PANDEMIA. BALANCE SOCIAL Y POLÍTICO DE LA CRISIS DEL COVID-19

La construcción social de la realidad y sus efectos en las decisiones políticas

Por Daniel Feierstein*
Pandemia, el nuevo libro de Daniel Feierstein, analiza las disputas por las representaciones de la realidad que emergieron durante la pandemia y los mecanismos de defensa que se desplegaron. En el fragmento que compartimos, se revisan los errores cometidos durante la primera etapa de la cuarentena en el AMBA, derivados de los conflictos entre las tres jurisdicciones involucradas que tenían –y tienen– distintas formas de representación acerca de lo que está ocurriendo. De cara a la segunda ola, resulta oportuno volver sobre estas dificultades y diferencias, que no son técnicas, sino cognitivas, emocionales y morales.

Más allá de las medidas sanitarias y las estrategias económicas para paliar los efectos de las políticas de cuidado, la disputa central se jugó en el campo de las representaciones. De allí el eje del presente capítulo, donde se busca articular las reflexiones teóricas con el análisis de lo ocurrido en este plano en la socie­dad argentina. La apuesta inicial por la prioridad de la salud y la vida fue perdiendo espacio, como producto tanto de errores y decisiones gubernamentales como de diversas embestidas del poder económico concentrado, los medios de comunicación masivos y sectores importantes de una oposición política cuyos grupos más radicalizados fueron ganando poco a poco hegemo­nía por sobre aquellos (más importantes numéricamente) que en el inicio habían apostado por la cooperación y la articulación de las acciones políticas, económicas y sanitarias.

Al quedarse sin alternativa ante un conjunto de limitaciones que se prolongaban en el tiempo sin lograr la supresión del virus en la zona del AMBA (y, paradójicamente, habiendo conseguido un control efectivo en el resto del país, con la excepción de la provincia del Chaco), ya en mayo se inició una disputa que fue creciendo en intensidad entre las distintas representaciones. Esta puede ser ilustrada por los debates en la mesa interjurisdiccional en torno a las políticas planteadas por el gobierno de la CABA y las miradas de la provincia de Buenos Aires (estas jurisdicciones comparten el área de mayor propagación del virus, el AMBA, que incluye la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conur­bano que la rodean y tienen como límite, tan solo formal, la avenida General Paz). El gobierno nacional intentó mediar entre ambas estrategias, alineándose por lo general más con las polí­ticas sanitarias del gobierno de la ciudad, pese a la cercanía política con el de la provincia.

Estas disputas, que parecían técnicas, daban cuenta de for­mas opuestas de representación de lo que estaba ocurriendo tanto a nivel cognitivo como emocional y moral.

La situación era delicada, y las diferencias expresaban las dificultades para lidiar con la complejidad y la multiplicidad de variables. Pero, de hecho, no había tantas diferencias en los abordajes sanitarios, ya que desde mayo ninguna de las tres conducciones políticas apostaba por la supresión, debido a moti­vos y evaluaciones distintas y con mayores dudas por parte de la provincia de Buenos Aires, que fundamentalmente no sentía el acompañamiento de las otras dos jurisdicciones en el caso de decidir un cambio de rumbo.

Sin embargo, más allá de eso, las representaciones se encon­traron ante todo determinadas por las estructuras previas de concepción de lo social, por los obstáculos epistemológicos y políticos y, recién a partir de allí, por sus consecuencias en las medidas sanitarias.

Un ejemplo de esto ya fue analizado con respecto al rol de las representaciones hegemónicas sobre los comportamientos sociales en Argentina con relación al manejo de la situación de los repatriados. Esas representaciones previas hacían aparecer como “impensable” un control estricto sobre algunas miles de personas de sectores medios acomodados que volvían de viajes al exterior, aunque era evidente, ya en ese momento, que eso implicaría un enorme daño a la política de supresión del virus, correctamente encarada en los primeros días. La confianza en que una mera declaración jurada a la llegada al aeropuerto garanti­zaría el aislamiento estricto de 14 días necesario para evitar la propagación no se condecía con ninguno de los conocimientos sociológicos, políticos y hasta psicológicos del comportamiento de los sectores medios urbanos en Argentina. En una cultura que se caracteriza por altos niveles de evasión fiscal, por la jactancia al transgredir normas básicas de cooperación, como las que regu­lan el tránsito automotor (límites de velocidad, semáforos, utili­zación del cinturón de seguridad, realización de los chequeos técnicos), o por la convicción de que la norma está hecha para los otros pero nunca para uno mismo, era absurdo apostar a un comportamiento responsable ante una situación que aparecía como mucho menos conocida y peligrosa que un accidente de tránsito, una multa o una intimación fiscal. La más que tardía intervención para enviar a algunos de los repatriados a hoteles se hizo cuando ya decenas de miles de personas habían ingresado al país provenientes de los territorios con mayor propagación del contagio y un gran porcentaje de ellos se había reunido con fami­liares, amigos o simplemente había circulado por la ciudad para comprar los bienes esenciales necesarios para su vida cotidiana (alimentos, elementos de higiene, pago de servicios, etcétera).

La incapacidad de comprender el carácter de los comporta­mientos y la estructura social argentina fue un factor funda­mental para explicar el fracaso de la cuarentena en el AMBA y, con ello, la destrucción de los éxitos cosechados por la medida en el resto del territorio nacional. Al no lograr en ningún momento el control de la circulación del virus en el conglome­rado más importante del país, su irradiación era totalmente pre­decible sin un difícil y estricto bloqueo jurisdiccional (algo como lo que consiguió el Estado chino en la región de Wuhan), pero eso también resultaba “impensable”.

Los problemas se fueron incrementando al tiempo que se seguían potenciando las dificultades para incluir los resultados objetivables en las estructuras de asimilación de la realidad. Los sistemas de asistencia económica (uno de los puntos altos de las medidas gubernamentales) fueron demasiado lentos en su implementación, con infinidad de obstáculos y demoras; pen­sados para una emergencia de treinta días, no resultaban sufi­cientes para sostener la vida de millones de personas durante varios meses. Pero tampoco hubo propuesta alguna para extender el IFE a otros sectores o aumentar su monto, ya que su propia ejecución implicaba una inversión estatal imposible de cubrir sin una profunda modificación de la estructura de ingre­sos. Esto era algo que se complicaba con la reversión del clima social generado por los cacerolazos antipolíticos y la falta de reacción ante ellos y la injustificable demora del cobro de con­tribuciones extraordinarias a las grandes fortunas, único modo de intervenir de manera más eficaz en las condiciones estruc­turales que obstaculizaban cualquier medida sanitaria.

La propia viabilidad social para las medidas de restricción estricta se encontró cada vez más comprometida. A partir de ese momento, el gobierno de la CABA tendió a apostar a una habili­tación gradual y creciente de actividades llevando a una propa­gación lenta pero persistente del virus que permitiera, en el manejo de los tiempos de su crecimiento, evitar el colapso del sistema de salud, pertrechado en los meses previos. De ese modo, también respondía a su electorado, que nucleaba a los sectores menos dispuestos a medidas de cooperación y más atravesados por formas individualistas de asunción de las prácticas sociales (como, por caso, el emprendedurismo ensalzado durante el cua­trienio macrista), que comenzaban a aumentar las violaciones al control de desplazamientos ya no solo por motivos económi­cos, sino también en función de eventos sociales de mayor o menor envergadura, pero que funcionaron como infinitas “per­foraciones hormiga” de las restricciones que aumentaban más y más la circulación del virus.

El costo de las decisiones aperturistas de la CABA, al no venir acompañadas de un cierre estricto de los vínculos de la juris­dicción con el resto del país, implicó aceptar la irradiación del contagio a todo el territorio nacional. En dichos meses, la situa­ción se encontraba controlada, con un nivel bajísimo de conta­gios (incluso jurisdicciones sin registrar ni uno, como Catamarca) o con la aparición de focos muy pequeños, posibles de dominar con políticas de rastreo y aislamiento de casos y contactos.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires y el nacional no terminaban de acordar con la política de aperturas gradua­les de la vecina CABA y planteaban sus desacuerdos en las mesas de decisión interjurisdiccionales. Sin embargo, tampoco presentaban una alternativa clara, al comprender las dificul­tades para sostener las restricciones, los límites políticos para cuestionar la distribución del ingreso que permitiera imple­mentar medidas socioeconómicas de mayor aliento o la inver­sión acelerada y masiva en centros de rastreo y campañas de promoción y reducción de daños que buscaran impedir la propagación.

A estos contrapuntos entre las tres instancias (CABA, Provin­cia de Buenos Aires y Nación), y a las dudas de los gobiernos nacional y provincial, se sumó el lobby persistente de sectores económicos que buscaban la apertura de sus actividades como modo de recomponer sus tasas de ganancia, los reclamos de organizaciones de derechos de la infancia acerca de la situación de los niños y adolescentes ante la prolongación de las medidas de restricción y, fundamentalmente, un agotamiento social cre­ciente acicateado por los medios de comunicación y la oposición política y por las dificultades ya reseñadas en la vinculación de las sociedades occidentales con toda medida que implique nive­les significativos de paciencia.

Algo que llama la atención de las políticas de comunicación de dichos meses y su impacto en las disputas por la represen­tación de lo que estaba ocurriendo fueron las burlas permanen­tes que comenzaron a instalarse, tanto en los medios gráficos como radiofónicos y televisivos, acerca de la “exageración” de las medidas de cuidado, que más allá de las limitaciones estruc­turales desempeñaron un papel crucial en la derrota del princi­pio precautorio. Si bien el eje estaba puesto en el “abandono de la economía” y sus graves efectos (naturalizando las formas de distribución del ingreso existentes), uno de los ejemplos más tristes e irrespetuosos estuvo dado por la referencia a “muertos imaginarios”, reiterada por Jorge Asís miércoles a miércoles en sus charlas de medianoche con Luis Novaresio, en las que esti­maba (sin aportar dato objetivable alguno, sino estimando “a ojo”) que esta “pandemia inventada” no llegaría al final de 2020 con más de 500 muertos totales (1) y que, por lo tanto, el sufri­miento económico era inútil, porque no se basaba en causa real alguna. Otro motivo reiterado fue la contabilización de los “días de encierro” con la que se iniciaba cada programa radial o tele­visivo (“día x de la cuarentena en Argentina”, insistente conmi­nación a movilizar las ansiedades y la dificultad de aceptación del aplazamiento de la gratificación), donde además se genera­lizaba una percepción de la situación que solo se correspondía con las medidas implementadas en el AMBA mientras se vivía un clima de creciente normalización en el resto del país, que aparecía invisibilizado, incluso en las propias jurisdicciones en las que se vivían dichas aperturas tanto por parte de los medios de comunicación como por el propio discurso oficial, totalmente teñido de centralidad porteña.

Ello se articuló con la construcción de una supuesta espe­cificidad argentina (“la cuarentena más larga del mundo”, que no se correspondía con ningún análisis serio comparado de las medidas implementadas en cada país, pero que calaba en una población afecta a sentirse siempre única, para bien o para mal). Y a ello se agregaban las denuncias de distintos sectores inte­lectuales acerca de la imposición de una “infectadura” (2) reclamo por la limitación al ejercicio de determinados “derechos ciudadanos” a la circulación planteado como “defensa del repu­blicanismo” o de la constitución y la negativa airada de intelec­tuales comprendidos en los grupos de riesgo (y pertenecientes a distintos sectores políticos) a limitar sus desplazamientos, que algunos llegaron a homologar con la persecución a los judíos por parte del nazismo (3).

 

1. Durante octubre y noviembre, hubo esa cantidad de muertos en un solo día. Ello no implicó disculpa ni reconocimiento alguno por parte de Asís o de Novaresio, sino el cambio de foco a otros temas de discusión.

2. La solicitada, bajo el título “La democracia está en peligro”, fue publi­cada en la mayoría de los medios de comunicación masivos el 1° de junio de 2020 y firmada, entre muchos otros, por Juan José Sebreli, Santiago Kovadloff, Luis Brandoni, Fanny Mandelbaum, Daniel Sabsay, Vicente Palermo y Jorge Sigal. En uno de los párrafos, se sostenía: “En nombre de la La salud pública, una versión aggiornada de la ‘seguridad nacional’, el gobierno encontró en la ‘infectadura’ un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situacio­nes de laboratorio ­y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”. Véase “Infectadura: la carta de intelectuales, científicos y políticos contra la cuarentena”, en Ámbito, 1° de junio de 2020, disponible en línea: <https://www.ambito.com/politica/coro­navirus/infectadura-la-carta-intelectuales-cientificos-y-politicos-contra-la-cuarentena-n5106654>.­

3. Con las firmas, entre muchos otros, de Oscar Barney Finn, Hugo Bec­cacece, Josefina Delgado o Juan José Sebreli, una serie de intelectuales mayo­res de 70 años se manifestaron expresando el repudio al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el intento de poner algunas trabas o incluso ayudas a fines de restringir la movilidad de las personas mayores de edad, que tenían niveles de letalidad muy superiores ante la posibilidad de con­tagio. La carta de repudio planteaba, entre otras afirmaciones, que “Primo Levi, Jorge Semprún, Bruno Bettelheim, son solamente algunos de los que padecieron persecuciones y pudieron dar cuenta de sus sufrimientos y con­tribuir al esclarecimiento de ignominiosos crímenes. No queremos revivir ni repetir estas circunstancias, en un país que desde 1983 ha recuperado la demo­cracia y quiere mantenerla” (las cursivas pertenecen al original). Las medi­das de cuidado, más allá del debate sobre su oportunidad, quedaban de este modo homologadas a las prácticas de persecución de regímenes genocidas, como intentaba ilustrar José Emilio Burucúa al aparecer fotografiado con la estrella amarilla que se impuso a las poblaciones judías durante el contexto de los gobiernos conducidos por el nazismo. Véase Rosario Marina, “Coro­navirus. La dura carta de intelectuales mayores de 70 años a Horacio Rodrí­guez Larreta”, en La Nación, 19 de abril de 2020, disponible en línea: <https://www.lanacion.com.ar/politica/permisos-coronavirus-la-carta-grupo-intelec­tuales-mayores-nid2355873>.

 

Fragmento extraído del capítulo 1 «La disputa por las representaciones» del libro Pandemia. Un balance social y político de la crisis del Covid-19 de Daniel Feierstein.

Gentileza de Editorial Fondo de Cultura Económica.

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* Investigador del CONICET y profesor UNTREF/UBA.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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