“Ganar la calle”

Lluís Ràfols (www.mongelechiche.com.ar)

n la vereda frente a la Casa del Abasto, los vecinos que se van acercando a la reunión convocada por la mesa barrial de participación comunitaria en seguridad están impacientes por transmitir su preocupación: un local nocturno en la esquina de Valentín Gómez y Agüero, donde de jueves a domingos hay peleas de borrachos y por la mañana la calle está llena de sangre, basura, piedras, gente dormida en el suelo, y alguna vez incluso un muerto cruzado ante la puerta de un edificio. “Nadie va a escuchar un discurso sobre seguridad si hace diez años pasa lo mismo y la policía sigue diciendo que no puede hacer nada. Si empieza a mejorar un poco, la gente, un poco más tranquila, te va a escuchar”, quiere convencer un vecino a una joven militante de La Cámpora, que a su vez trata de disociar el foco de conflicto que genera ese local de la nacionalidad peruana de su dueño.

Una vez adentro, reunidos aproximadamente 40 vecinos de los barrios del Abasto, Balvanera y San Cristóbal, se reiteran las historias sobre el local nocturno. Una vecina de Balvanera reclama presencia policial en la calle donde vive, frente a hoteles que son escenario de peleas frecuentes, cuyos habitantes salen de noche a consumir y vender droga. También este reclamo hace foco en la nacionalidad –chilenos, ecuatorianos, colombianos– de los vecinos molestos. La coordinadora del Ministerio de Seguridad de la Nación, Noemí Acuña, incorpora los puntos geográficos señalados al mapa de prevención de delito elaborado por la mesa y se compromete a una reunión con el comisario responsable de la zona para gestionar un patrullaje de prevención y paradas policiales nocturnas; ella y otros integrantes de la reunión proponen convocar al responsable del local nocturno a la próxima reunión en busca de un acuerdo de convivencia. E insisten en la noción de seguridad como construcción colectiva.

Entre los reunidos está el padre José María Pasos, que ofrece la parroquia Tránsito de la Virgen como sede para la mesa barrial. Trabaja con la Comisión de Vecinos por el Parque de la Estación, empeñados en recuperar las 6 hectáreas de un predio ferroviario, cuyo abandono favorece los robos, a veces a punta de pistola. De acuerdo con los resultados de una consulta vecinal, la Comisión quiere instalar en ese predio un jardín maternal y un polideportivo donde se desarrollen las clases de educación física de las escuelas de la zona. Para lo cual el Ministerio de Seguridad está en gestiones con la Secretaría de Transporte de la Nación. La misma Comisión ha recuperado en la calle Perón entre Anchorena y Jean Jaurès una plaza a la que han denominado Julio César Fumarola, en homenaje a un fotógrafo y militante social asesinado en 1974 por la Triple A. La demanda de espacios verdes es una constante en los barrios de la Ciudad.

Donde funcionó el Centro Clandestino de Detención (CCD) El Olimpo, en Ramón Falcón y Lacarra, se reúne la mesa barrial de Parque Avellaneda, en proceso de institucionalización. Allí la preocupación se centra en un primer momento en un grupo de jóvenes que agrede a transeúntes y vecinos en la esquina de Bonifacio y Mariano Acosta; pero sobre todo en la defensa y reglamentación de la Ley 1153 referida al Parque Avellaneda, una ley que data de 2003 y que el actual Gobierno de la Ciudad quiere modificar; el parque se ve abandonado en parte de sus más de 40 ha, donde según uno de los vecinos se producen aproximadamente diez detenciones semanales por robos y reyertas.

Una mesa de participación comunitaria en seguridad funcionando dentro de lo que fue un CCD, entre cuyos integrantes se cuentan activistas del movimiento de derechos humanos, se diría una metáfora del nuevo paradigma de seguridad puesto en marcha: también quienes militan en derechos humanos asumen la necesidad de una política de seguridad que satisfaga la demanda de protección de los vecinos.

“Llenar los vacíos”

Las mesas barriales de participación comunitaria en seguridad, coordinadas por Martha Arriola, fueron creadas por la resolución 296 del 25 de mayo de 2011, en el ámbito de la Secretaría de Prevención y Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, a cargo de Ileana Arduino, en el marco del Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad lanzado por la ministra Nilda Garré el 4 de abril de 2011 bajo la consigna: “El derecho a la seguridad: deber del Estado, obra de todos”.

Hay aproximadamente 30 mesas barriales en 38 de las 53 jurisdicciones policiales de la Ciudad de Buenos Aires, constituidas mayormente por representantes de organizaciones sociales; son espacios de encuentro donde se elaboran mapas de prevención del delito como herramientas de señalamiento de conflictos y para planificar las consiguientes políticas de seguridad; y mecanismos de evaluación del desempeño policial. Se denomina “Ganar la calle” a las propuestas de reapropiación del espacio público. “Hay que llenar los vacíos; al ocuparse los vacíos se diluye la inseguridad”, dice una de las vecinas que pelea por el Parque de la Estación. Uno de los logros de la mesa barrial de Parque Chacabuco fue la reapropiación de la estación de subte de la línea E Medalla Milagrosa, donde se reacondicionó un auditorio bautizado “La Negra Sosa”, inaugurado en una ceremonia a la que asistieron junto con los vecinos la ministra Garré, la cantante Teresa Parodi y el hijo de Mercedes Sosa, Fabián Mathus (1).

“Cuando la mesa hace el mapa de prevención del delito hace un diagnóstico general donde aparecen también las problemáticas sociales”, apunta Noemí Acuña. Por ejemplo, cuando los vecinos se quejan de la prostitución callejera o de los hoteles convertidos en prostíbulos encubiertos, para unos se trata de una molestia, para otros de la preocupación ante los delitos de trata y explotación que hay detrás. O bien, cuando los vecinos de La Paternal apuntan a raíz de robos y de venta de drogas a los habitantes del asentamiento La Carbonilla, que a su vez cortan las vías del ramal San Martín reclamando electricidad que no tienen, se abre el debate: ¿el problema es policial o social?

En una segunda etapa, iniciada en septiembre de 2011, las mesas zonales agrupan las mesas barriales por circunscripción de comisarías de la Policía Federal. Los conflictos sociales preponderantes según lo detectado hasta hoy son el consumo de drogas y de alcohol por grupos de jóvenes, la ocupación de viviendas, niños en riesgo, prostitución; los delitos preponderantes: los robos de autos, en viviendas o en la calle, y la venta de drogas. En cuanto al espacio público: calles oscuras y baldíos, plazas y edificios abandonados.

El antecedente directo de estas mesas son los foros vecinales de participación comunitaria en seguridad creados en la provincia de Buenos Aires a partir de la intervención de la Policía Bonaerense en 1997. Martha Arriola era la jefa de gabinete de esa intervención y desde el comienzo se hizo cargo del área de participación comunitaria, que inició con una experiencia piloto en la ciudad de La Plata de 16 foros vecinales “en una suerte de laboratorio que trabajamos mucho los primeros meses para culminar en el Capítulo III de la Ley 12154 de Seguridad Pública de la Provincia de Buenos Aires, una ley vigente pero que no se está implementando de acuerdo con el espíritu de la ley”, lamenta Arriola. En el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia creado en 1998 y cuyo titular fue León Arslanian, “la Subsecretaría de Participación Comunitaria tenía el mismo estatus político institucional que las áreas duras del Ministerio”.

Una iniciativa estrechamente vinculada con el plan de participación comunitaria es la creación de escuelas de capacitación en seguridad pública, coordinadas por la profesora Mónica Ghirelli, dirigidas fundamentalmente a las organizaciones comunitarias representadas en las mesas barriales. La primera se inauguró el 7 de octubre pasado en Avellaneda, por un convenio con la Universidad de ese distrito. Funcionan también en la ciudad de Buenos Aires las denominadas Escuelas del Sur, por convenios con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y con la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Se trata de ocho encuentros de cuatro horas a lo largo de ocho semanas; en cada encuentro se desarrolla una exposición sobre el tema del día, se organizan a continuación talleres y un plenario final. Los ocho módulos, adaptables a las necesidades territoriales, abordan temas como “La comunidad como sujeto de la seguridad”; “Análisis sociopolítico de la realidad actual”; “Modelo democrático vs modelo punitivo de seguridad pública”; “Prevención comunitaria de seguridad mediante la elaboración de mapas del delito”; “Prevención comunitaria de la violencia: violencia de género; integración de jóvenes, adicciones”; “Herramientas de comunicación”; “Seguridad y hábitat”. En septiembre hubo 83 egresados. La cantidad de concurrentes a estos encuentros obliga a veces a replantear la metodología de talleres, como sucedió con los encuentros de los viernes iniciados el 28 de octubre en la sede de la Escuela de Gendarmería.

Está previsto que en el curso de 2012 por lo menos en una provincia de cada una de las siete regiones del país esté funcionando una escuela. “En la provincia de Chaco ya están dados los primeros pasos –asegura Arriola–. Allí instalaremos la primera escuela: Chaco tiene ya una experiencia de foros vecinales que abrevó en la experiencia piloto de la provincia de Buenos Aires…”.

Reforma policial

La participación comunitaria es una de las ideas fuerza del nuevo paradigma de seguridad que alienta el Ministerio de Seguridad, definido como paradigma de gestión de conflictos por oposición al tradicional paradigma del orden. Las otras ideas fuerza son la concepción de una conducción política de las fuerzas de seguridad que termine con la autonomía de esos cuerpos, y una modernización que se refiere tanto a la organización de las policías como a su equipamiento tecnológico.

Dotar de conducción política a las fuerzas de seguridad, la primera premisa de la política delineada por Garré, rompe el pacto tradicional entre gobiernos civiles y policías vigente desde el final de la última dictadura, por el cual los gobiernos otorgan autonomía a los cuerpos policiales que al mismo tiempo que regulan el delito lo controlan, de donde resulta que la actividad ilegal es regulada por los mismos cuerpos del Estado cuya función es reprimirlas (2). Estos pactos han generado periódicos desbordes.

El Ministerio de Seguridad ha lanzado en el curso de 2011 el Operativo Centinela, despliegue de 6.000 miembros de la Gendarmería en 24 partidos del conurbano bonaerense; Cinturón Sur, despliegue de 2.500 efectivos de Gendarmería y Prefectura en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires; Buenos Aires ciudad segura, equipamiento tecnológico para la Policía Federal; el Operativo Escudo Norte, contra el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando en el Noroeste y Noreste del país. El 13 de octubre empezó el reclutamiento de personal para conformar un cuerpo de policía de prevención vecinal, que tendrá a su cargo tareas de mediación y pacificación, y empezará a funcionar este año. Subyace a los Operativos Centinela y Cinturón Sur la desconfianza en la Policía Federal, en la Bonaerense, y la necesidad de su reforma. La misma desconfianza subyacente en el control estricto del uso de la fuerza policial para la contención de manifestaciones sociales y protestas políticas que había instaurado el ex presidente Néstor Kirchner. Ese principio, invalorable, ratificado por la ministra Garré a través del correspondiente protocolo en una de las reuniones con el Consejo de Seguridad Interior (CSI) que articula los ministerios de Seguridad provinciales, no podía constituir por sí solo una política de seguridad.

El asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y el desalojo violento del Parque Indoamericano que costó tres muertes, en octubre y diciembre de 2010 respectivamente, le dieron a la presidenta Cristina Fernández, interpreta Marcelo Sain, la evidencia de que “la gestión autónoma de seguridad por parte de la Policía Federal en la CABA le significaba un costo enorme en la antesala de una campaña electoral. En los dos casos la Federal intenta fraguar pericias, manipular fiscales y peritos, esconde la participación directa o indirecta que la propia institución había tenido”.

Sain, asesor de la ministra Nilda Garré precisamente en reforma policial, asumió el 10 de diciembre como diputado por el partido Nuevo Encuentro en la provincia de Buenos Aires, y tiene previsto presentar un proyecto de ley sobre sindicalización de la policía. La sindicalización tiene que ver con poner fin a una estructura conformada por una elite policial y una policía plebeya mal paga y mal entrenada. Sain considera que hay que empezar por reformar las fuerzas federales, para después extender la reforma a las policías locales. Una reforma debe empezar por discutir las funciones de la policía, funciones que él reduce a la prevención y a algunos aspectos de la investigación criminal. Es perentoria una reforma de la PFA: “El andamiaje normativo de la PFA, en cuanto a estructura orgánica y estructura de personal, data de 1958. Tiene un servicio secreto de informaciones, paralelo, que no lo tiene ni la SIDE…”. Al primer paso de una delimitación de funciones, sigue la definición de un perfil profesional dependiente de esas funciones, que implica carrera, jerarquía, escalafón, estructura salarial; el sistema de capacitación debe organizarse en función de ese perfil; por último, los sistemas de control externo que deben aplicarse a las especificidades policiales.

Proyecto de policía judicial

El hecho de que la Comisión Provincial por la Memoria de la ciudad de La Plata (CPM) haya creado en el curso del año pasado un área de Justicia y Seguridad Democrática, a cargo de Rodrigo Pomares, corrobora la idea de que está quedando atrás la ausencia de alternativas a los criterios meramente punitivos en materia de seguridad. Desde esa área, la CPM impulsa un proyecto de ley de creación de una policía judicial cuyo objetivo es terminar con la coexistencia bajo el control del mismo jefe de la policía de seguridad y de investigación; esa separación había constituido uno de los rasgos de la reforma de la Bonaerense destacados por Martha Arriola, junto con la conducción civil y la descentralización que convirtió las 18 regionales existentes en 32 jefaturas departamentales.

El germen del proyecto es el Acuerdo para una Seguridad Democrática (ASD) logrado entre la CPM y el CELS en diciembre de 2009, que alienta una “concepción integral de la seguridad” objetivamente afín a las concepciones del Ministerio de Seguridad. “El reclamo social que parecía conectar con las políticas de mano dura se está convirtiendo en un reclamo contra la impunidad”, registra Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la CPM. “Y la impunidad se resuelve con capacidad de investigación. Nosotros queremos convertir ese reclamo en una discusión profunda sobre la seguridad con participación popular”. Cuando se trata de ilustrar que “la Bonaerense está sospechada de involucramiento en los delitos, por tanto no puede investigarlos”, los ejemplos llueven: las “desapariciones” de Julio López, investigada durante un año por la misma policía sospechada de albergar a los secuaces de Miguel Etchecolatz contra quien López había testimoniado, y de Luciano Arruga, un adolescente que se negaba a ser reclutado por la misma policía para delinquir; pasando por el secuestro de Antonio Echarri que resultó ser responsabilidad de una “banda mixta”; el asalto en que Carolina Píparo perdió su embarazo, realizado al amparo de una zona liberada; el asesinato de Candela Rodríguez, de 11 años; la detención en el mes de octubre del comisario inspector de San Isidro Raúl Papa, acusado de involucramiento en el asalto contra el empresario del juego Jorge Pereyra, asalto que supuestamente estaba investigando… Si hacía falta, se suma por la misma fecha la declaración del ex subjefe de la Bonaerense Salvador Baratta ante el Tribunal Oral Nº 10 de Lomas de Zamora, en el juicio contra el pirata del asfalto Elbio Fernández (a) el Rey del Corte, según la cual los desarmaderos de autos no podrían funcionar sin complicidad política y policial.

La creación de una policía judicial, habilitada por la reforma constitucional de 1994, ha sido objeto de una amplia resistencia, que según los directivos de la CPM es fundamentalmente política. Pero registran crecientes e importantes respaldos para su proyecto de ley: “El Ejecutivo provincial reconoce la orden constitucional de crearla; la Corte Suprema de la provincia respalda, y también la procuradora general de la provincia, María del Carmen Falbo; cuenta con el apoyo del partido Nuevo Encuentro, del GEN, del FAP, de sectores del Frente para la Victoria y de la UCR, y de sectores del Poder Judicial, muchos de cuyos jueces, fiscales, defensores, abogados, contribuyeron a su redacción”, señala Mosquera.

Y agrega que para impulsar el proyecto de ley se inspiran en los procedimientos que culminaron en la Ley de Medios: “Nuestro proyecto va a ser trabajado en 14 puntos, como los 21 de la Coalición de la Ley de Medios. Queremos producir un gran debate en cada departamento judicial, con participación de miembros del Poder Judicial y del conjunto de la sociedad”. Rodrigo Pomares aclara: “Impulsamos un espacio amplio que se denomina Convergencia para la Democratización de la Justicia en la Provincia de Buenos Aires y que elaboró 14 puntos para la implementación de la policía judicial. Estos 14 puntos son los núcleos duros que consideramos tienen que tomarse para todo proyecto que se impulse desde el Legislativo y serán los que guíen cualquier negociación que tengamos con el Ejecutivo” (3).

El proyecto de ley de la CPM coloca a la policía judicial, una entidad de carácter civil, bajo la dependencia de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Su competencia será la de los delitos contra la vida, la libertad, y los cometidos por funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad. La CPM es consciente de que de todos modos la Bonaerense necesita una reforma para cumplir con las funciones que le sigan reservadas.

El pasado 30 de noviembre, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, había reemplazado al jefe de policía Juan Carlos Paggi por Hugo Matzkin, de “perfil técnico”, pero ratificó en su puesto a su ministro de Seguridad, Ricardo Casal, procedente del Servicio Penitenciario Bonaerense, una institución que se ha mantenido incólume desde los tiempos de la última dictadura. Al asumir el pasado 12 de diciembre para un segundo período la Gobernación, Scioli anunció la ampliación de la policía comunal, y la creación de las policías vecinal y judicial. Anuncios que formalmente acercan sus políticas de seguridad a los principios del Ministerio de Seguridad de la Nación, en cuanto al control político y civil de las fuerzas de seguridad. Y en lo que hace a la policía judicial confluye con la propuesta de la Convergencia para la Democratización del Poder Judicial. Pero no apuntó a ninguna reforma policial. Estas iniciativas del gobernador han sido interpretadas con suspicacia por el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, como “operaciones de maquillaje y ampliación de su base política de apoyo” (4). Marcelo Sain, en principio de acuerdo con la creación de policías municipales destinadas a la prevención, exige ciertos requisitos institucionales para que no se trate de una forma de “gatopardismo” (5).

1. Para una crónica completa de la reapropiación de la estación de subte Medalla Milagrosa escrita por una protagonista, Lili Tarantino, léase cambalache21.blogspot.com/2011/11/mi-bicicleta-y-yo.html

2. Véase Marcelo Sain, “Maldita policía, maldita política...” y “La policía, socio y árbitro de los negocios criminales”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, Buenos Aires, marzo y julio de 2010 respectivamente.

3. Estos 14 puntos fueron publicados en la solicitada de Convergencia para la Democratización de la Justicia, “Consenso para la implementación de la policía judicial en la provincia de Buenos Aires”, Página/12, Buenos Aires, 4-12-11.

4. Horacio Verbitsky, “El Protector”, Página/12, 4-12-11.

5. Marcelo Sain, “Policías municipales o puro gatopardismo”, Tiempo Argentino, Buenos Aires, 7-12-11.

* Periodista.