Cueste lo que cueste

Desde el primer #NiUnaMenos a esta parte, los feminismos en Argentina se convirtieron en un movimiento de cambio social que logró cuestionar exitosamente algunos patrones profundos de organización de la sociedad tales como la ligazón entre sexualidad y reproducción, la división sexual del trabajo y sus consecuencias económicas y sociales, la maternidad como destino unívoco de las mujeres y, en vínculo con los movimientos de la diversidad sexual, la familia monogámica y heteronormada como núcleo básico de la reproducción social. A diferencia de otros feminismos en el mundo contemporáneo, los feminismos argentinos lograron poner en tela de juicio todas estas cuestiones desde los movimientos populares, incorporando discursos, prácticas, repertorios de acción colectiva y militancias a las organizaciones sindicales, sociales y políticas. Con herencia queer y proyección popular, los movimientos transfeministas en Argentina sacudieron con fuerza a los sectores progresistas y de raigambre nacional y popular en los últimos años.

Conquistas

Durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2016, se realizó el primer paro de mujeres de América Latina. Al mismo tiempo, los Encuentros Nacionales de Mujeres se volvieron más y más masivos y, en 2018, esta rápida acumulación política se tradujo en la llegada al recinto del Congreso, por primera vez en la historia, de un proyecto de legalización del aborto, presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El resultado de este hito feminista es conocido: luego de largas jornadas de discusión y movilizaciones múltiples y de distinto tipo, Diputados lo aprobó en la mañana del 14 de junio (129 votos a favor, 125 en contra, 1 abstención), pero el 8 de agosto no logró la mayoría de los votos en la Cámara de Senadores (38 en contra y 31 a favor, 2 abstenciones y 1 ausencia).

Sin embargo, el saldo político de este intento fue positivo: la ley de paridad, sancionada a fines de 2018, se convirtió en una herramienta crucial de acceso de las mujeres y las personas trans a los cargos legislativos, espacios de visibilidad y toma de decisión, y funcionó como puntapié para discutir la necesidad de formar gabinetes más paritarios, como insumo para revertir la desigualdad que padecen las mujeres y las personas travestis y trans en el ámbito de la política. Desde mayo de este año, con la entrada de Claudia Bernazza a la Cámara de Diputados, este cuerpo sumó 107 diputadas, el número más alto en su historia, que representa el 41,63% del total y que implicó que el Frente de Todos se convirtiera en el primer bloque en la historia argentina con paridad entre varones y mujeres.

Luego se aprobó Ley de Talles, con el objetivo de crear un “Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria”, buscando alterar la hegemonía de figuras corporales femeninas estereotipadas y estandarizadas a las que son expuestos los cuerpos concretos y diversos, especialmente los cuerpos de las mujeres. En el marco de estos avances, también se discutió un proyecto de reforma del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con miras a incorporar la perspectiva de género en el ámbito científico-tecnológico, el cual tradicionalmente ha estado signado por la hegemonía de las identidades masculinas. La importancia de disputar el sentido identitario y profesional en un ámbito como el científico se evidencia aún con mayor potencia al considerar que en Argentina el 52% de las y los científicos son mujeres. Estas mujeres, sin embargo, ocupan los cargos más bajos y peor pagos del sistema científico y tecnológico.

En 2019 los feminismos también lograron avances hacia la equidad de género en el ámbito de la cultura: la Ley de Cupo Femenino en los Escenarios exige un piso de participación del 30% de mujeres en los festivales culturales. Al momento de sanción de dicha ley, el porcentaje de representación femenina en esos eventos no alcanzaba el 15%, mostrando el retraso en la legitimidad pública de la voz y la capacidad expresiva y creativa de las mujeres.

En paralelo a estas conquistas legislativas, cada vez se fueron sumando más mujeres sindicalistas que se organizaron para alcanzar lugares de toma de decisión y mayores conquistas para las mujeres en los convenios colectivos, en la distribución familiar y social de los cuidados, en las licencias y, en general, en las distintas prácticas discriminatorias o ciegas al género que persisten en el mundo del trabajo.

De las calles al palacio

En suma, la confluencia de los feminismos con los movimientos populares generó avances en materia de género en un período en el cual no hubo avances progresistas de ningún tipo. Por este motivo, y debido a la capacidad del peronismo de converger y coordinar con este movimiento de cambio social, los feminismos jugaron un rol relevante en las últimas elecciones presidenciales. En la ciudad de Buenos Aires, epicentro de la pelea por el aborto legal y de las marchas de #NiUnaMenos, Dora Barrancos, una reconocida feminista, peronista, política e investigadora integró la lista de Senadores del Frente de Todos; a la vez, Ofelia Fernández, una joven lideresa feminista que adquirió visibilidad masiva en las audiencias públicas por el aborto legal, integró la lista de legisladores. Ambas candidaturas cristalizaron esta alianza y, a la vez, reflejaron una serie de novedades a la agenda electoral. La incorporación de la legalización del aborto en la plataforma del peronismo fue una de estas novedades, junto a la creación de un sistema integral de cuidados, a la cual el presidente Alberto Fernández hizo referencia en su discurso de asunción en el Congreso.

De la mano de todos estos cambios, se creó un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que, junto a otras áreas de género transversales a todo el Estado, traduce y canaliza el tránsito del feminismo de la movilización a la institucionalización. Este proceso implica convertir los reclamos en políticas públicas, pasar de las calles a los distintos poderes del Gobierno, y perder en intensidad para ganar en extensión. Gran parte de estos pasos se dieron en el contexto de pandemia: de acuerdo al rastreador global de género en las respuestas ante el COVID-19 sistematizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, la respuesta argentina ante la pandemia fue la más feminista del mundo, incluyendo medidas que dieron respuesta a la problemática de la violencia contra las mujeres, medidas de apoyo a proveedoras de trabajo de cuidado no remunerado y medidas de refuerzo de la seguridad económica de las mujeres. Políticas específicas como el Programa Acompañar, refuerzos a las jubilaciones mínimas y los bonos que se sumaron a la AUH, entre otras 26 medidas, hicieron que la respuesta argentina se ubicara primera en el ránking de los apenas 25 países del mundo que tomaron medidas para proteger de manera integral a las mujeres.

Justamente debido a que el feminismo se encuentra en una fase de institucionalización, el costo de una derrota del aborto legal en el Senado puede ser elevado, implicando una pérdida de legitimidad para este movimiento de cambio social, su agenda, sus referentas y, en suma, su poder de incidencia. Sin embargo, la experiencia de la derrota de 2018 puede aportar matices a este pronóstico, dado que la agenda de género continuó creciendo luego de que en el Senado ganara el “no”.

Por lo pronto, la situación se modificó marcadamente desde entonces hasta la actualidad, no solo por el cambio en el lugar que el feminismo ocupa en la política argentina, sino también por el cambio en la posición del Gobierno. En 2018, el Gobierno no tomó una posición determinada: no impulsó su sanción ni la impidió. Quienes tenían posturas pro-legalización dentro de la coalición de Cambiemos, destacaban que el Presidente Mauricio Macri “habilitó el debate”. Nadie del Gobierno ni de las autoridades de bloque se encargó de juntar los votos. De hecho, la mayoría del bloque de Juntos por el Cambio votó en contra, tanto en Diputados como en el Senado. El actual Gobierno, en cambio, envió el anteproyecto al Congreso y el Presidente transmitió un video hablando de la importancia de que dicho proyecto se aprobara, y cerró su alocución con una consigna que circula ampliamente en las calles y en las redes sociales desde el 2018: “Que sea ley”. Además, lejos de las posiciones dogmáticas católicas de la ex presidenta del Senado, Gabriela Michetti, quien no tenía experiencia en dicha Cámara y sugería abiertamente que la sesión debía coordinarse con el operativo policial que ocurría alrededor del edificio del Congreso, la actual presidenta de la Cámara, Cristina Fernández, votó a favor en 2018 y posee una amplia experiencia en el Senado, además de un compromiso asumido para legalizar el aborto.

Los celestes: movilizados y sincerados

Ahora bien, mientras el feminismo se institucionaliza, los movimientos católicos y evangélicos que se oponen activamente a la legalización se encuentran, a la inversa, en una fase de contramovilización abierta, cuestionando no solo la legalización del aborto sino también a la educación sexual integral, el respeto a las personas trans y, en general, el respeto a los derechos humanos, todos pilares de lo que denominan “ideología de género” e “izquierda cultural”.

En 2018, luego del debate sobre el aborto, varios grupos de padres y madres comenzaron a acudir a las escuelas a enfrentar a maestras y autoridades para que sus hijos e hijas no recibieran educación sexual en las aulas. La consigna, que circuló ampliamente por grupos de whatsapp y redes sociales, fue “#ConMisHijosNoTeMetas”. Si bien la ley de Educación Sexual Integral había sido sancionada en 2006 por amplia mayoría, se convirtió, al calor de la discusión sobre el aborto, en un foco de conflicto. Poco a poco, el movimiento “celeste” desarrolló una estrategia de convocatoria en el espacio público, potenció sus vínculos con sectores de ultraderecha, coordinó con mayor cuidado a las ONGs “pro-vida”, y logró cooptar a algunos referentes del espectáculo reticentes al “progresismo cultural” que, según denuncian, rige en los medios de comunicación, a los que caracterizan, en sintonía con los discursos de Jair Bolsonaro y Donald Trump, como hipócritas y elitistas.

A la vez, la estrategia de la Iglesia católica se potenció respecto a la de 2018 en varios aspectos. En primer lugar, desde la Iglesia católica, desde el punto de vista institucional, se redobló la apuesta al discurso de que las mujeres pobres no abortan, ni quieren abortar, ni apoyan la legalización. Este discurso, que ya había sido sostenido por el conocido sacerdote villero José “Pepe” Di Paola en 2018, fue reforzado este año en las audiencias públicas por el “obispo villero” Gustavo Carrara.

En segundo lugar, desde los grupos más intensos (que desbordan la institucionalidad eclesiástica), se apeló directamente a los amedrentamientos fascistas y a la acción directa en los domicilios particulares de legisladores indecisos o proclives a la legalización, en una ruptura clara de la convivencia democrática tal como se venía desarrollando en los últimos años.

Tercero, en las movilizaciones que se realizaron tanto antes del debate en Diputados como ahora en Senadores, acudieron más sacerdotes que en 2018, e inclusive estuvieron presentes varios obispos. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó el 28 de noviembre a movilizar en contra de la legalización junto a las iglesias evangélicas agrupadas en la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA). Este llamado implica una cierta ruptura con la división tradicional de roles según la cual los obispos se dedicaban al lobby parlamentario, mientras los grupos intensos y las iglesias evangélicas se movilizaban. En el mismo sentido, el 26 de diciembre, la CEA realizó una “Misa por el cuidado y el respeto de la Vida naciente” oficiada por el presidente del Episcopado, el obispo de San Isidro monseñor Oscar Ojea, y acompañada por los vicepresidentes del Episcopado, el arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, cardenal Mario Poli; y el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; el secretario general, el obispo de Chascomús, Carlos Malfa, y el arzobispo de Mercedes- Luján, Jorge Scheinig. Con una novedad: la incorporación de túnicas celestes, un dress code que se impuso como respuesta al pañuelo verde creado en el Encuentro Nacional de Mujeres de 2003 por iniciativa de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

En cuarto lugar, así como el Gobierno está trabajando explícitamente para que triunfe la posición legalizadora, el papa Francisco también se expresó más abiertamente, por el mismo medio por el cual se refirió al matrimonio igualitario como “una movida del Diablo”: las misivas “privadas” que luego se filtran a la prensa. En los últimos meses, el papa comparó el aborto con un asesinato, y a los médicos que los realizan con sicarios, en una carta que envió a un grupo de mujeres militantes de las villas 31 y Rodrigo Bueno, y luego lo volvió a hacer en otra carta dirigida a sus ex alumnos del Colegio de la Inmaculada Concepción. Además, hizo uso de su cuenta de Twitter, y horas antes de la sesión en el Senado publicó el siguiente mensaje: “El Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura”.

Por último, existe una suerte de “sinceramiento” en el discurso de los diputados y senadores que se oponen a la ley de aborto legal, seguro y gratuito, como respuesta a un cambio de énfasis en los discursos feministas. Más concretamente, los discursos a favor de la legalización pasaron de centrarse en la voluntad individual y la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y sus goces en 2018, a hacer más hincapié en el aborto como una cuestión de salud y justicia social, dado que las mujeres con menores recursos tienen menor acceso a abortar sin riesgos para su salud o su vida. En espejo a este argumento, los discursos de los legisladores celestes migraron de la defensa de la vida del “niño por nacer”, a la relativización de las muertes de mujeres en abortos clandestinos.

Esto se pudo escuchar en los discursos de la diputada radical Lidia Inés Asacarate (“¿Cuántas mujeres mueren a causa de suicidios y femicidios? De esto hay que hablar, ya que representa la igualdad de oportunidades y de derechos”); Héctor Stefani, del PRO (“Son muchas más las mujeres que mueren por violencia de género que por aborto; son muchas más las mujeres que mueren de hambre que por aborto. No les doy números porque no son ciertos, pero esto es algo que a nosotros nos consta”); Lucila Lehman, de la Coalición Cívica (“¿Nadie habla del 92,6 por ciento de madres embarazadas que mueren por otras cuestiones? ¿Solo nos vamos a focalizar en un 7,4 por ciento?”); Martín Maquieyra, del PRO (“En 2018 se hablaba de 350.000 muertes y se decía que el aborto era la principal problemática por la cual se morían las mujeres. La verdad es que si vemos las estadísticas, la principal causa de muerte entre las mujeres es el cáncer de mama”); Alberto Asseff, del PRO (“Hay muchas más muertes por mala atención del embarazo y del parto que por abortos inseguros”); Adriana Noemí Ruarte, del PRO (“Si nos detenemos en las principales causas de muerte de mujeres en edad fértil deberíamos prevenir los accidentes de tránsito”); Federico Angelini, del PRO (“Se ha hablado de que esta es una cuestión de salud pública, pero es mentira: el aborto representa el 0,2 por ciento de las defunciones femeninas, encontrándose entre las últimas causas de muertes de las mujeres en edad fértil”); y Walberto Enrique Allende, del Frente de Todos (“Más del 95 por ciento de las muertes maternas no se debe a los abortos, sino a la nutrición de la mujer, a las enfermedades no tratadas y a los suicidios”).

Así como para el feminismo el resultado de la votación de hoy resultará clave, para la Iglesia católica también este hito representa una coyuntura crítica, dado que un resultado favorable a la legalización puede implicar el comienzo de un cambio en la legislación respecto al aborto en varios países de América Latina, que hasta ahora se mantiene prohibicionista, con las excepciones de Uruguay y el Distrito Federal en México. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en los países católicos en los cuales el aborto se legalizó (Italia, España, Irlanda) el nivel de práctica y asistencia al culto se mantuvo igual, e incluso en algunos años se incrementó. En Argentina, además, nada indica que la Iglesia católica pueda perder su incidencia en cuestiones relativas a la gestión de la educación (en la ciudad de Buenos Aires alrededor del 40% de la matrícula es confesional), de la pobreza y de las adicciones. La llamada laicidad de subsidiariedad, presente en países de matriz católica con reconocimiento de formatos plurales de familia y sociedad, se mantendría vigente. Las mujeres, en cambio, contarían con un derecho más.