1991, 2002, 2009, y la vida se torna cada vez más difícil. La tasa de crecimiento resulta negativa en relación con la población del país, que pasó de 7,6 millones en 1975, a más de 20 millones en la actualidad. El Producto Interno Bruto por habitante (PIB/h) disminuyó un promedio de 1,6% cada año, entre 1975 y 2003. Y durante los periodos de florecimiento económico, entre 2003 y 2008, por ejemplo, la situación de la población prácticamente no ha mejorado. Tres cuartas partes de los malgaches (76,5%) siguen viviendo bajo la línea de la pobreza: 468.800 ar., lo que equivale a 160 euros por persona y por año. Madagascar “es un país de dos velocidades, donde una minoría está integrada a los circuitos de decisión económica y política, mientras que la mayoría de la población permanece marginada”, señala un informe del Banco Mundial publicado en junio de 2010 (3).

El descenso a los infiernos

Así es que, mientras un puñado de ricos se atrincheran en los barrios privados de la capital, protegidos por alambrados y empresas de seguridad privadas, los otros se ajustan el cinturón sobre sus estómagos vacíos. Esa supervivencia se tornó aún más difícil, dado que desde 2009 el precio de los productos de primera necesidad –los PPN, como se los llama habitualmente– no dejan de subir. En medio de ese clima, y cuando los puestos de trabajo perdidos desde marzo de 2009 llegan a 200 mil (4), los pocos trabajadores del sector formal que aún perciben un salario, por módico que sea, son considerados privilegiados.

“Nos hundimos”, reconoce José, mientras conduce su bamboleante Renault 4L por las calles de Antananarivo. Ex maestro de obra en una empresa constructora, uno de los sectores más afectados por la crisis junto al textil y al de turismo, José fue despedido poco después de que Rajoelina llegara al poder. Entonces se hizo chofer de taxi. “Antes ganaba un millón y medio FMG [105 euros] (5). Ahora es mi mujer la que me mantiene”, confiesa con amargura. El testimonio de Ginah, de 30 años, ilustra de manera más dramática aún ese descenso a los infiernos. Soltera y sin hijos, Ginah es lavandera y debe ocuparse de sus cuatro sobrinos. Sus dos hermanas –explica con voz dulce– se volatilizaron luego de haber sido despedidas de empresas francas de Antananarivo. Como los fantasmas de Mklen en Antsirabe. Por su parte, su hermano, harto de buscar un empleo fijo, decidió alistarse en el ejército –sin salario, pero con techo y comida asegurados– antes que caer en el infernal “sector informal”. Con cuatro bocas para alimentar, Ginah acumula retrasos en el pago del alquiler y se hunde en la miseria.

Así funciona el prometedor “círculo” de los economistas. “Se registra un aumento del desempleo y del subempleo, y sobre todo una explosión del sector informal de subsistencia, una fuerte caída del poder adquisitivo de los trabajadores y un aumento de las desigualdades sociales. Así es que los resultados obtenidos en materia de reducción de la pobreza en los últimos años desaparecieron y hasta se invirtieron”, (6) según confirma un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en base a estudios realizados en 2006 y 2010 en Antananarivo.

Si la situación es difícil en la ciudad, en el campo no es para nada mejor, indica Olivier de Schutter, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación. “El 35% de la población rural pasa hambre, y cerca del 50% es vulnerable a la inseguridad alimentaria”, (7) sostiene en un alarmante informe publicado en el verano de 2011. Numerosos observadores subrayan lo absurdo de las sanciones internacionales que afectan a los malgaches sin siquiera rozar a sus dirigentes; y paradójicamente obligan a los otros países amigos a aumentar su ayuda humanitaria.

¿Quién es el responsable de esta situación? Para José, el ex maestro de obra, hay que culpar a los “agitadores”, aquellos que derrocaron a Ravalomanana en 2009. “No fue el pueblo el que hizo la revolución, fueron los empresarios que el ex presidente había dejado de lado”, afirma. Para reforzar su punto de vista, explica que los manifestantes habrían sido pagados, barrio por barrio, para fomentar disturbios y quemar los comercios Tiko, emblema del imperio industrial de Ravalomanana. Luego, señalando con el dedo la miseria circundante, agrega con una sonrisa: “Por entonces mi mujer y mis hijos apoyaban a Andry [Rajoelina]. Hoy están decepcionados”. 

Muchos testimonios confirman lo que dice José. Un periodista, que pide mantenerse bajo anonimato, nos cuenta en detalle lo que vio en 2009, cuando su patrón, un empresario anti-Ravalomanana, lo envió a cubrir la información sobre la “revolución” en las calles de la capital. “Gente de Rajoelina le daba plata a un fokontany [el jefe del barrio] para incitar a los jóvenes a manifestar en el centro de la ciudad. El propio fokontany me dijo que recibía 75.000 ar. por día y por persona. Pero me di cuenta de que no distribuía todo: era también un negocio para él”. Ese mismo periodista reconoce haber recibido 20.000 ar. diarios para cubrir los acontecimientos. Cuando esa historia se le cuenta a los pro-Rajoelina, se encogen de hombros: “¿Acaso usted cree que Ravalomanana no le pagaba a sus partidarios?”.

Si bien el dinero jugó un papel que no conviene subestimar en las manifestaciones de 2009, los signos de rechazo popular habían ido aumentando en los meses previos a la caída de Ravalomanana. Con su política liberal, sirviendo prioritariamente a los intereses de sus fieles, confundiendo los intereses del Estado con los de su propio conglomerado empresarial, el entonces presidente se había puesto en contra a un creciente sector de la población (8). La elección de Rajoelina como alcalde de Antananarivo, en diciembre de 2007, frente al candidato de la presidencia, fue el signo precursor de la desgracia. Pero el dueño de Tiko no aceptó hacer ninguna concesión y aumentó, en cambio, los errores políticos, haciendo él mismo de Rajoelina un rival creíble. “Ravalomanana no escuchaba a nadie. Fue por eso que la gente lo abandonó y dejaron actuar a Rajoelina”, explica Jean-Eric Rakotoarisoa, profesor de derecho constitucional y vicepresidente de la Universidad de Antananarivo.

Aunque Rajoelina supo explotar los errores de su adversario, comenzando por su proyecto –que generó muchos cuestionamientos– de ceder 1,3 millones de hectáreas al grupo coreano Daewoo, no parece gozar de mayor popularidad que la de su predecesor poco antes de su caída. Incluso sus partidarios le reconocen como principal mérito, y a veces el único, haber desalojado a Ravalomanana…

Buenos negocios

Hay que tener en cuenta que el joven presidente de la AAT –tiene 37 años– no parece muy dispuesto a romper con las prácticas del pasado. Rajoelina y sus equipos aprovechan incluso directamente las iniciativas lanzadas por el gobierno anterior. Es el caso de un contrato por 100 millones de dólares firmado a fines de 2009 entre el Estado malgache y la empresa china Wisco para la prospección de yacimientos de hierro en Soalala, en la costa occidental. Ese negocio está envuelto en una espesa opacidad, remarca el International Crisis Group (ICG), que se asombra de que semejantes sumas hayan sido puestas a disposición de la presidencia transitoria: “Ese tipo de ingresos financieros, presentados como una gran oportunidad para el país, lo son también para el personal político en ejercicio” (9).

El ICG va más lejos, y subraya las “relaciones incestuosas” que persisten entre los intereses públicos y privados, evocando la instauración de un “poder en las sombras” por detrás de la AAT, y hasta de “un sistema que algunos califican de mafioso”. En ese registro, el caso que hizo más ruido es sin duda el de las maderas preciosas. En los meses siguientes a la llegada al poder de Rajoelina, el tráfico ilegal de madera de rosa, destinado casi exclusivamente a China, aumentó vertiginosamente. Sólo en el año 2009 cincuenta y dos mil toneladas, provenientes de unos cien mil árboles, habrían sido cortadas, más de la mitad de ellas dentro de áreas protegidas. “El dinero de la madera de rosa permitiría en parte compensar la falta de recursos del Estado de manera extrapresupuestaria, pues ese ingreso no está previsto oficialmente. Pero sobre todo sería una fuente de enriquecimiento extraordinario para ciertos miembros del régimen y para quienes los sostienen” señala el ICG.

El gobierno de transición, sin gran reconocimiento internacional, trata de mostrar que combate a esos traficantes. Pero no logra convencer a las asociaciones, que ven que se condena a personajes de segunda línea, sin salpicar a los peces gordos. Y también prosigue la tendencia criminal dentro del Estado. “No pasa una semana sin tráfico de oro, piedras preciosas o aletas de tiburón. La descomposición de la autoridad y del control aduanero abre el camino a tráficos cada vez más amplios. Algunas personas muy cercanas al presidente sacan provecho directamente”, afirma el investigador francés Mathieu Pellerin. La AAT puede fácilmente responderle: el tráfico no es exclusivo de este momento; todos los regímenes estuvieron comprometidos en ello.

Las mismas prácticas se reproducen con cada nuevo presidente. La población critica a la clase política en su conjunto. Esta tendencia ya antigua, se acentuó desde que, gracias a la crisis, fueron reintroducidos en la actividad política todos los ex presidentes. En efecto, Didier Ratsiraka (1975-1993 y 1997-2002), Albert Zafy (1993-1996), Marc Ravalomanana (2002-2009) y Andry Rajoelina (desde 2009) fueron instados por la “comunidad internacional” a ponerse de acuerdo sobre un plan para “salir de la crisis”. Así, mientras que los responsables del marasmo “negocian” (y se reparten jugosos puestos) el pueblo malgache, al que se le prometen elecciones desde 2009, comprende que no tiene ni voz ni voto. 

Los habitantes de Antananarivo continúan examinando las portadas de los periódicos expuestas en la calle, y tratan de comprender las interminables negociaciones que se prolongan bajo la égida de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC). Desde las “hojas de ruta” mal hechas hasta los inhallables gobiernos “consensuales”; desde las promesas incumplidas hasta las firmas no respetadas, esa población terminó viendo la vida política como un combate de catch o una telenovela latinoamericana. La pasión no desapareció, sino que se cargó de una sensación de repugnancia creciente hacia las castas del poder, ya se trate de “grandes familias” de la aristocracia tradicional, de los caciques que manejaron el país luego de la independencia en 1960, o de empresarios convertidos en políticos por interés, como Ravalomanana o Rajoelina. 

Los observadores extranjeros no son los últimos en condenar las “elites” malgaches. En una síntesis edificante, centrada en los sectores forestal y minero, un equipo del Banco Mundial presentó una severa crítica a los espacios dirigentes: “En Madagascar es mucho más fácil para las redes personales capturar un recurso o negociar un resultado que le es beneficioso a corto plazo, que consolidar un sistema público ‘impersonal’ que pueda sobrevivir a los diversos cambios de dirigentes” (10).

Ese llamado al orden, sin dudas saludable, oculta sin embargo un aspecto esencial: la continua interferencia de los “socios” extranjeros –y no sólo los chinos– en la gestión del Estado. No es posible entender los extravíos de las elites malgaches si se olvida que el Estado en el que evolucionan fue instaurado en 1960 por la ex potencia colonial, Francia, acusada aún hoy en día de inmiscuirse en los asuntos de Madagascar. ¿De qué vale la apología de la “gobernanza” por parte de las instituciones financieras internacionales, cuando ellas mismas orquestan desde comienzos de la década de 1980 una liberalización de la economía, dirigida precisamente, como en las zonas francas, a quitarle al poder público toda capacidad de acción sobre las empresas privadas?

“Los primeros responsables del bloqueo político son claramente las elites malgaches. Pero también existe una responsabilidad internacional: los franceses, los estadounidenses y los sudafricanos están en plena lucha de influencias, en momentos en que comienzan a ser explotadas varias minas gigantes, y cuando se sospecha que existen yacimientos de petróleo”, analiza Rakotoarisoa en su oficina de la Universidad de Antananarivo. En realidad, nadie en Madagascar ignora que Francia apoya firmemente a Rajoelina, mientras que los anglosajones siempre mostraron entusiasmo por Ravalomanana. Pero unos y otros, prosigue Rakotoarisoa, están posiblemente “condenados a enfrentarse al adversario chino, cada vez más ofensivo”. 

1. Mireille Razafindrakoto y François Roubaud, “Les entreprises franches à Madagascar : atouts et contraintes d’une insertion mondiale réussie”, Afrique contemporaine, N° 202-203, París, abril-septiembre de 2002.

2. Véase Rémi Carayol, “Duel d’hommes d’affaires à Madagascar”, Le Monde diplomatique, París, marzo de 2009.

3. Adolfo Brizzi, “Organisation sociale: une vue du bas… pour aider le haut”, in Madagascar: vers un agenda de relance économique, Banco Mundial, Washington, junio de 2010.

4. Grégoire Pourtier, “Madagascar: les PME en souffrance à cause de la crise politique”, AFP, 23-11-11.

5. En 2003, el Franco Malgache Garantido (FMG) fue reemplazado por el Ariary (5 FMG = 1 Ar.). Muchos malgaches continuan calculando en “FMG”.

6. “Analyse de la pauvreté des enfants à Madagascar”, Unicef, octubre de 2011.

7. “Conclusions préliminaires”, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Roma, 25-7-11.

8. Ver Fanny Pigeaud, “Madagascar, entre el mercado y la cruz”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, marzo de 2006.

9. International Crisis Group, “Madagascar, la crise à un tournant critique?”, informe África N° 166, Bruselas, 18-11-10.

10. Revue de la gouvernance et de l’efficacité du développement, Banco Mundial, Washington, diciembre de 2010.