El Estado ante la violencia juvenil
Por Fernanda Balatti*
Con veinticinco años de continuidad democrática y pese a que la Convención Internacional por los Derechos del Niño tiene estatus constitucional desde 1994, Argentina carece de políticas públicas que, en el campo de la infancia y la adolescencia, garanticen el efectivo ejercicio de los derechos sociales que asisten a todo ciudadano. Poco se puede hacer para remediar el problema de la delincuencia infanto-juvenil si antes no se realizan estudios para determinar con exactitud las verdaderas dimensiones del fenómeno.
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Como un curandero que prescribe el remedio ignorando las complejidades del mal que pretende erradicar, el Estado ensaya soluciones de coyuntura cada vez que los menores de edad se convierten en objeto de preocupación pública por cometer actos reñidos con la ley. La ausencia de datos rigurosos sobre el problema...
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