LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA LUCHA POR SU SUPERVIVENCIA

“Herida en el corazón”

Por Pablo Stefanoni*
Sometido a un violento embate internacional, el gobierno de Nicolás Maduro se topa con sus propios límites y contradicciones. Lo sostienen el legado chavista y la percepción en sus bases del carácter enemigo de quienes capitalizan la oposición.
Barrio 23 de Enero en Caracas, 9-9-16 (Henry Romero/Reuters)

Cuando parecía que el chavismo hacía agua por todos lados y que, esta vez sí, el presidente Nicolás Maduro había perdido completamente la iniciativa en manos de una oposición que le ganó la calle, el gobierno bolivariano convocó a una controvertida Asamblea Constituyente “comunal” y puso en marcha todo el aparato estatal para materializar esa iniciativa, que curiosamente derogaría la Carta Magna que el propio Hugo Chávez calificó como “la mejor del mundo”. La revolución bolivariana está muy lejos de su momento de esplendor, cuando Chávez respondía a cada desafío opositor con imponentes mareas “rojas rojitas”, pero sobre todo… era capaz de ganar elecciones por amplios márgenes desde su llegada al poder en 1999.

Chávez encarnó un liderazgo que en palabras de Marc Saint-Upéry mezcló lo militar de Perón y lo plebeyo de Evita, y en sus primeros tiempos combinó una suerte de tercera vía en lo económico y una especie de nassero-peronismo en lo político, con invocaciones a la democracia participativa. Luego del golpe frustrado de 2002 fue evolucionando hacia el denominado “socialismo del siglo XXI”; pero en líneas generales el chavismo encarnó formas de “democratización paradójica” propias del populismo: deselitización del poder y tensionamiento de las instituciones. La Constitución que Maduro quiere reemplazar corresponde a la etapa presocialista: fue aprobada en 1999.

Gobernar sin mayorías

El problema de Maduro es que ya no cuenta con la mayoría electoral. Comprobó así que no se puede gobernar de manera plebiscitaria –como sustituto de las instituciones– sin tener al “pueblo” de su lado. Esta es la justificación en última instancia de las formas “nacional-populares” de ejercicio del poder. Maduro no sólo debió frenar, mediante el control del Consejo Nacional Electoral, un referéndum revocatorio impulsado por la oposición (figura incorporada en la Constitución de 1999), sino que debió postergar sin fecha las elecciones regionales de 2016 para evitar una derrota en las urnas. Incluso se suspendieron las elecciones sindicales en Petróleos de Venezuela (PDVSA). Si el socialismo de Lenin era “soviets más electrificación”, el socialismo de Chávez era “petróleo más carisma”, y Maduro carece del segundo y vio reducidos los precios del primero a la mitad.

Poco antes de morir, Hugo Chávez ungió como su sucesor a Nicolás Maduro, proveniente del mundo sindical y con amplia trayectoria en el chavismo. Ésa fue la principal carta de campaña de Maduro, en la que debió sobreactuar su vínculo –casi sobrenatural– con el Comandante muerto. Aun así, ganó por muy estrecho margen (50,61%  a  49,12%) frente a Henrique Capriles, de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Pero el golpe electoral más importante contra su gobierno fue la derrota de 2015, que dejó tres quintos de la Asamblea Nacional en manos de la oposición articulada en torno de la MUD. El chavismo pasó a perder la mayoría calificada en favor de ésta, con casi dos millones de votos de margen entre ambas tendencias. En esta estrategia triunfó la visión de Capriles frente a los sectores que habían optado por sacar del poder al chavismo desde las calles; era el objetivo de las movilizaciones conocidas como “La salida”, cuyo saldo fueron más de 40 muertos. Por estos hechos el líder opositor Leopoldo López fue condenado a más de 13 años de prisión por una justicia de dudosa independencia.

Tras la derrota en las parlamentarias, el gobierno decidió implementar un modelo de gobernabilidad que prescindiera del apoyo popular. El primer paso en esta dirección fue la aprobación, en mayo de 2016, del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. Decreto que además de darle facultades ilimitadas al presidente para enfrentar lo que se denominaba “guerra económica”, erosionaba las facultades de control del Parlamento, militarizaba la cadena de producción y distribución de alimentos y facultaba a civiles para que realizaran labores de seguridad ciudadana. Este polémico decreto pasó a sustituir, en los hechos, a la Carta Magna como cuerpo normativo del país, por lo que ya en esa fecha las ONG de derechos humanos hablaban de la “ruptura del hilo constitucional”.

Por su parte, la mayoría opositora provocó una inmediata guerra de poderes. La Asamblea buscó impulsar un impeachment no previsto en la legislación venezolana –al punto de intentar destituir al mandatario por “abandono de cargo”– y el gobierno bloqueó todas las decisiones parlamentarias. El Congreso no logró amnistiar a López, detenido en el penal militar de Ramo Verde. Además, con el triunfo opositor emergieron nuevas figuras más tradicionales –como el presidente de la Asamblea, Julio Borges, veterano de Primero Justicia–, y también diputados jóvenes como Freddy Guevara, que se suman en tanto nuevos competidores a las figuras de López, Capriles o María Corina Machado, en la puja interna de la oposición para las presidenciales de 2018.

Con el argumento de que tres diputados indígenas de la Amazonía habían sido elegidos de manera irregular, se inició una batalla entre el Poder Legislativo y el Judicial que acabó a fines de marzo de 2017 con el fallido intento del Tribunal Supremo de Justicia de absorber las funciones de la Asamblea Nacional acusada de desacato. El reconocimiento de la ruptura del hilo constitucional por parte de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dejó en evidencia las fisuras internas del gobierno, que debió recular en una iniciativa que concitó un fuerte rechazo internacional.

En este clima de creciente crispación, el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro desplegó una serie de intentos para condenar a Venezuela en el seno de la organización. Esos intentos carecieron a menudo de tacto diplomático y terminaron en duelos verbales con la canciller Delcy Rodríguez. La última entrega de la saga –que incluyó diversos insultos cruzados de grueso calibre entre Almagro y Maduro, que varias veces llamó al primero “Almugre” (1)– fue la decisión de Maduro de abandonar la OEA, recuperando la retórica guevarista que consideraba a la organización un “ministerio de colonias” de Estados Unidos.

Armamento popular

Pero esta nueva crisis alentó una nueva ola de protestas, con una capacidad creciente para ocupar las calles, dando inicio a más de un mes de grandes concentraciones que superaron a las convocatorias oficiales. Frente a ellas el gobierno reaccionó desplegando un violento aparato represivo, compuesto por fuerzas policiales pero también por los denominados colectivos. Estos colectivos constituyen un grupo heterogéneo de militantes armados que no siempre se llevan bien entre ellos. Por ejemplo, la Tendencias Unificadas Para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro), proveniente de los grupos guerrilleros de los años setenta, acusó en 2012 al colectivo La Piedrita de estar infiltrado por la CIA. “Ellos tienen acciones de extrema derecha, violentas. Ese fetichismo por las armas los lleva a entregarles fusiles a niños inocentes”, denunció el tupamaro Hipólito Abreu (2). El barrio 23 de enero, un denso entramado popular al que se puede llegar en subte, es uno de los bastiones de este chavismo armado.

Además, Maduro llamó en abril pasado a ampliar a medio millón las milicias bolivarianas, un cuerpo creado en 2010 por el fallecido presidente Hugo Chávez como apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), más masivo pero a la vez de carácter más simbólico que los colectivos. “He aprobado al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, planes para expandir la Milicia Nacional Bolivariana a 500 mil milicianos y milicianas con todos sus equipos”, dijo Maduro en un acto militar en las afueras del Palacio de Miraflores. Ante miles de miembros de la Milicia, el presidente prometió garantizar “un fusil para cada miliciano, un fusil para cada miliciana” (3).

El chavismo funde el golpe contra Salvador Allende en el Chile de los setenta, las revoluciones de colores de Europa del Este y las acciones en Siria o Libia en un relato antiimperialista que justificaría este “armamento popular”. Para la oposición se trata de una mera guardia pretoriana paramilitar reñida con la democracia y el estado de derecho. Todos tienen hechos empíricos para fundamentar sus denuncias y temores. Pero lo cierto es que las imágenes de la represión policial marcan una diferencia con el “chavismo de Chávez” –que siempre trató de evitar la represión directa–, amplificando el eco de las movilizaciones en el exterior, a través de los medios hegemónicos que son antichavistas.

La Venezuela actual combina una serie de crisis superpuestas difíciles de revertir. El PBI caerá aproximadamente un 7,4% en 2017 según el Fondo Monetario Internacional, lo que se suma a un retroceso del 18% en 2016. A esto se suma una inflación que ronda el 800% (no hay cifras oficiales actualizadas). El coctel de inflación descontrolada y recesión neutralizó los avances en la reducción de la pobreza, en un contexto de desabastecimiento de productos con precios regulados y una brutal crisis del sistema de salud. Esto tuvo un efecto desorganizador en los barrios populares, donde además de hacer colas, muchos comenzaron a dedicarse al bachaqueo (reventa en el mercado negro de productos racionados). Pese al malestar, los barrios no bajaron de las laderas; si eso ocurriera podría volver insostenible la presidencia de Maduro. Sin duda, una cuota de resignación,  la búsqueda de salidas individuales a la situación, lo que queda del culto a Chávez y la desconfianza en la oposición –muy centrada en demandas políticas y con programas económicos inciertos– explican en parte esta actitud. Pero también hay presiones de los colectivos y formas “materiales” de control más o menos sutil –y sostén de la base social tradicional del gobierno– a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que proveen bolsas de alimentos en los barrios.

Hoy en los barrios populares emblemáticos predominan la nostalgia y el descontento, pero por el momento el desencanto con Maduro no lleva a adherir a la oposición. Muchos se abstuvieron en 2015, e incluso hubo quienes le dieron su voto a la MUD. En el 23 de Enero, Chávez es “Santo Hugo Chávez del 23”. Como dice un entrevistado por la BBC en este barrio de monoblocks que recuerda al 23 de enero de 1958, día de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez: “hoy no votaría por la oposición, pero por Maduro menos”. Y en ese menos está la palabra clave del actual estado de ánimo.

El caos económico alimenta la corrupción, especialmente los tipos de cambio que van de 10 bolívares por dólar (el administrado para importaciones de medicamentos o alimentos básicos), a algo más de 700 en el Sistema Marginal de Divisas, y a más de 5.000 bolívares en el mercado del paralelo. Esto habilita las llamadas “empresas de bolsín” construidas para captar dólares a precios oficiales fingiendo importaciones de productos de primera necesidad. Éste es uno de los mecanismos de enriquecimiento de la “boliburguesía”, que involucra también a sectores militares y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Pese a lo que suele escribirse, no es que los militares “apoyen” a Maduro. Son parte orgánica de un verdadero “socialismo militar”. Cuentan incluso con un banco, el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb), inaugurado en 2013. El sociólogo Edgardo Lander explica que “durante el gobierno de Maduro ha habido un incremento de la militarización, quizá porque Maduro no viene del mundo militar, entonces para garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas tiene que incorporar a más integrantes de las Fuerzas Armadas y darles más privilegios. Se han creado empresas militares, actualmente la tercera parte de los ministros y la mitad de los gobernadores son militares, y están en lugares muy críticos de la gestión pública, donde ha habido mayores niveles de corrupción: la asignación de divisas, los puertos, la distribución de alimentos” (4).

¿Cómo se sostiene Maduro?

Pero entonces, ¿qué es lo que sostiene a Maduro?. “¿Cómo es que a pesar del caos y la espiral de violencia entre los manifestantes y la policía en Venezuela, sus elites políticas y militares no abandonan al presidente?”, se preguntaba un artículo reciente del The New York Times (5).

“El país bien podría ser un candidato perfecto para eso que los académicos llaman la ‘fractura de la elite’, que se produce cuando un número suficiente de funcionarios y dirigentes se separa del poder para forzar un cambio de liderazgo”, continúa el artículo. “El mayor enigma de todos es que no haya pasado en los últimos dos años”, dice Steven Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard. “Si ocurre la semana que viene, todos diremos que era inevitable”.
Pero todavía no ocurrió. La oposición se limita a repetir que Maduro no cayó hasta ahora “porque es una dictadura”. El jesuita Luis Ugalde dijo en un foro de discusión que el gobierno de Maduro había mostrado su “carácter dictatorial”, y pidió un gobierno de transición como el que siguió al golpe militar de 1958, que luego reinstaló la democracia. La oposición carga con el estigma de haber intentado un golpe de Estado clásico en 2002 contra Hugo Chávez; aunque Capriles ha hecho una apuesta democrática, el gobierno mantiene viva aquella jornada en la que, esa vez sí, los sectores populares se descolgaron masivamente de los cerros para reponer a Chávez en su despacho de Miraflores.

En un artículo titulado “Por qué perduran los regímenes autoritarios”, el politólogo alemán  Wolfgang Merkel señala que “según lo observado empíricamente, el equilibrio ideal para la supervivencia de las dictaduras se consigue al combinar una alta legitimación basada en la ideología o los resultados con una minimización de la represión ‘dura’, un desarrollo de la represión ‘blanda’ y un nivel medio de cooptación” (6).

Sin duda Venezuela no es una dictadura. Tiene elementos de “democracia autoritaria” como Viktor Orbán en Hungría o Vladimir Putin en Rusia, pero a diferencia de ellos perdió capacidad para ganar elecciones. La particularidad de Venezuela es que es una suerte de “autoritarismo caótico”. Sin duda esto debilita tanto la ideología como los resultados en la fórmula de Merkel, y junto con ello la cooptación, lo que hace que la represión se endurezca. Pero ¿cuánto podría aumentar la represión sin abrir una grieta en la Fuerza Armada? La ideología, aunque debilitada, sigue operando. “Desertar es más difícil cuando el que está del otro lado no es simplemente alguien con quien no concuerdo respecto de la política impositiva, sino que es un enemigo”, dice Levitsky. “Pasarse a la oposición, pedir la renuncia de Maduro, sigue siendo equiparable a la traición. En ese clima, la deserción es más difícil” (7).

Cabe decir que hoy –y no sabemos hasta cuándo– Maduro se sostiene en una combinación de elementos: flujo petrolero a las arcas públicas (si bien bajaron los precios, el petróleo representa un fuerte ingreso que va directo al gobierno con independencia del estado general de la economía); incorporación orgánica de los militares, lo que incluye una participación directa en la economía y el aparato de gobierno; sectores populares cada vez más distantes pero no completamente fuera de control; una “minoría intensa” chavista articulada al control de un aparato estatal, que en Venezuela es “grande” respecto al sector privado; y finalmente una oposición dividida –aunque actué en el marco de la MUD– , atravesada por el dilema de apostar a las elecciones o a la calle. Alternativamente, hizo una cosa y otra con éxitos y fracasos relativos.

En este contexto, organizaciones como Marea Socialista o la ONG de derechos humanos Provea buscan encarnar una posición autónoma respecto del gobierno y de la oposición: defienden la Constitución, y un acuerdo que reponga el estado de derecho, garantice las elecciones regionales postergadas y unas elecciones equitativas en 2018.

La iniciativa de la Constituyente “comunal” –la mitad de cuyos 500 integrantes sería elegida por comunas, sindicatos y otras organizaciones de masas– no parece contribuir a transitar el camino de la normalización. Si bien la convocatoria es legal, el carácter “corporativo” de su integración, o de parte de la misma, no está previsto por la institucionalidad vigente. Por otro lado, es claro que no existen mecanismos transparentes para garantizar que esas formas de democracia “desde abajo” permitan el pluralismo político (que no se reduce a mero “liberalismo”). Las Comunas son instancias de cierto autogobierno local, pero atadas financiera y políticamente al gobierno. La posibilidad de que la Constituyente se parezca más a la Yamahiriya libia –la parodia de democracia de masas orquestada por Muamar el Gadafi– que a una real radicalización democrática está dada por el creciente carácter castrense que asume el régimen político venezolano. Rituales como el del “padrenuestro chavista” (8) son sólo parte de esta deriva que estuvo in nuce en los orígenes del chavismo pero que en sus primeros años fue contrarrestada por las tendencias democráticas propias del populismo latinoamericano tradicional (9).

Perspectivas de la Constituyente

Lander resumió recientemente los entuertos. Si las elecciones constituyentes se convocan siguiendo las reglas de juego de la democracia representativa, la oposición se impondría ampliamente. “Esa Constituyente reflejaría el sentido común instalado hoy en la sociedad según el cual lo público es, necesariamente, ineficiente y corrupto. Estaría prácticamente garantizado que el resultado de esa eventual Asamblea Constituyente sería de orientación claramente neoliberal”.  Y si se apela a un diseño electoral manipulado, el resultado no sería mejor. “Se trataría de un proceso no sólo anticonstitucional, sino profundamente ilegítimo, que lejos de contribuir a pacificar al país, profundizaría la división, la confrontación y la violencia. Podría incluso conducir al inicio de una guerra civil” (10). En efecto, las armas están ampliamente disponibles para todos los bandos. Y por si hiciera falta echar más leña al fuego, el ex presidente Álvaro Uribe se encarga de hacerlo cotidianamente desde Colombia, atacando al gobierno de Maduro y alimentando la denuncia del gobierno venezolano de que paramilitares colombianos buscan desestabilizarlo.

¿Qué podría refundar la Constituyente, si el proyecto bolivariano como lo conocemos está agotado? El único fracaso electoral de Chávez fue en 2007, cuando incluyó formas de “socialismo del siglo XXI” en la nueva Constitución y perdió el referéndum. ¿Intentará Maduro imponer un sistema comunal que reemplace el “parlamentarismo liberal”? Hoy no se ven muchas posibilidades de que semejante proyecto pueda cuajar en una sociedad que, más allá de las reformas bolivarianas, sigue siendo profundamente capitalista. Quizás se trate de ganar tiempo, pero aun así no está claro cómo afrontar el año electoral que se avecina en 2018. Una cosa es postergar elecciones regionales y otra las nacionales. Al fin de cuentas, todas las revoluciones que vivió el giro a la izquierda latinoamericano –la ciudadana en Ecuador, la democrática y cultural en Bolivia y la bolivariana en Venezuela– nacieron de las urnas y se legitimaron con baños repetidos de mayorías electorales. Sin ellas, la revolución se vuelve socialismo real del siglo XX, no democracia radical como prometió el del siglo XXI. Como recordaba un reciente artículo de Renaud Lambert, en 1999 Chávez dijo citando a Francisco de Miranda: “Venezuela está herida en el corazón” (11). Esa herida dio origen a su propio liderazgo, pero anuncia un futuro que, en cualquier caso, parece sombrío. 

1. Declaraciones disponibles en https://www.youtube.com/watch?v=eN9zcEjMWEg
2. Dayimar Ayala Altuve: “Tupamaros vs La Piedrita”, Tal Cual, Caracas, 6/2/2012.
3. “Maduro amplía milicia a 500 mil civiles armados”, La Jornada, Ciudad de México, 17/4/2017.
4. Natalia Uval, “Sociólogo venezolano cuestiona la ‘solidaridad incondicional’ de la izquierda latinoamericana con el chavismo”, La Diaria, Montevideo, 23/3/2017.
5. Max Fisher y Amanda Taub, “En el caos de Venezuela, las elites se juegan su supervivencia”, The New York Times en español, 9/5/2017. Reproducido en Max Fisher y Amanda Taub, “En medio del caos, las elites se juegan su supervivencia”, La Nación, Buenos Aires, 7/5/2017.
6. Wofgang Merkel, “Por qué perduran los regímenes autoritarios”, Nueva Sociedad, Nº 267, enero-febrero de 2017.
7. Max Fisher y Amanda Taub, op. cit.
8. https://www.youtube.com/watch?v=11KEj8AJsYw
9. Maristella Svampa, El dilema argentino. Civilización o barbarie, Buenos Aires, Taurus, 2011.
10. Edgardo Lander y Santiago Arconada Rodríguez, “Venezuela: un barril de pólvora”, Nueva Sociedad,  Nº 269, mayo-junio de 2017.
11. Renaud Lambert, “Contrarrevolución en la contrarrevolución”, Le Monde Diplomatique ed. Cono sur, N° 210, diciembre de 2016.


Este artículo forma parte de la edición especial deLe Monde diplomatique/UNSAM

América Latina. Territorio en disputa

Disponible sólo en kioscos.

tapa-especial-news.jpg

* Jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad. Autor de ¿La rebeldía se volvió de derecha?, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2021.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

Más notas de contenido digital
Destacadas del archivo