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Edición Nro 140 - Febrero de 2011

La gran industria desnaturaliza la alternativa biológica

Al asalto de la agricultura orgánica

Por Philippe Baqué*

Pollos “fabricados” con la misma lógica empresarial que impulsa las cadenas de montaje de las fábricas de autos, tomates disponibles en cualquier estación del año, huertos donde se explota a trabajadores inmigrantes… Sí, pero se trata de productos orgánicos o “bio”… El movimiento lanzado hace algunos decenios por militantes deseosos de defender las prácticas tradicionales de los pequeños campesinos corre ahora el riesgo de sucumbir ante la voracidad de las grandes compañías de distribución de alimentos, que han descubierto un atractivo nicho de mercado y aplican sobre él las estrategias productivistas que las caracterizan.

¡Los ecologistas y los setentistas han dejado su lugar a los profesionales!” Así se expresaba en junio de 2009 un técnico de la cooperativa Tierras del Sur que, en Lot-et-Garonne, organizaba una jornada “de descubrimiento” en la cría intensiva de pollos biológicos. El rendimiento de las instalaciones entregadas “llave en mano” por la cooperativa, los créditos y las ayudas públicas propuestas se suponía que iban a convencer a los agricultores invitados. En efecto, para aprovisionar a la gran distribución y a los comedores colectivos (1), las poderosas cooperativas agrícolas, vinculadas a las grandes firmas de la industria agroalimentaria, están ahora en una competencia feroz en la cría de esos pollos por encima de cualquier sospecha. Aprovechan la nueva reglamentación europea que le permite a un granjero producir hasta 75.000 pollos de carne bio por año y no limita el tamaño de la crianza de gallinas ponedoras bio.

Estas cooperativas han entendido que podían ganar mucho dinero con un tipo de producción que durante tanto tiempo habían denigrado. Aplicando sus métodos. “Los productores están bajo contratos duros y pierden toda su autonomía”, relata Daniel Florentin, miembro de la Confederación Campesina, ex criador de aves bio que trabajó con la cooperativa de Landes (comuna francesa en Aquitania) Maïsadour. “Están fuertemente endeudados al menos por veinte años y deben entregar la totalidad de su producción a la cooperativa, que se compromete a recibirla sin precio predeterminado. Es un sistema puro de integración, corriente en la crianza intensiva convencional”, explica Florentin.

Un mercado atractivo

Desde 1999, a causa de los problemas de salud y de medio ambiente, el consumo de productos alimenticios biológicos (u orgánicos) creció en Francia el 10% anual. En 2009, a pesar de la crisis, la facturación de los productos bio aumentó el 19% (2). Este mercado, marginal durante mucho tiempo, se ha convertido en un mercado con futuro y en él invirtió la gran distribución, que realiza ahora más del 45% de las ventas de esos productos. Sin embargo, en 2009, a pesar del aumento de las conversiones, sólo el 2,46% de la superficie agrícola utilizada era bio. Para satisfacer la demanda de los consumidores, los actores que dominan el mercado optaron por dos soluciones: recurrir de manera masiva a las importaciones y al desarrollo de una agricultura bio industrial e intensiva.

La noción de agricultura biológica nació y se desarrolló en Europa como reacción a la agricultura química y productivista que se generalizó después de la Segunda Guerra Mundial. A comienzos de los años 60, una red de pequeños campesinos biológicos y de consumidores crearon Nature et progrès (Naturaleza y Progreso - N&P). La asociación atrajo a gran parte de la población urbana, que decidió por convicción volver a la tierra y estableció vínculos con los diferentes movimientos ecológicos y políticos, como el grupo antinuclear y el sindicato Campesinos-trabajadores en los años 70, luego la Confederación Campesina y los anti OGM (Organismos Genéticamente Modificados) a partir de los años 90. Con esto, Naturaleza y Progreso integró a su estatuto un cierto número de principios: rechazo a los productos sintéticos, procesamientos naturales, diversificación y rotación de los cultivos, autonomía de las explotaciones, energías renovables, defensa del pequeño campesinado, biodiversidad, semillas de origen campesino, soberanía alimentaria… Para volver a darle sentido al consumo y recrear los vínculos sociales, la venta de los productos biológicos está asegurada por los mercados locales, ferias y grupos de compras que dieron nacimiento a la red de las Biocoop (3). El estatuto de Naturaleza y Progreso inspiró al de la Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Biológica (Ifoam), adoptado en 1972, que asociaba los criterios agronómicos a objetivos ecológicos, sociales y humanistas.

Pero el movimiento campesino y social ligado a este tipo de cultivos tiene dificultades para encontrar su propia coherencia. En los años 80, las especificaciones de Naturaleza y Progreso oficialmente reconocidas convivían con una quincena de otras creadas por diferentes movimientos. En 1991, tomando como pretexto esta confusión, Bruselas impuso un listado de especificaciones para el conjunto de la Unión Europea, cuya aplicación por el Estado francés brinda la etiqueta nacional AB. Los organismos certificadores encargados de controlarlas, privados y comerciales, van en contra del control participativo realizado hasta ese momento por comisiones de productores, consumidores y transformadores.

Naturaleza y Progreso sufrió entonces una grave crisis. Algunos miembros decidieron boicotear la certificación. Otros, tentados por un mercado bio certificado en plena expansión, abandonaron la asociación. “La certificación favoreció a las líneas de producción en detrimento de las redes solidarias”, explica Jordy van Den Akker, ex presidente de Naturaleza y Progreso. Y aclara: “Lo ecológico y lo social, que son para nosotros valores importantes de la producción bio, ya no están asociados a lo económico. La certificación y la reglamentación europea permitieron desarrollar un mercado internacional que facilita la libre circulación de los productos, el comercio y la competencia. Nosotros no nos reconocemos en ello”.

Aflojar las restricciones

Una nueva regulación europea, que entró en vigencia el 1 de enero de 2009, permite, entre otras cosas, el 0,9% de OGM en los productos bio y derogaciones para los tratamientos químicos (4). “La producción bio es totalmente incompatible con los OGM –reacciona Guy Kastler, criador en Hérault (departamento de la región de Languedoc) y militante de N&P–. Nosotros seguimos exigiendo el 0% de OGM. La nueva reglamentación definió estándares, pero ya no se preocupa por las prácticas agrícolas. Hemos pasado de una obligación de medios –¿qué método de cultivo utilizar?– a una obligación de resultados –¿qué residuo es detectable en el producto terminado?–. Es una puerta abierta para la generalización de una agricultura bio industrial.”

Las cooperativas agrícolas van en punta. Por la alimentación de las aves que producen y que suministran a los agricultores, sus márgenes de beneficio son considerables. La vieja regulación francesa imponía a un criador bio producir el 40% de la alimentación animal en sus tierras. Este vínculo con el suelo ya no existe en la nueva reglamentación europea. El criador compra a las cooperativas la totalidad de los alimentos, uno de cuyos componentes principales es la soja. En Francia, en 2008, la producción de aves bio aumentó el 17%, mientras que la de la soja bio disminuyó el 28%. La soja importada, mucho menos cara, se ha impuesto.

En noviembre de 2008, 300 toneladas de pellets de soja bio provenientes de China por intermedio de una filial de la cooperativa Terrena fueron retiradas del mercado, después de descubrir que contenían una proporción importante de melamina, un producto muy tóxico. Desde entonces la empresa renunció a su comercio con el gigante asiático pero, para alimentar a las aves bio del Gran Oeste, se aprovisiona en un mercado internacional donde los intermediarios son reyes y no se llevan demasiado bien con la transparencia.

La soja bio comprada en Italia –pero que puede haber sido producida en Rumania o en Polonia– compite con la de Brasil. Esta última es producida por pequeños productores del estado de Paraná, dependientes de las grandes sociedades de exportación, y, sobre todo, de Mato Grosso, donde las fazendas bio –cuyos propietarios rechazan las visitas de la prensa– pueden llegar a tener hasta 5.000 hectáreas (5). Este estado es el más comprometido en la destrucción de la selva amazónica. Según WWF-Francia, 2,4 millones de hectáreas de selva desaparecen cada año en América del Sur, directamente o indirectamente a causa de la soja (6). Sin embargo, no se exige para la soja bio brasileña ninguna certificación, aunque sea de baja calidad, que garantice que esa empresa no ha participado en ese desastre.

Aunque la agricultura biológica representa una parte mínima de las actividades de las grandes cooperativas, éstas pretenden, de todas maneras, imponer su supremacía. Terrena compró la empresa Bodin, la líder del pollo bio francés; la cooperativa La Gouessant posee ahora la Unión Francesa de Agricultura Biológica; Euralis tiene partes importantes en Agribio Union… Muchas asociaciones interprofesionales regionales del cultivo biológico y la casi totalidad de las cámaras agrícolas –cada vez más implicadas en la gestión de la agricultura biológica– están bajo la influencia de las cooperativas. El Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INAO), que ahora garantiza la aplicación de la regulación europea en Francia, está dirigido por… Michel Prugue, presidente de Maïsadour, que comercializa varias variedades de semillas OGM.

Cooperativas y multinacionales

Las cooperativas agrícolas, que no reniegan para nada del uso de productos químicos en la agricultura denominada “convencional”, refuerzan su vínculo con las multinacionales implicadas en la investigación y la comercialización de los OGM. El 40% de Maïsadour-Semences, una filial de Maïsadour, pertenece a la sociedad suiza Syngenta, heredera de las actividades agroquímicas de Novartis. Maïsadour-Semences posee plantas de producción en una buena parte del planeta (7). Esta creciente influencia de las cooperativas que tienen intereses financieros en el sector de los OGM no está, sin duda, alejada de la decisión de la Comisión Europea de fijar en 0,9% la tasa de OGM tolerada en los productos “bio”, aunque el Parlamento Europeo se haya opuesto.

Francia importa más del 60% de las frutas y verduras biológicas que consume. ProNatura es el líder francés de su comercialización en los negocios especializados y en los supermercados. En menos de diez años, esta empresa del sudeste de Francia multiplicó su facturación por diez y absorbió a otras cuatro sociedades. Un cuarto de sus productos provienen de Francia, pero el resto lo importa de España (18%), Marruecos (13%), Italia (10%) y otros cuarenta países. ProNatura fue la primera empresa que comercializó frutas y verduras bio fuera de estación. Un hecho que no le impide a su propietario, Henri de Pazzis, preconizar el respeto a la tierra, al medio ambiente, al campesino y al consumidor. Pero la ley dictada por las empresas de la gran distribución está bien alejada de esos principios. “Ellas adoptan para lo bio los mismos destructores mecanismos de compra que para lo convencional –explica De Pazzis–. Alientan la competencia de manera agresiva. Algunos de nuestros productos son retirados de las listas porque otros proveedores ofrecen precios muy inferiores a los nuestros.” En esta guerra de precios, en la cual ProNatura y las demás empresas de importación y exportación han elegido participar, los aspectos sociales y el respeto al medioambiente tienen muy poco lugar.

Desde hace 12 años, ProNatura importa frutillas bio españolas producidas por la empresa Bionest. Sus dueños, Juan y Antonio Soltero, poseen en la región de Huelva 500 hectáreas de invernaderos que, a primera vista, no se diferencian en nada de los miles de invernaderos convencionales que cubren la llanura, siniestrada por un monocultivo de frutillas particularmente contaminante y explotador de la mano de obra. Como otras explotaciones, Bionest está ubicada en medio del parque natural de Doñana, inscripto en el patrimonio mundial de la UNESCO (8). Según WWF-España, los invernaderos se multiplican de manera más o menos ilegal en el parque y generan un gravoso lastre para el medioambiente, amenazando especialmente las reservas de agua (9).

Bionest no respeta la biodiversidad (las pocas variedades de plantas de frutillas utilizadas son las mismas que en los invernaderos convencionales), practica el monocultivo, inyecta fertilizantes a las plantas por un sistema de irrigación por goteo… Sus métodos de cultivo no son radicalmente diferentes de los métodos de los invernaderos convencionales de Huelva. Sólo los insumos certificados le aseguran la etiqueta bio. Para la cosecha, Bionest contrata centenas de rumanas, polacas y filipinas… particularmente precarizadas. Es un tema muy sensible y los dueños de Bionest se niegan a recibir a los periodistas para explicarlo.

Esas mujeres vienen todos los años a España con “contratos de origen”, directamente reclutadas en su país por las organizaciones patronales españolas, con contratos y visas de duración limitada. Como no conocen sus derechos están totalmente sometidas a sus empleadores, que las explotan a voluntad (10). Francis Prieto, miembro local del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), improvisa una visita a las viviendas de las trabajadoras de Bionest. Totalmente aisladas en medio de los invernaderos, deben someterse a un reglamento estricto: prohibición de visitas, salidas controladas, pasaportes confiscados… “Están aterrorizadas por sus patrones –explica Prieto–, y sufren la misma explotación que los demás trabajadores estacionales de Huelva, con condiciones de trabajo particularmente difíciles.”

Cara y cruz

Bionest no es un caso aislado en Andalucía. En los alrededores de Almería AgriEco, en 160 hectáreas de invernaderos, produce, acondiciona y comercializa de septiembre hasta fines de junio más de 11.000 toneladas de tomates, morrones y pepinos bio. En los invernaderos dotados de tecnologías de punta, los insumos están certificados como bio y las trabajadoras estacionales son rumanas y marroquíes. Miguel Cazorla, su directivo, sonriente y cordial, prevé con orgullo una nueva expansión de la empresa. Las verduras de AgriEco, exportadas por grandes camiones que van y vienen hacia todos los supermercados y negocios especializados bio de Europa, están desde el comienzo del invierno en competencia directa con los productos de los invernaderos bio de Italia, de Marruecos y de Israel. En la región mediterránea, la guerra comercial se vuelve salvaje, para mayor ganancia de los intermediarios.

Bien lejos de estas derivas de la producción bio industrial, la pequeña cooperativa agrícola La Verde, en la sierra andaluza de Cádiz, fue creada en los años 80 por jornaleros miembros del SOC que hacia el final del franquismo libraron luchas sin concesiones para obtener esas tierras. Seis familias cultivan allí verduras, árboles frutales y crían algunas vacas y ovejas en 14 hectáreas. Comercializan toda su producción en Andalucía mediante otra cooperativa, Pueblos Blancos, que agrupa a 22 pequeños agricultores o cooperativas bio. “Hemos sido de los primeros en lanzarnos a la agricultura biológica –explica Manolo Zapata–. Esta agricultura estaba de acuerdo con la agricultura de nuestros abuelos y bisabuelos e iba en el sentido de nuestra lucha. Si la agricultura biológica no sirve para restablecer la equidad, la justicia, la autonomía, la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, no tiene ningún sentido. Y los certificadores no nos ayudan. Un agricultor que diversifica sus cultivos y cultiva varias variedades tendrá impuestos más importantes que el que sólo hace monocultivo intensivo.”

Por haber denunciado públicamente el apoyo del principal organismo certificador español, el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE), a las grandes empresas del bio-business, La Verde sufrió una avalancha de inspecciones. Aunque sus miembros crearon el más importante banco rural de semillas de España, que les permite garantizar sus cultivos y que provee a todos los pequeños productores bio de la región, temen que la represión caiga sobre ellos. “Existen leyes y normas que reprimen el derecho ancestral de reproducir las semillas, y eso nos impide certificar esas variedades antiguas que nosotros hemos salvaguardado.” Efectivamente, la reglamentación europea de la agricultura biológica le impone al agricultor utilizar semillas certificadas bio. Si no existen, debe recurrir a las semillas convencionales del mercado que han sido autorizadas. “Por el momento, todo ocurre en el límite de la legalidad, pero si mañana se prohíbe la venta de nuestros productos, nos van a obligar a cultivar con semillas ‘bio’ vendidas por Monsanto (11).” Tomando el ejemplo de algunos campesinos de Naturaleza y Progreso, los miembros de La Verde están considerando retirarse de la certificación bio.

Ejemplos como el de La Verde se multiplican actualmente en Colombia, Bolivia, Brasil, India, Italia, Francia, etc. La resistencia al bio-business se organiza en todo el mundo. Cada vez más campesinos, de comunidades rurales y de pequeñas cooperativas de productores, defienden una agricultura campesina y modos de cultivo agro-ecológicos que privilegien explotaciones de tamaño humano, respetuosas de la biodiversidad y de la soberanía alimentaria. Muchos rechazan las certificaciones y practican los sistemas participativos de garantía basados en una relación de intercambio y de confianza entre productores y consumidores. Se desarrollan redes de defensa de las semillas campesinas para imponer el derecho de los productores rurales a producir y comercializar sus propias semillas.

En Francia, las Asociaciones para el Mantenimiento de la Agricultura Campesina (Amap), que ponen directamente en relación a productores y consumidores sin pasar por el mercado, gozan de un éxito tal que la demanda no llega a ser satisfecha. La asociación Terre de Liens (Tierra de vínculos) recoge con éxito fondos solidarios para permitir la instalación en bio de jóvenes agricultores. Para desmarcarse de la reglamentación europea, la Federación Nacional de Agricultura Biológica (Fnab) creó una nueva marca: Bio-Coherencia. Será un complemento de la certificación oficial, exigiendo el respeto de un conjunto de condiciones mucho más rigurosas y la adhesión a principios inspirados en los adoptados por el Ifoam en 1972. Al margen de la reglamentación, Naturaleza y Progreso defiende sus especificaciones, que garantizan una agricultura biológica campesina.

La integración –o su ausencia– de los valores sociales y ecológicos entre las preocupaciones de los productores, los transformadores y los consumidores de los productos bio determinará su futuro. ¿Se convertirá la agricultura biológica en un simple nicho del mercado sometido exclusivamente a los intereses del liberalismo económico? ¿O será portadora de una alternativa a ese liberalismo? n

1 Para lograr uno de los objetivos fijados por los Acuerdos sobre el Medio Ambiente, el Estado francés piensa introducir, de aquí a 2012, un 20% de productos provenientes de la agricultura biológica en los menús de los servicios de comida de las administraciones y establecimientos públicos.

2 La mayoría de las cifras mencionadas provienen del dossier de prensa de la Agencia Bio “Les chiffres de la bio sont au vert“, servicio de prensa de la Agencia Bio, 2010, y de la obra Agricultura Biológica, cifras claves, Agencia Bio, Montreuil-sous-Bois, edición 2009.

3 Pascal Pavie y Moutsie, Manger Bio. Pourquoi? Comment? Le guide du consommateur éco-responsable, Edisud, Aix-en-Provence, 2008.

4 “Bio/OGM: le vote des députés européens à la loupe“, 21-5-09 (www.terra-economica.info).

5 Véanse los artículos de Cécile Leclère y Ben Hoppenstedt, “Mission en Amérique latine“, Biocontact, Gaillac, (junio a septiembre de 2008).

6 Boris Patentreger y Aurélie Billon, WWF-France, “Impact de l’agriculture et de l’alimentation industrielles sur la forêt dans le monde – rôle de la France“, París, abril de 2008.

7 En el estado brasileño de Paraná, en octubre de 2007 una milicia armada contratada por Syngenta asesinó a un militante del Movimiento de los Sin Tierra (MST) que ocupaba en compañía de una centena de otros agricultores campos de investigación de OGM de la empresa suiza.

8 Véase “Importer des femmes pour exporter du bio?”, Silence, N° 384, noviembre de 2010.

9 Comunicado de WWF –en su inicio World Wildlife Fund y luego World Wide Fund For Nature (Fondo Mundial para la Naturaleza)–: “Fraises espagnoles: exigeons la traçabilité“, 23-3-07.

10 Emmanuelle Hellio, “Importer des femmes pour exporter des fraises (Huelva)“, Etudes rurales, París, julio-diciembre de 2008.

11 “A qui profite la récolte? La politique de certification des semences biologiques“, informe de GRAIN, Barcelona, enero de 2008 (www.grain.org).

El panorama internacional

Más de 30 millones de hectáreas se cultivaron de manera biológica (orgánica) en 2007 en todo el planeta. La agricultura biointensiva se generaliza, siendo presa de la misma escalada que la agricultura productivista denunciada por los fundadores de la bio. Las multinacionales agroalimentarias y los grandes propietarios de tierras desarrollan con provecho monocultivos de exportación. Y los campesinos pobres de Asia, América Latina y África deben colaborar. Sometidos a poderosas empresas comerciales, se les pide producir alimentos bio para las poblaciones de mayor poder adquisitivo de los países industrializados. En América Latina y en los países de Europa del Este, explotaciones de miles de hectáreas de las tierras más ricas producen cereales o soja bio. En Palestina, una parte de las tierras del valle del Jordán, ocupadas por colonos israelíes, está dedicada a la producción de frutas y verduras bio (1). En Brasil, 20.000 hectáreas de caña de azúcar bio pertenecen a un solo propietario. En Turquía, miles de pequeños campesinos exportan toda su producción de uvas, higos y duraznos. Lentejas bio llegan de Kenia; papas, de Egipto… Todos estos productos exportados llevan las siglas de organismos privados de certificación que les abren los mercados, sin que sean exigentes respecto a la biodiversidad, el medio ambiente, el derecho a la tierra y la soberanía alimentaria…

El aceite de palma producido por el grupo colombiano Daabon, que en Europa se encuentra en la composición de una mayoría de productos bio transformados, se ha convertido en el símbolo de los nuevos desafíos del mercado. Daabon posee miles de hectáreas de palmeras, cacao, plátanos y cafetales bio cuyas producciones exporta hacia Europa y Estados Unidos. Mediante una red compleja de filiales, el grupo controla la mayor planta de biodiesel del país, posee decenas de miles de hectáreas de palmeras, es propietario de un puerto deportivo de lujo, etc. El periodista colombiano Alfredo Molano Bravo estima la facturación anual de Daabon en 120 millones de dólares (2). La familia Dávila, propietaria del grupo, está muy vinculada al ex presidente Álvaro Uribe, durante cuyo mandato el ejército cometió miles de asesinatos y llevó a cabo, con la ayuda de los paramilitares, desplazamientos masivos de poblaciones campesinas para que los poderosos propietarios de la tierra pudieran plantar, entre otras cosas, palmeras de aceite. Mario Mejía Gutiérrez, escritor y profesor de agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, denuncia: “En Colombia, la conversión masiva de centenas de miles de hectáreas en plantaciones de palmeras de aceite, ya sean bio o durables, es un proyecto totalmente ligado a los paramilitares”.

En Francia, el organismo de certificación Ecocert y la Dirección de las Biocoop también apoyan al grupo colombiano. En julio de 2010, la dirección de la red de distribución histórica de los productos bio se dirigió así a sus socios: “El contexto político colombiano y las costumbres del país explicarían la complejidad de la situación y los desafíos que una mediación ‘occidental’ orquestada podría sostener” (3). n

1 Estos productos bio vendidos como “made in Israel” próximamente podrían ser importados en Francia por la empresa israelí Agrexco en una terminal muy controvertida del puerto de Sète.

2 Alfredo Molano Bravo, “Más claro no canta un gallo“, 3-10-09 (www.elespectador.com).

3 “Daabon et huile de palme: le point“, documento del 6-7-10 publicado por la Dirección de Biocoop y dirigido a sus socios.

P.B.

* Periodista, coordinador del proyecto de libro De la bio alternative aux dérives du “bio”-business, quel sens donner à la bio?, a publicarse a fines de 2011 (www.alterravia.com).


Traducción: Lucía Vera


 
 
 
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