La condena contra Le Pen y ¿la politización de la justicia?

¿Sigue siendo posible criticar a la justicia sin ser acusado de atentar contra la democracia y el Estado de Derecho? La cuestión merece ser planteada después de la condena a Marine Le Pen el 31 de marzo de 2025 por parte del Tribunal Correccional de París y el alboroto que esta decisión ha generado. Encontrada culpable de malversación de fondos públicos en el caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional (FN, devenido Agrupación Nacional en 2018), la ex jefa del partido fue condenada con una pena de cuatro años de prisión, dos de ellos en suspenso y dos con un brazalete electrónico, 100.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación con ejecución provisional.

Un veredicto “político”, según Le Pen, que sólo sirve para excluirla del próximo período electoral: “Los jueces han implementado prácticas que se creían reservadas a los regímenes autoritarios”, dijo ofendida en el estudio de la televisión pública, TF1, el 31 de marzo. El presidente de la Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, denunció la “tiranía de los jueces” (Europa 1, 1º de abril). El juicio fue cuestionado igualmente en X por Jean-Luc Mélenchon según el cual “la decisión de destituir a quien ha sido electo debería corresponder al pueblo”, pero también por el primer ministro François Bayrou, quien ha hecho saber su “consternación”.

La izquierda, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y varios altos magistrados se alzaron en defensa de la institución judicial. La Liga de los Derechos del Hombre ensalzó “el valor mismo de la ley y de la fuerza del derecho como herramientas para regular y pacificar las relaciones sociales”. Para Christophe Soulard, primer presidente de la Corte de Casación, “atacar la institución judicial no es sólo atentar contra los jueces, sino también contra los fundamentos de nuestra democracia” (Le Monde, 2 de abril). En definitiva, no hay que cuestionar a la justicia y a los jueces, bajo pena de ser acusado de socavar los valores democráticos.

Nada excepcional

Ver a un adversario político condenado, ciertamente, es motivo de alegría. Pero ¿debemos olvidar años de críticas a una institución eminentemente política, a menudo injusta, dura con los débiles y suave con los poderosos? Los jueces no son profesionales imparciales, impermeables a todo interés personal o partidario.

El proceso de Le Pen ilustra bien las fallas de la institución judicial, pero no por las razones invocadas por los dirigentes de la RN. La condena de su jefa no tiene nada de escandalosa. Entre julio de 2004 y febrero de 2016, el FN desvió 2,9 millones de euros del Parlamento europeo para remunerar a las personas que trabajaban, no como asistentes parlamentarios, sino para el partido. Le Pen no niega la materialidad de los hechos: invoca un “desacuerdo administrativo con el Parlamento Europeo”, argumentando que cada elector debería ser libre de utilizar los recursos parlamentarios como le parezca, siempre que esto quede en el campo de la acción política. Junto con los otros detenidos, ella no tuvo miedo de reivindicar la “falta de justicia” en nombre de la “separación de poderes”.

Denunciar a los jueces y a las leyes, mediatizar la justicia, reconocer los hechos diciendo que no deberían ser condenados: he aquí, aparentemente, todos los ingredientes de una defensa de choque. Manejada con talento por el abogado comunista Marcel Willard o por Jacques Vergès, esta defensa ha mostrado su eficacia. Utilizada contra las evidencias por los dirigentes políticos habituados a pedir severidad a las leyes y a los jueces, se presta a risa. Detrás de su elogio a la desobediencia civil, la defensa de Le Pen es testigo sobre todo de su oportunismo.

Le Pen no niega la materialidad de los hechos: invoca un “desacuerdo administrativo con el Parlamento Europeo”.

La ejecución provisional que se combina con la pena de inhabilitación cristalizó las críticas. Tal medida, sin embargo, no tiene nada de excepcional. El Código Penal prevé que las sanciones pueden ser aplicadas provisoriamente, a condición de que los jueces lo justifiquen. En el caso de la RN, ellos han invocado el riesgo de reincidencia, así como el imperativo de la buena administración de justicia y de salvaguarda del orden público. Sobre el primer punto, el Tribunal ha señalado, más allá de la ausencia de confesiones, que los detenidos habían reclamado una “impunidad total y absoluta” adoptando “una concepción cuanto menos narrativa” de la verdad. En cuanto al segundo, el Tribunal se refirió a “la importante perturbación del orden público democrático que causaría en este caso el hecho de que una persona que ya había sido condenada en primera instancia, en particular a una pena adicional de inelegibilidad por malversación de fondos públicos, fuera candidata, por ejemplo y en particular a las elecciones presidenciales, o incluso elegida”. Por lo tanto, se consideró que este riesgo era mayor que el de una inhabilitación provisional que no se confirmara en segunda instancia, aunque entretanto haya privado a Le Pen de su candidatura presidencial. Desde entonces, la Corte de apelación de París se comprometió a reabrir el caso antes del verano boreal de 2026, en un comunicado publicado al día siguiente de la decisión, después de que Le Pen hubiera exhortado a la justicia a apurarse.

Justicia de primera clase

Por lo tanto, ella se beneficiará de un plazo de apelación corto, que contrasta con la práctica ordinaria de los litigantes. A lo largo del procedimiento, la RN ha disfrutado, de hecho, de una justicia “de lujo”, con la que soñarían muchos acusados. El proceso fue largo y minucioso; los acusados han tenido largo tiempo para exponer su defensa, incluso en los medios. A comienzos de 2017, Le Pen hizo saber que rechazaría acudir a una citación en la sede de la policía judicial, sin preocuparse en absoluto. Cuando se trata de vendedores de marihuana o de carteristas, la gendarmería y la justicia no dudan en usar la fuerza para arrestarlos, luego, para trasladarlos al Tribunal, incluso, tenerlos detenidos provisoriamente o bajo control judicial a la espera del proceso. Le Pen no ha sufrido ninguno de estos tratos.

De hecho, esta justicia de primera clase, reservada a los responsables políticos, a los policías o a los empresarios, contrasta con la sentencia dictada, de una severidad banal. Basta con frecuentar las salas de comparecencia inmediata de los tribunales para constatar que se encierra a los detenidos a un ritmo desenfrenado, después de audiencias de una rapidez asombrosa y que la ejecución provisional es allí moneda corriente, ignorando los principios de presunción de inocencia y de recurso efectivo. Así, en 2023, la tasa de ejecución inmediata de penas de prisión en firme, es decir, de manera provisional sin perjuicio de la apelación, fue del 87% en comparecencia inmediata (1). Esa tasa es del 66% después de una instrucción, de la que se pudo beneficiar Le Pen que, por otro lado, no fue condenada de manera provisional a llevar la tobillera electrónica.

En el marco del proceso de excepción que es la comparecencia inmediata, la orden de arresto es más sistemática que en otros lugares, porque los jueces no tienen ninguna obligación de adaptar las penas inferiores a un año de prisión. Pueden enviar a los condenados a prisión cualquiera sea la duración de la pena, así sea muy corta. Estos convictos, formalmente, tienen el derecho a apelar, pero la brevedad de su sentencia, sumada a los retrasos de las audiencias (cuatro meses para una persona detenida) los disuaden de hacerlo. ¿Por qué arriesgarse a ver su sanción agravada? Le Pen, oportunamente, puede quejarse de ser privada de un recurso efectivo. Pero ella fomentó esta misma privación cuando su partido votó, el 3 de abril último, la propuesta de ley del grupo Horizons y los independientes que le permite al juez el reestablecimiento de la posibilidad de dictar las sentencias de prisión inferiores a un mes y la revocación de la obligación de adaptar las penas de menos de un año.

Algunos se sintieron ofendidos porque se le haya reprochado a Le Pen su rechazo a admitir su falta, contribuyendo así a aumentar la pena. “Ella debería haberse declarado culpable para esperar la indulgencia de la justicia. ¿En qué mundo vivimos?”, se atragantó, por ejemplo, el intelectual Alain Finkielkraut (Le Point, 3 de abril). Pero todos los días, muchos acusados se ven retenidos en prisión preventiva o condenados a penas más graves porque no reconocen los hechos. A partir de Michel Foucault, sabemos que la confesión tiene un lugar central en nuestro sistema judicial, heredado de la moral cristiana (2). Algunas investigaciones han demostrado que un detenido que haya reconocido los hechos puede salir más fácilmente de prisión (3).

La presidente de la RN ha sido también víctima de una violencia que ella misma reclama. Existe un gran temor de que, por querer defender su condena, se termine prohibiendo toda crítica de la ley y de la institución judicial. En lugar de reeditar la batalla entre el gobierno de los jueces y la defensa del Estado de Derecho (4), un análisis sereno de esta sentencia debería llevarnos a pedir que todos los acusados que se enfrentan a la justicia reciban un trato al menos tan favorable como el de Le Pen, y a denunciar la dureza del derecho penal con ejecución provisional que pide el Parlamento y que se aplica en nuestros tribunales.

1. Références statistiques justice. Édition 2024, Ministerio de Justicia, París, 2024.

2. Michel Foucault, Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice. Cours de Louvain, 1981, Prensa universitaria de Louvain – Prensa de la Universidad de Chicago, Louvain-Chicago, 2012.

3. Pierre Januel, “La place de l’aveu dans la détention provisoire”, Dalloz Actualité, 29 de octubre del 2018; Arnaud Derbey y Sacha Raoult, “Faut-il avouer pour sortir de détention provisoire?”, Observatorio Regional de la Delincuencia y de los contextos Sociales (ORDCS), 2018.

4. Vincent Sizaire, “Le gouvernement des juges, mythe et réalités”, Le Monde diplomatique, diciembre del 2024

Traducción: María Eugenia Villalonga