Purga social

“Mi verdadero adversario es el salario”. Por supuesto, este tipo de convicción no se declara públicamente, y el Presidente de la República francesa no se expresa así. Para la izquierda, a la hora de ganar una elección, más vale proclamar su rechazo del mundo de las finanzas. Pero, una vez vaciadas las urnas, el dogma del “costo del trabajo” demasiado elevado dictó la conducta de François Hollande, sea cual fuere su primer ministro.

No esperó ni siquiera un mes desde su llegada al Elíseo para demostrarlo. Su primera decisión fue sobre el SMIC [salario mínimo de crecimiento]: limitó el “empujoncito” ritual a… 0,56 centavos brutos la hora. Aparte de Nicolas Sarkozy, que no otorgó nada, ningún Presidente había derogado la tradición de aplicar al salario mínimo un alza superior a la que prevé la ley. Sin siquiera remontarse a 1981, cuando François Mitterrand subió el SMIC un 6,1% (por encima de la inflación), se puede citar el ejemplo de Jacques Chirac en 1995 (+2,9%) o en 2002 (+3%) (1).

Según uno de esos “visitantes nocturnos” que el anfitrión del Elíseo parece estimar, este “aumento limitado” apunta a “preservar a las empresas” (2). Pues va de suyo que el SMIC amenazaría su supervivencia, incluyendo la de los gigantes de la distribución como Carrefour, Intermarché y otros campeones de los bajos salarios. En tal caso, deberían estar satisfechas: entre julio de 2012 y julio de 2014, el poder adquisitivo del SMIC neto (una vez pagadas las cargas sociales) bajó el 1,5%.

“Siempre menos”

Pero el ataque va mucho más allá. Por primera vez desde la posguerra, los empleadores tuvieron las manos libres para bajar los salarios, aumentar las horas trabajadas u obligar al empleado a cambiar de unidad de producción cualquiera fuese el contrato. El gobierno llamó a eso, con toda seriedad, la “securización del empleo”, haciendo alarde de haber simplemente puesto en marcha un acuerdo firmado por las tres organizaciones patronales, entre ellas el Movimiento de las Empresas de Francia (MEDEF), y por tres sindicatos de empleados, incluida la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT). Único límite a la omnipotencia patronal: hay que obtener el consentimiento de sindicatos que representen al menos la mitad de los empleados. Con el nivel de desocupación actual, no parece muy difícil.

En Renault, por ejemplo, el acuerdo llevó a aumentar el tiempo de trabajo reduciendo el número de días de descanso (un 16% en promedio) y a congelar los salarios según la consigna “trabajar más para ganar menos”, al mismo tiempo que ratificaba una reducción del personal del 15%. No debe sorprender que el grupo haya multiplicado sus beneficios por veinte (3) –aun cuando esos resultados no sólo correspondan a Francia–.

Por otra parte, las experiencias precedentes no dejaban lugar a dudas. En Bosch, en Vénissieux, los empleados habían aceptado en 2004 trabajar treinta y seis horas, pero pagadas treinta y cinco, y renunciar a una parte de las horas extra por trabajo nocturno; sus “sacrificios” sólo sirvieron para volver más presentable la sociedad: la fábrica fue vendida en 2010 y se recortaron más de cien empleados. El mismo panorama en General Motors (Estrasburgo), Continental (Clairoix), Dunlop (Amiens)…

El “siempre menos” salarial se convirtió en la doctrina oficial defendida por Hollande y su mayoría parlamentaria. Primero, a mezza voce, durante la puesta a punto del Crédito Impositivo para la Competitividad y el Empleo (CICE), un vasto plan de reducción de las cargas sociales pagadas por la patronal, adoptado en diciembre de 2012. No se trata de un mero detalle: ya en 2013, la masa salarial de todas las empresas (ricas y pobres, grandes y pequeñas) disminuyó en un 4% en promedio, contra un 6% previsto de aquí a 2016. No obstante, este gigantesco regalo bajo forma de crédito impositivo sólo se materializaría verdaderamente en 2014. Hasta entonces, el equipo Hollande podía pues jactarse de sus “esfuerzos a favor del empleo”, sin reivindicar los dogmas liberales. Y la patronal podía continuar vilipendiando las “cargas” insoportables y los impuestos confiscatorios –todos recuerdan la fronda de las “palomas” (4) y las declaraciones altisonantes de Pierre Gattaz, presidente del MEDEF–.

A principios de 2014, el tono cambia. Hollande amplía las ayudas concedidas, que bautiza con el bello nombre de “Pacto de responsabilidad”. Abandona entonces toda máscara ideológica y afirma, durante su conferencia de prensa del 14 de enero de 2014, que el pacto tiene un “principio simple: aliviar las cargas de las empresas, reducir sus obligaciones”. Palabras propias de Gattaz. O de Sarkozy, como prefieran. De paso, el Presidente socialista olvida los fundamentos mismos de la carga social, concebida, desde su origen, como una contribución solidaria de una parte del salario de los trabajadores a los organismos de la seguridad social o al seguro de desempleo, para hacer frente a las vicisitudes de la vida. Esta mutualización no tiene nada que ver con la remuneración del capital (dividendos, tasas de interés) que, por su parte, se vuelve cada vez más voraz. “Un asalariado trabaja hoy alrededor de seis semanas y media para los accionistas, contra dos semanas hace treinta años”, calculó el economista Michel Husson (5). Pero, para Hollande, no hay cargas ligadas al capital…

El poder se avino a reducir, o incluso a hacer desaparecer (para el SMIC para enero de 2015, por ejemplo), las cargas sociales pagadas por el empleador, y a bajar los impuestos sobre las sociedades de 5 puntos para 2020. Obligado a aumentar las cargas para la jubilación, anuncia un alza que promete equitativa entre los asalariados y los empleadores (+0,15 puntos cada uno), pero asegura enseguida que estos últimos estarán exentos, al menos en 2014. El contribuyente pagará por ellos…

Redistribución invertida

Reconozcamos que el Partido Socialista posee un don particular para romper los “tabúes” del modelo social francés. Así, en 1983, apoyándose (ya) en la crisis –monetaria en este caso–, el ministro de Economía Jacques Delors había impuesto la desindexación de los salarios sobre la inflación. Es lo que el economista Alain Cotta llamó más tarde la “donación Delors”, el regalo “más importante que la empresa privada haya recibido jamás de los poderes públicos” (6): 232.000 millones de francos (el equivalente a 76.000 millones de euros) sustraídos de los salarios entre 1983 y 1986. Para la patronal, la victoria fue a la vez financiera e ideológica: la escala móvil (la indexación) de los salarios, que existía desde 1952, había muerto.

Esta vez, la patronal recibe un maná nada despreciable en estos tiempos de escasez presupuestaria: 40.000 millones de euros. Además, la idea de hacer desaparecer progresivamente las cargas sociales, pagadas por los empleados y los empleadores, en provecho de la Contribución Social Generalizada (CSG), pagada en su mayor parte por los trabajadores y los jubilados, se abre camino. Las empresas están siendo progresivamente desresponsabilizadas de la protección social. E incluso se niegan a comprometerse, como contrapartida, a crear cualquier empleo que sea. Peor aun: siguen despidiendo. En junio de 2014, el número oficial de solicitantes de empleo alcanzaba los 3.398.300, es decir un aumento del 4% en un año.

Por otra parte, no es la primera vez que el Estado alimenta a las empresas con aportes no reembolsables. Lo prueba el crédito impositivo de investigación (CIR, en francés), que representó más de 5.000 millones de euros en 2011 y alcanzará sin duda 6.000 millones de euros en 2014, según las estimaciones oficiales. Las ayudas están dirigidas prioritariamente a los mastodontes ultrarrentables, como Sanofi, Total, L’Oréal, Dassault Aviation, Peugeot, Servier, etc. (7). Además, el dinero consagrado a la investigación y el desarrollo en las empresas bajó un 1,8% entre 2008 y 2011 (últimas cifras conocidas). En cuanto a la investigación pública, por su parte, sus créditos se encuentran estancados o, incluso, bajan: por ejemplo, -3% para el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica (INSERM, en francés).

Como subraya el semanario económico L’Usine nouvelle, “las empresas tienen dinero, pero no las ganas de invertir” (18-12-13). No es lo suficientemente rentable. Más aun cuando las salidas se reducen tanto en Europa, primer mercado de Francia, como en el mercado interno. Y con razón: lo que se les da a unos se les saca a otros. No sólo hay que compensar los regalos sociales y fiscales, sino también reducir el déficit público, conforme a la doxa europea. Así, el equipo Hollande-Ayrault-Valls aumentó los impuestos, creando una nueva categoría sobre los más altos ingresos –la primera desde hace dos décadas– pero, sobre todo, castigando al resto. Dos millones de hogares que no pagaban impuestos se convirtieron en contribuyentes en 2013. Recién en julio de 2014 el gobierno eximió a las personas que cobran menos de 1.200 euros. Y los bajos ingresos crecieron tanto que esta sola medida provocó una disminución del número de hogares imponibles, que pasó de un 53% de las familias en 2013 al 48,5% en 2014. Por otra parte, Hollande prometió fusionar la prima para el empleo y el Ingreso de Solidaridad Activa (RSA, en francés) otorgados a los muy bajos salarios para “mejorar el poder adquisitivo de los asalariados más modestos” (8). Sin más precisiones.

De todas formas, todos los asalariados, modestos o no, financian la reducción de las cargas pagadas por sus empleadores cada vez que consumen, a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyas tasas treparon desde el 1 de enero de 2014. El IVA “social”, inventado por Sarkozy, fue actualizado. Al igual que la Revisión General de las Políticas Públicas (RGPP), reaparecida bajo el nombre “modernización de la acción pública”. Es cierto que el gobierno creó 24.600 puestos docentes, pero estas creaciones deben ser compensadas con reducciones en los otros sectores.

Los objetivos no variaron: aligerar el “mamut”, señalado como la causa primera, si no la única, del déficit público. Sin embargo, contrariamente a lo que sostienen los dirigentes, la participación de los gastos del Estado en el Producto Interno Bruto bajó dos puntos entre 1978 y 2012 (9). El déficit proviene esencialmente de la reducción del nivel de imposición de las familias más ricas y de los intereses otorgados a los ricos prestamistas, dos decisiones asumidas por los sucesivos gobiernos, tanto de derecha como de izquierda.

Una sola voz

Socialmente injusta, esta política conduce derecho a la recesión, cuyos primeros signos ya se hacen notar. En efecto, la austeridad salarial arrastra en su caída al consumo (-0,5% en el primer trimestre de 2014), que conduce a una reducción de la producción (-1,2% en el segundo trimestre de 2014), a un aplazamiento de las inversiones y a una presión a la baja de los precios: lo que se llama deflación. De allí que los ingresos fiscales se reduzcan y, mecánicamente, el peso de la deuda aumente, incitando a los ideólogos del mercado a exigir una rebaja suplementaria del gasto público y de los salarios. La espiral es conocida. Japón intenta salirse sin éxito desde hace más de quince años.

El razonamiento simplista, según el cual la rebaja de los gastos salariales asegura una mayor competitividad, que permite exportar más e incentivar el crecimiento, es inoperante. Por al menos tres razones: en primer lugar, los clientes de Francia también sufren la austeridad –incluso Alemania, que apostó al “todo a la exportación” a la manera china, se desploma–. Luego, el euro fuerte devora las disminuciones de costos internos. Por último, la competitividad depende menos del nivel de los salarios que de la innovación y de la calidad de los productos; y, en estos dos terrenos, Francia acusa un retraso que no se podrá compensar sino con la alta calificación de los empleados (y por lo tanto con salarios altos).

Muchos economistas exploran otras pistas. No tienen voz en este asunto. Hollande generalizó el recurso a los especialistas, pero los selecciona con sumo cuidado, con la idea de aparentar objetividad en las decisiones volcadas a favor del capital. El informe sobre la competitividad, que preparó el terreno para el pacto del mismo nombre, fue pensado por Louis Gallois, actualmente presidente del Consejo de Supervisión de Peugeot, después de haber dirigido la SNECMA (aeronáutica y espacial), la SNCF (Sociedad Nacional de Ferrocarriles) y EADS (European Aeronautic Defense and Space), todas empresas que sufrieron “planes sociales”. El informe de las jubilaciones fue elaborado por Yannick Moreau, miembro del muy selecto club Le Siècle (que reúne dirigentes políticos, patrones y periodistas), así como por Daniel Cohen, consejero del Banco Lazard, y por Sylvie François, directora de Recursos Humanos en La Poste (El Correo) –donde los suicidios de agentes se multiplican– (10).

El mismo escenario para el grupo de especialistas sobre el salario mínimo: comprende a François Bourguignon, vicepresidente del Banco Mundial, o incluso a Stefano Scarpetta, director de Empleo y Políticas Sociales en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que desde hace veinte años hace campaña por una desregulación del mercado del trabajo. Ni un solo disidente, ni una sola voz iconoclasta. 

1. En 1997, Lionel Jospin, primer ministro de Jacques Chirac durante la cohabitación, acordó un alza suplementaria del 2,8%.
2. Libération, París, 26-6-12.
3. Pierrick Fay, “Un premier semestre encourageant pour les bénéfices du CAC 40”, Les Echos, París, 8-8-14.
4. Nombre que adoptaron los dirigentes de pequeñas empresas que lanzaron, en el otoño de 2012, una petición en línea contra el alza de los impuestos.
5. Michel Husson, “Le partage de la valeur ajoutée en Europe”, La Revue de l’Ires, N° 64, Noisy-le-Grand, 2010.
6. Alain Cotta, La France en panne, Fayard, París ,1991.
7. Le Monde, París, 30-9-13.
8. Entrevista con el diario Le Monde, 30-9-13.
9. Colectivo para una auditoría ciudadana de la deuda pública, “Que faire de la dette ? Un audit de la dette publique de la France”, 27-5-14, www.audit-citoyen.org
10. Véase Noëlle Burgi y Antoine Postier, “A La Poste, des gens un peu ‘inadaptés’”, Le Monde diplomatique, París, julio de 2013.