La política de la IA en el pantano

En 2017 un equipo de Google publicó Attention Is All You Need, el paper que hizo despegar a la IA moderna. La arquitectura Transformer que describía resolvió un problema central: permitir que las máquinas leyeran una frase entera en lugar de ir palabra por palabra, captando el contexto real del lenguaje. Casi todo lo que hoy llamamos inteligencia artificial está construido sobre esa idea: desde los programas de desarrollo de código o generación de imágenes hasta las herramientas de traducción automática. GPT significa exactamente eso: Generative Pre-trained Transformer.

Durante esos años la política de la IA pasó a ser una de las agendas prioritarias en muchos países, en particular, los más desarrollados. Con diferente énfasis u orientación todos están intentando hacer algo: promoción de centros de datos para aumentar el poder cómputo, programas para capacitar a los trabajadores, subsidios para financiar la investigación, regulaciones para proteger la privacidad o evitar el problema de los sesgos.

El plan que nadie implementó

En Argentina durante 2018 y 2019 el gobierno de Cambiemos armó mesas de trabajo y consultas con académicos, empresarios y ONGs para diseñar un “Plan Nacional de IA”. El resultado responde a todo lo que las buenas prácticas piden: además de ser participativo, es integral, cubre todos los temas, desde infraestructura hasta educación y regulación.

Ese plan es hoy una declaración de intenciones. Un documento de 242 páginas que no se encuentra en ningún sitio web oficial, no tiene presupuesto asignado ni resolución administrativa, para implementarla. Son intenciones que no tienen siquiera un responsable claro. Se lanzó sin bombos ni platillos, una semana antes del traspaso de gobierno, en un evento con escaso peso político.

En diciembre del 2019, el nuevo gobierno tomó el plan de Cambiemos como “documento de referencia”: no le hizo cambios ni armó su propio plan. Los motivos no son claros: no se sabe si es que se consideraba un tema transversal que no necesitaba un plan centralizado o si predominaba una posición pesimista sobre la IA, enfocada en los riesgos antes que en las oportunidades. La pandemia también influyó, porque en los primeros dos años la política tecnológica del gobierno se concentró en responder al desafío sanitario.

En 2022, ChatGPT de OpenAl se convirtió en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento en la historia: llegó a 100 millones de usuarios activos en solo dos meses (TikTok había necesitado nueve meses para alcanzar esa cifra, Instagram dos años y medio). La IA pasó de ser una herramienta para científicos, empresas y gobiernos, a estar al alcance de cualquier persona – en el celular o la computadora – para estudiar, trabajar o resolver problemas cotidianos.

El mundo no espera

Ese mismo año Google logró con AlphaFold un hito probablemente más importante: mapear 214 millones de proteínas (casi todas las conocidas, frente a las 190 mil que teníamos antes) abriendo la puerta a medicamentos de precisión para enfermedades como el Alzheimer o la malaria. Antes de eso, predecir la forma de una proteína podía tomar años de doctorado y miles de dólares.

Mientras tanto, en Argentina se empezó a diseñar la propuesta de IA más importante del gobierno de Alberto Fernández: la creación del Centro Argentino Multidisciplinario de Inteligencia Artificial (CAMIA). Estaba inspirado en ejemplos de Canadá, Brasil y Chile, y su objetivo era apoyar a las empresas en la adopción de la IA, conectar el conocimiento sectorial (por ejemplo del agro, software, hidrocarburos, etc.) y el específico de IA (de investigadores, consultoras, técnicos), y coordinar una agenda sobre aspectos regulatorios. En paralelo se abrieron convocatorias con subsidios para proyectos de IA entre investigadores y empresas, con foco en agroindustria, bioinformática, logística y minería.

Para convertirse en un hub de IA no alcanza con desregular: necesitás universidades que formen profesionales, investigadores, agencias que financien I+D, regulaciones que atraigan inversión.

Pero nada de eso se concretó. El Gobierno llegó al final del mandato sin ponerlo en marcha. En una especie de retorno al punto de partida, en los últimos meses de gestión, el gobierno de Fernández creó la “mesa interministerial sobre Inteligencia Artificial”, que tuvo solo dos reuniones antes de ser desactivada por la gestión de LLA.

Los vaivenes y pocos resultados en la política de la IA de la última gestión peronista se explican en parte por las internas y la falta de decisión que caracterizaron a ese gobierno. Pero también reflejan algo más profundo. El peronismo estuvo históricamente tensionado por la tecnología. Dentro de él conviven desarrollistas y estatistas que ven al Estado como motor de adopción y desarrollo tecnológico; grupos que ven el progreso técnico como una amenaza al desarrollo humano; sectores que ponen el foco en los riesgos para los trabajadores; y otros que, aunque no rechazan la tecnología, se oponen a las empresas que la controlan. Esa tensión no es nueva, pero con la IA se volvió más evidente y costosa.

Los avances tecnológicos y su aplicación a productos y soluciones concretas continuaron su aceleración. En 2023, la FDA, la agencia federal de EE.UU. responsable de proteger la salud pública, aprobó 223 dispositivos médicos con IA integrada. Ese mismo año el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA) propuso crear LatamGPT, un modelo de lenguaje entrenado con datos que reflejen la cultura y los idiomas de la región. La construcción del modelo llevó tres años y se lanzó en el 2026. Un año después, bajo el lema «IA para el bien de todos», Lula lanzó el Plan Brasileño de Inteligencia Artificial 2024-2028, con inversiones previstas de 4000 millones de dólares, el más ambicioso de la región.

En Argentina, durante ese mismo año, en el Congreso Nacional se debatieron más de veinte proyectos relacionados con la regulación de la IA. Hasta ahora ninguno fue aprobado.

A contramano del mundo

La inteligencia artificial tiene mucho más protagonismo en el discurso de LLA que durante el gobierno peronista. Milei se presenta como un tecno-optimista y apenas asumió, hizo una gira por Silicon Valley. Además de sacarse fotos con Elon Musk y Sam Altman –el CEO de Open AI–, el objetivo del tour era convertir a Argentina en el 3er hub global de IA. La estrategia consiste en ofrecer el frío de la patagonia, energía barata y un marco desregulado para atraer inversiones en centros de datos.

Recibir grandes inversiones en centros de datos puede aportar al desarrollo del país, pero el impacto de esa inversión depende del marco regulatorio. Estos centros generan poder de cómputo para entrenar, almacenar y correr modelos de IA. Crean mucho trabajo durante la construcción del centro pero muy poco en su funcionamiento. Algunos países, como Chile o Brasil, firmaron convenios con las empresas inversoras para que formen profesionales o den acceso preferencial a poder de cómputo para investigadores y startups. En un muy buen escenario pueden traccionar inversiones en energías renovables. Pero nada de eso ocurre de manera espontánea y es poco probable que ocurra si la inversión se enmarca en el RIGI, el régimen de promoción de inversiones actual. Así y todo, hasta ahora no se realizó ninguna inversión. Solo hubo anuncios.

Un hecho llamativo es que en febrero de 2025 el gobierno reflotó la iniciativa del gobierno de Alberto Fernández de crear un centro de IA aplicada, una iniciativa desarrollista que, a contramano de la motosierra, crea una agencia desde el Estado. Aunque se conocen pocos detalles, el Centro Argentino de Inteligencia Artificial que anunció Damian Reidel era algo bastante parecido al propuesto por el peronismo: un centro con expertos que asesora a empresas, forma investigadores y profesionales, aplica IA para modernizar la gestión del Estado y diseña un marco regulatorio. El entusiasmo duró poco. Más de un año después del anuncio, el centro todavía no se puso en marcha.

Hasta ahora la medida con más impacto de LLA es el desfinanciamiento universitario y científico. A contramano del mundo, el gobierno se empecina en destruir lo que le daba una ventaja al país para competir en IA: universidades públicas y centros de investigación de primer nivel mundial donde se forman e investigan los informáticos, ingenieros, matemáticos, físicos y científicos de datos que necesitás para desarrollar y adoptar IA.

En definitiva, la derecha argentina tiene una receta para promover esta actividad -menos Estado, más mercado- que choca contra la evidencia. Para convertirse en un hub de IA no alcanza con desregular: necesitás universidades que formen profesionales, investigadores, agencias que financien I+D, regulaciones que atraigan inversión. El Estado tiene que jugar varios roles para compensar lo que el mercado no provee ni resuelve, y eso es lo que el libertarismo no puede admitir sin contradecirse.