Los retrocesos que trajo la pandemia

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, como una forma de recordar a las 146 mujeres que murieron haciendo huelga en la fábrica de camisas Triangle, en Nueva York, en 1911. El 8 de marzo, por lo tanto, es una fecha más asociada a una tragedia o un hecho defensivo que a un triunfo o una conquista feminista. A pesar de todos los avances de los movimientos feministas desde entonces hasta hoy, que van desde el derecho al voto hasta las políticas de justicia menstrual, la situación de este 8 de marzo parece ser tan defensiva como la que dio origen a esta fecha.

El impacto de la pandemia sobre la vida cotidiana de las mujeres, sobre sus ingresos y sus condiciones de trabajo, sumado al efecto de rebote político y la emergencia de movimientos reaccionarios que el movimiento feminista y queer está produciendo en distintas partes del mundo, hacen que en la mayoría de los países las disputas en este 8 de marzo se encuentren en un franco retroceso. Esto se debe a que, a causa de las medidas de aislamiento implementadas en casi todo el mundo durante el 2020, las rutinas cotidianas domésticas y de cuidados se vieron profundamente alteradas. Estas rutinas incluyen, entre otras cosas, las tareas de enseñanza en los casos en que las escuelas se encuentran cerradas, el traslado de niños y niñas a las escuelas y jardines en horarios y días diferentes una vez que se abren, el cuidado de personas adultas mayores, las rutinas de compras, higiene personal y familiar, las tareas de limpieza, el uso de computadoras y un largo etcétera de tareas a las que las mujeres argentinas, en condiciones normales, dedican en promedio 6,4 horas diarias según el INDEC.

La igualdad de género, un destino incierto

Debido a que las mujeres cargan con la mayor parte de estas tareas en todo el mundo, esta alteración de la vida cotidiana tuvo un impacto directo sobre las mujeres, quienes, absorbidas por estas tareas, vieron marcadamente reducida su participación en el mercado laboral. Una cantidad inédita de mujeres dejaron de trabajar y de buscar empleo en todo el mundo durante la pandemia, en un retroceso de la participación laboral que resultó ser el más alto en décadas.

Además, esta dinámica se vio reforzada por la presencia de mujeres en sectores críticamente afectados por las tareas de aislamiento. El más vulnerable de estos sectores resultó ser el trabajo doméstico en casas particulares, que registra altos niveles de informalidad en todo el mundo, pero otras actividades con altos niveles de fuerza laboral femenina, tales como el turismo y la gastronomía, también se vieron golpeadas por la pandemia. Por otro lado, las mujeres que no se vieron perjudicadas por el declive económico de su sector, pero que trabajan en sectores como la salud y los servicios sociales, se vieron particularmente afectadas por su exposición al virus y la profundización de la jornada laboral. Las trabajadoras de la salud (médicas, enfermeras) constituyen en promedio el 70% del sector en todo el mundo.

Otro problema que emergió con fuerza a la luz de la pandemia fue la violencia por motivos de género: la situación de aislamiento incrementó el control de los varones sobre la vida de sus parejas mujeres en las parejas heterosexuales de modo que, en las relaciones violentas, este rasgo se incrementó.

Un tercer obstáculo social y político que están enfrentando los feminismos en el mundo es la “backlash” o reacción de los grupos conservadores ante los avances de los movimientos de mujeres, LGTBIQ+ y de Derechos Humanos. Esto se puede ver con claridad en el avance sobre los derechos reproductivos, especialmente en el aborto.

En suma, la igualdad económica, la violencia machista y la libertad reproductiva son temas que aparecen como centrales en las agendas de este 8 de marzo, que es vivido con mucha preocupación por parte de las feministas y de los espacios progresistas: el destino de la igualdad de género es más incierto que nunca y las herramientas políticas y estatales para construir esta igualdad son, para muchos países, una incógnita.

Europa: retroceso laboral, caída de ingresos y reacción

El Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE, por sus siglas en inglés), alertó recientemente que 2,2 millones de empleos de mujeres se perdieron en Europa durante la pandemia. En España, por ejemplo, hubo un descenso de 9,2 puntos porcentuales entre el segundo trimestre de 2019 y el de 2020. Por ello es que en este país se destinó una partida presupuestaria de 200 millones de euros al plan “Corresponsables de Igualdad”, para facilitar el cuidado de los menores de 14 años, así como un incremento histórico en la inversión para trabajar en la educación de 0 a 3 años, a la cual la ministra de Igualdad, Irene Montero, considera fundamental para fortalecer las políticas de conciliación entre el trabajo doméstico y de cuidados y el trabajo remunerado.

En Francia, debido a la caída de ingresos de las mujeres jóvenes, el Gobierno anunció que los productos menstruales serán gratuitos para la población estudiantil. La ministra de Educación Superior de ese país, Frédérique Vidal, adelantó que se instalarían máquinas que ofrecerán tampones, toallas sanitarias y otros artículos en residencias de estudiantes y servicios de salud universitarios, hasta hacer “completamente gratuito” el acceso a productos de gestión menstrual para toda la población estudiantil.

En Alemania y Suecia se está avanzando con una política de cupos para la incorporación de mujeres en los directorios de las empresas que cotizan en bolsa. En Alemania, esta incorporación se está haciendo a través de una ley que establece que debe haber al menos una mujer en las juntas directivas de empresas privadas que cotizan en bolsa, y que en total cuenten con más de tres miembros. Las firmas con participación mayoritaria del Estado tendrán una reglamentación más estricta: sus juntas directivas integradas por más de dos miembros deberán contar con al menos una mujer. En Suecia, el cupo es del 40%, pero no se estableció por ley, sino a través de negociaciones tripartitas. El objetivo de estas medidas es contrarrestar la segregación vertical o “techo de cristal” que sufren las mujeres en el mundo del trabajo.

En Inglaterra, los miembros del Parlamento están cuestionando los planes de reactivación por estar altamente “genderizados”, es decir, por no contemplar los trabajos que realizan las mujeres, los cuales no están siendo beneficiados por la estrategia de recuperación.  La comisión de Mujeres e Igualdad de la Cámara de los comunes denunció que “las prioridades gubernamentales para la recuperación están fuertemente marcadas por el género y los planes de inversión sesgados hacia sectores dominados por los hombres generan resultados desiguales y exacerban las desigualdades existentes”.

A estos problemas vinculados a la economía y el mundo del trabajo se le suman problemas políticos: los sectores más reaccionarios están presionando, tanto desde los oficialismos como desde las oposiciones, para reducir la autonomía de género, sexual y reproductiva de las mujeres y personas trans. En Polonia, el gobierno anunció en enero que prohibiría de forma casi total los casos en los que las mujeres pueden abortar. Hasta ahora, la interrupción del embarazo en ese país solo podía realizarse ante casos de malformación del feto, en caso de violación o de incesto o si el embarazo suponía un riesgo para la vida de la madre. La nueva ley propuesta por el gobierno prohíbe el aborto en caso de malformación, lo cual en Polonia supone casi la totalidad de las interrupciones del embarazo. Desde 2016, cuando las mujeres hicieron paro ante la amenaza de restringir el acceso al aborto, este derecho constituye el eje de las disputas del movimiento feminista en ese país. En este sentido, resulta interesante tener en cuenta que, hasta 1993 el aborto había sido legal en ese país, al igual que en todos los países socialistas. Desde entonces, cuando se redujo a tres causales, se convirtió en una consigna vertebradora de la política tanto para las feministas como para los sectores católicos y nacionalistas que actualmente están en el poder. Al mismo tiempo, en España, los grupos conservadores están atacando la iniciativa gubernamental de sancionar una ley de identidad de género similar a la argentina, que reconozca en el documento de identidad el género autopercibido. Esta ley, que reconocería el derecho a la identidad como un derecho humano fundamental, es duramente cuestionada no solo por las derechas más conservadoras, sino también por un sector del feminismo que considera que esta ley podría invisibilizar a las mujeres y negarles derechos reconocidos por la legislación previa. Si bien esta alianza entre sectores ultraconservadores y algunos grupos del feminismo no es nueva, es una amenaza para las agendas de ampliación de derechos, en particular en un momento como este.

Estados Unidos: frenar el declive en la participación laboral

La reincorporación de las mujeres al mercado laboral constituye una de las principales preocupaciones para las feministas y parte de los sectores progresistas en Estados Unidos. De acuerdo con el National Women’s Law Center, las mujeres en Estados Unidos perdieron alrededor de 5,4 millones de empleos desde que comenzó la pandemia y cerca de 2,1 millones de mujeres se retiraron completamente de la fuerza laboral desde febrero del año pasado, es decir, dejaron tanto de trabajar como de buscar trabajo. De acuerdo a la oficina de estadística, en Estados Unidos casi uno de cada cinco de los adultos en edad laboral (de 18 a 64 años) que no está trabajando, considera que la principal razón por la cual no trabaja son las tareas de cuidado infantil. Además, entre quienes no trabajan, las mujeres de entre 25 y 44 años tienen casi tres veces más probabilidades de no hacerlo debido a las demandas de cuidado de los niños. De hecho, una de cada tres de estas mujeres no trabaja justamente por este motivo.

Para aliviar la pérdida de ingresos de las mujeres, así como para reactivar la economía, el gobierno de Biden prepara una Ley de Estímulo que consiste en un paquete de 1,9 trillones de dólares que se distribuirán a través de cheques de 1.400 dólares, focalizados en las personas desocupadas y de menores ingresos, la mayoría de las cuales son mujeres. Aún con esta medida inédita, la resolución de los problemas de cuidados de niños y niñas y la salida de las mujeres del mercado de trabajo constituye todo un desafío para este país.

América Latina: más derechos, más violencia, más pobreza

 Aún en la pandemia, América Latina fue un terreno de grandes avances feministas en el último tiempo. En Argentina, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo culminó un año de fuerte institucionalización del movimiento feminista: en diciembre de 2019 se creó un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que fue acompañado por distintas áreas de género distribuidas en todos los niveles y áreas del Estado. Estas áreas permitieron un abordaje de la pandemia que fue reconocido por organismos internacionales: de acuerdo al rastreador global de género en las respuestas ante la Covid-19 sistematizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, la respuesta argentina ante la Covid-19 fue la más feminista del mundo, incluyendo medidas que dieron respuesta a la problemática de la violencia contra las mujeres, medidas de apoyo a proveedoras de trabajo de cuidado no remunerado y medidas de refuerzo de la seguridad económica de las mujeres. Políticas específicas como el Programa Acompañar, refuerzos a las jubilaciones mínimas y los bonos que se sumaron a la AUH, entre otras 26 medidas, hicieron que la respuesta argentina se ubicara primera en el ránking de los apenas 25 países del mundo que tomaron medidas para proteger de manera integral a las mujeres.

Chile, por su parte, dio un paso inédito a partir de definir que la próxima Constitución será paritaria, es decir, reconocerá el derecho de las mujeres a integrar la Asamblea Constituyente en un 50%, en tanto que la misma será formulada con perspectiva de género.

Estos avances conviven con altas tasas de femicidios en la región. La violencia de género es un tema que moviliza fuertemente a los Estados y a los movimientos de mujeres especialmente en México y Argentina. En México, en 2020 se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres, sumando feminicidios y homicidios dolosos. En Argentina, en lo que va de 2021, se registraron alrededor de 60 femicidios y travesticidios.

Este desafío convive con un deterioro marcado de las condiciones laborales y de ingresos de las mujeres en América Latina. Según un informe especial de la CEPAL, la tasa de participación laboral de las mujeres cayó alrededor de 6 puntos porcentuales en América Latina, situándose en un 46%, unos 23 puntos porcentuales por debajo de sus pares varones.  La tasa de desocupación de las mujeres llegó al 12% en 2020: este porcentaje se eleva al 22,2% cuando se calcula sobre la misma tasa de participación laboral de las mujeres de 2019. El mismo informe estima que alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encuentran en situación de pobreza, lo cual implica 23 millones más que en 2019.