Corrupción: no sólo escándalos
A contracara de la opinión de los expertos, que señalan que en contextos de corrupción sistémica es poco lo que puede hacer la justicia para resolver el problema, en Argentina la apelación al Derecho Penal y al castigo de los culpables se ha transformado en un argumento recurrente.
Luego de la asunción de Mauricio Macri en diciembre de 2015 y la activación de las causas que dieron lugar a múltiples denuncias contra funcionarios de los gobiernos kirchneristas, el Poder Judicial ha cobrado nuevamente centralidad y hoy es una de las arenas privilegiadas de disputa. Por un lado, los jueces y fiscales del fuero federal han asumido un fuerte protagonismo, similar al que tuvieran sus colegas luego de la salida de Carlos Menem del poder. Por otro lado, se ha generado una expectativa creciente en amplios sectores de la población para que el Poder Judicial zanje la discusión pública sobre el alcance y los efectos de la corrupción durante los doce años de kirchnerismo.
Este estado de cosas plantea importantes interrogantes sobre la relación entre política y justicia, al mismo tiempo que minimiza algunos elementos que la experiencia acumulada sobre el problema de la corrupción ha producido en el país durante las últimas dos décadas y media.
Mecanismos y entramados
El modo en que visualizamos el fenómeno de la corrupción es principalmente a través de los escándalos. La revelación de imágenes, audios, documentos y testimonios con denuncias que circulan entre el mundo de la política y el de los medios es la llave de acceso a los casos de corrupción. Los escándalos han sido muy eficaces para revelar aspectos antes ocultos e inaccesibles de las prácticas políticas y económicas; también han creado un público interesado y atento al problema.
Cobertura mediática de los causas judiciales relacionadas con escándalos
Sin embargo, que el debate se constituya en torno a la idea del escándalo puede acarrear serios inconvenientes. Uno de los más importantes es que, al concentrar la atención en los personajes corruptos y en los actos de corrupción, los escándalos tienden a espectacularizar el fenómeno y hacen perder de vista la dimensión más rutinaria y regular de la corrupción implicada en la estructuración de los intercambios. A diferencia de una persona que en alguna circunstancia comete un delito (por ejemplo un robo o un asesinato), la corrupción opera en base a mecanismos sostenidos en el tiempo. Por eso, más allá de la reacción posterior de la justicia, los entramados institucionales y los dispositivos de control son esenciales para evitarla.
Pero además la centralidad de los escándalos se ha combinado con una apelación unánime al rol de la justicia, que es tanto un modo de no asumir la responsabilidad política como el motor de una expectativa de punición y castigo. El riesgo es no cumplir con esta demanda. En una investigación sobre los escándalos de corrupción de los años 90 encontramos que la resolución de los mismos por la vía del tratamiento judicial fue muy poco relevante, por una cuestión bastante obvia: los tiempos y las etapas de los procesos judiciales son mucho más largos que lo que dura la atención mediática. Los escándalos de corrupción han representado mucho más un mecanismo eficaz de interrupción de carreras políticas que el desencadenante de amplios procesos de investigación judicial.
Lazos y compromisos
¿Qué puede (y qué no puede) hacer la justicia con la corrupción?
Por un lado, no puede resolver el problema: ni la persecución penal de delitos contra la administración pública ni mucho menos el abuso –que se ha estado produciendo últimamente– de la figura de la asociación ilícita pueden revertir el modo estructural en que se producen intercambios corruptos en algunas áreas específicas de las políticas públicas. Por otro lado, la justicia tampoco puede resolver la cuestión de la crítica ciudadana a la ilegalidad o ilegitimidad de ciertas prácticas políticas.
Sin embargo, hay una diferencia entre afirmar que la justicia penal no puede resolver el problema de la corrupción y sostener que el Poder Judicial no puede lidiar con ninguna causa de corrupción. Este segundo escenario, el actual, es potencialmente muy destructivo.
Un interesante informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Ministerio Público Fiscal presenta un análisis exhaustivo de una muestra de 21 causas de corrupción tramitadas en el fuero penal federal. Los resultados son demoledores: la duración promedio de las causas es de 11 años, los expedientes tardan en promedio más de 7 años en llegar a la instancia del juicio oral y más de un 60% de ellos no tenía resolución judicial al momento de finalizar el informe.
Las hipótesis que, según este estudio, explican los extensos tiempos judiciales son, en primer lugar, el abuso de las estrategias dilatorias por parte de la defensa y, en segundo lugar, las dificultades que presenta el actual código de procedimientos para juzgar con eficiencia esta clase de delitos. Según los expertos, la necesidad de un procedimiento penal de corte acusatorio que resulte más eficaz en limitar las impugnaciones podría agilizar el tratamiento de las causas.
Causas de corrupción que llegaron a juicio
Posibles respuestas
La centralidad que ha adquirido la justicia nos lleva a repensar algunas cuestiones. En primer lugar, es necesario concentrarse en los aspectos técnicos y en una evaluación cuidadosa de lo que ha hecho hasta el momento el fuero federal con los innumerables casos que le ha tocado tratar desde inicios de los 90. También es necesario volver a la tradicional pregunta sobre la cuestión de la independencia del Poder Judicial. Si se formula en abstracto, esta pregunta no tiene sentido. Tampoco si se recurre a la respuesta, cierta pero apresurada, de que la justicia investiga sólo a los gobiernos salientes y nunca a aquellos que están en el poder. Es necesario mirar con atención la historia y la actualidad de la conformación del fuero federal. Quiénes han sido y quiénes son sus jueces y fiscales, cuáles sus carreras judiciales y, por lo tanto, qué tipo de lazos y compromisos los unen o atan con actores políticos y económicos.
Luego de más de veinticinco años de debates sobre corrupción en el país, la justicia argentina ha sido llamada nuevamente a intervenir y a abandonar el perfil prescindente y distante que fue cultivando en estos años. Sin embargo, debemos preguntarnos cómo está compuesta y cuáles son las herramientas de las que dispone: aunque por sí sola no pueda resolver el problema, su intervención es fundamental para mejorar el estado actual de la corrupción en Argentina.
Los tiempos de la justicia
Duración promedio de cada instancia
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© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur