El litio y el patrón Potosí, otra vez

Argentina, Chile y Bolivia concentran más de la mitad de las reservas mundiales de litio. La transición energética global los coloca en el centro de la geopolítica, pero el verdadero desafío se juega en los territorios: ¿cómo garantizar que las comunidades locales participen en la gestión de un recurso estratégico?
Del Potosí colonial al triángulo del litio, la historia latinoamericana sigue marcada por la riqueza que se exporta y la democracia que se disputa en los territorios. La Puna argentina, el salar de Uyuni en Bolivia y el desierto de Atacama en Chile concentran más del 60% de las reservas mundiales de un mineral clave para baterías y autos eléctricos. Pero detrás de las cifras de exportación y los discursos de modernización aparece un dilema: la democracia territorial.
El litio no es solo un recurso económico ni un vector tecnológico. Es también un recurso político, porque se extrae de territorios habitados por comunidades que reclaman voz en decisiones que afectan su vida cotidiana. La paradoja es evidente: mientras el mundo celebra la “energía limpia”, los pueblos de la Puna enfrentan procesos de extracción que consumen agua, alteran ecosistemas frágiles y redefinen condiciones de existencia en regiones históricamente postergadas. Las compañías hablan de “externalidades”, pero son cicatrices: agua evaporada, suelos agrietados, comunidades desarraigadas.
En Argentina, la producción de litio alcanzará en 2026 unas 172.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (1), con exportaciones cercanas a 9.000 millones de dólares. Los proyectos de Olaroz, Cauchari-Olaroz y Mina Fénix son motores de este salto, pero también epicentro de conflictos por el consumo intensivo de agua y la falta de consulta a las comunidades originarias. En Chile, la alianza entre SQM y Codelco proyecta una expansión hasta 300.000 toneladas, consolidando al país como un líder mundial. Solo en el primer trimestre de 2026, las exportaciones alcanzaron 1.523 millones de dólares FOB, con un crecimiento interanual del 185%. En Bolivia, pese a contar con las mayores reservas –más de 21 millones de toneladas métricas certificadas–, la producción es de apenas 3.600 toneladas en 2026.
En Argentina, la producción de litio alcanzará en 2026 unas 172.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, con exportaciones cercanas a 9.000 millones de dólares.
La diferencia tecnológica es clave: Argentina y Chile utilizan evaporación solar, intensiva en agua, mientras Bolivia debe enfrentar la alta concentración de magnesio en Uyuni, lo que complica la separación del litio. Para superar esta dificultad, la empresa estatal firmó acuerdos con empresas chinas y rusas para aplicar la extracción directa de litio (EDL) y escalar a 115.000 toneladas anuales.
Paradojas
El costo ambiental es devastador: en Uyuni se requieren hasta 1,5 millones de litros de agua por cada tonelada de litio extraído, semejante al consumo de miles de familias. Mientras las corporaciones celebran contratos millonarios, las comunidades kollas, atacamas, aymaras y quechuas ven cómo sus acuíferos se agotan y sus humedales se deterioran. La paradoja es brutal: quienes cargan con el impacto ambiental son los que menos beneficios reciben.
La aprobación del Súper RIGI en Argentina confirma que el debilitamiento de los Estados frente a las corporaciones no es una hipótesis, sino una política en curso. El régimen fija un mínimo de inversión de mil millones de dólares y otorga beneficios fiscales por treinta años: reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, contribuciones patronales fijas al 10%, eliminación de derechos de exportación y libre disponibilidad de divisas desde el tercer año. Este esquema cristaliza la subordinación estatal a conglomerados transnacionales.
El contraste es brutal: el Súper RIGI privilegia a corporaciones globales, mientras las empresas argentinas que producen valor pagan impuestos plenos y sostienen empleo sin estabilidad garantizada. El resultado es un doble debilitamiento: del Estado, que cede soberanía regulatoria, y de las economías locales, subordinadas a un esquema que privilegia la extracción sobre la producción.
La bibliografía crítica lo señala con claridad. Maristella Svampa, en Consenso de los commodities (2013), muestra cómo el neoextractivismo atraviesa gobiernos progresistas y neoliberales. Eduardo Gudynas, en Extractivismos (2015), propone el buen vivir como horizonte inspirado en cosmovisiones andinas. Joseph Vogl, en Capital y resentimiento (2021), analiza cómo el capital contemporáneo se sostiene en dinámicas de exclusión. Yanis Varoufakis, en Tecnofeudalismo (2023), sostiene que las corporaciones globales ya actúan como nuevos señores feudales.
En Argentina y Bolivia, las regalías provinciales y departamentales apenas alcanzan el 3% boca de mina, mientras en Chile el Estado central capturará entre el 70% y el 85% desde 2031. Sin embargo, incluso allí los recursos se concentran en Santiago y apenas llegan a las regiones productoras. La paradoja se repite en el triángulo del litio: los territorios que cargan con el costo ambiental son los que menos participan de las utilidades. Sin infraestructura industrial propia, la región queda atrapada en el rol histórico de exportadora de commodities, reproduciendo el patrón del Potosí.
Nuestra democracia mutilada se parece a un laberinto borgeano: cada pasillo promete salida, pero conduce a nuevas paredes, metáfora de un destino atrapado en repeticiones históricas. Si no logramos transformar la extracción en participación y la renta en desarrollo territorial, el futuro quedará condenado a girar en círculos. En esa prisión, el tecnofeudalismo dejará de ser metáfora para convertirse en realidad: corporaciones globales actuando como nuevos señores, imponiendo sus reglas sobre territorios que sangran. La energía limpia se levantará entonces sobre la paradoja de una democracia mutilada, atrapada en muros que repiten la historia del saqueo.
1. N. de la R. Unidad de medida estándar de la industria minera. Sirve para calcular y expresar la cantidad total de contenido de litio puro (o de otros compuestos) transformándola al peso equivalente del carbonato de litio.
* Doctorando en Estudios Territoriales, Universidad Nacional de Quilmes. Ex director del Comité de Gestión de Calidad del Senado de la Nación Argentina. Jefe de Proyecto de Gestión del Cambio para los Poderes Legislativos (BID – Senado de la Nación).
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur






