DEL CUIDADO COMUNITARIO AL TRABAJO EN CASAS PARTICULARES

¿Quién sostiene a quienes cuidan?

Por Karina Brovelli y Eleonor Faur*
Argentina y México presentaron una declaración en el marco de la 48° sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para que se reconozca el "derecho al cuidado" de las personas como un derecho humano. La propuesta cuenta con el apoyo de 50 países. En esta investigación sobre trabajos de cuidado en el contexto del Covid-19 –que integra un informe de la CEPAL, el PNUD y el Ministerio de las Mujeres– se pone de manifiesto la centralidad del trabajo de cuidado para el sostenimiento de la vida. Al mismo tiempo, cómo los hogares más afectados por la emergencia sanitaria son los de la población que recibe o provee cuidados tanto comunitarios como en casas particulares.
Mural de Ailén Possamay en Carmen de Areco, Buenos Aires, Argentina

Agradecemos especialmente a Eleonor Faur por habernos cedido el material para su publicación.

En los últimos años, el cuidado ingresó en la agenda pública, y la demanda del movimiento de mujeres acerca de la necesidad de reconocer, redistribuir y reducir la carga de trabajo no remunerado que se desarrolla en la esfera familiar cobró un protagonismo insospechado. “No es amor, es trabajo no pago” es hoy un grito de guerra en los –muy activos– feminismos de la Argentina, que enarbolan así una lúcida –aunque parcial– consigna política de la gran Silvia Federici. Una consigna que llama a desromantizar la provisión de cuidados y poner en evidencia su importancia económica. La visibilización de los cuidados provistos en los hogares eclipsó, en cierta medida, la extensión y profundidad de los cuidados comunitarios, tan invisibles como los del ámbito familiar. La pandemia y la agudización de la pobreza y la indigencia colocaron a los cuidados comunitarios en el ojo de la tormenta.

En tal contexto, este estudio analizó la situación de mujeres que trabajan en tres sectores de cuidado (jardines y centros comunitarios, comedores comunitarios y personal de casas particulares) para comprender cuáles son los límites en la autonomía económica de estas mujeres y en qué medida se vinculan con su propia actividad. El resultado muestra un panorama de gran complejidad. El mundo del cuidado –la suma de actividades que implica, el nivel de dedicación personal que moviliza, los marcos regulatorios que lo contienen y el bienestar que produce– da cuenta de un entramado en el cual, mientras que algunos componentes se pueden objetivar –y contabilizar– de manera eficaz, otros resultan difíciles de dimensionar –el cuidado indirecto en los espacios comunitarios– y otros, incluso, son imperceptibles e inasibles –el cuidado emocional que producen los tres sectores–. Todo ello se agudiza en un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica, como la provocada tras la irrupción del COVID‐19.

Las mujeres que trabajan en estos sectores educan, alimentan, limpian, contienen, orientan y apoyan a individuos, familias y comunidades todos los días. El trabajo que llevan adelante es esencial para sostener la vida y el bienestar de sus destinatarios/as; sin embargo, se desarrolla bajo condiciones sumamente precarias y con ingresos que se ubican, casi siempre, por debajo de la línea de pobreza. De modo que el uso intensivo de la fuerza de trabajo de cuidado de las mujeres de los sectores populares va a contramano de su propia autonomía económica.

Ahora bien, los tres sectores estudiados, en los que se desempeña una arrasadora mayoría de mujeres son, de hecho, muy diferentes entre sí. Una distinción evidente se da entre los cuidados comunitarios y el servicio doméstico. En los primeros hay redes de contención que se originan en el trabajo asociativo y el compromiso social. Allí no existe la figura del “empleador/a” y los vínculos se establecen entre las comunidades, el Estado y los hogares. El objetivo es sostener el bienestar de miembros y hogares de las comunidades de las cuales estas mujeres suelen formar parte. Hay militancia, hay compromiso, hay afectividad y, desde ya, hay mucho trabajo. El Estado ha avanzado en el financiamiento de los espacios, pero no en el reconocimiento del trabajo de cuidado necesario para su funcionamiento. De hecho, en el lenguaje de las políticas públicas abundan las referencias a las “colaboradoras” y a los “incentivos” –en lugar de “trabajadoras” y “salarios” o “remuneraciones” –.

A su vez, dentro del universo de los cuidados comunitarios hay distinciones que merecen subrayarse. En los jardines y centros comunitarios se lleva adelante un trabajo que conjuga educación y cuidado. Mediante pedagogías populares se busca allí propiciar el desarrollo y los derechos de las infancias. Construir condiciones que –a futuro– contribuyan a quebrar la reproducción generacional de la pobreza. En los comedores, por su parte, se trabaja en la inmediatez, luchando contra el hambre y la indigencia, sosteniendo la mera subsistencia. Unos y otros tuvieron recorridos y fortalecieron saberes diferentes. Son dos rostros particulares dentro del ancho mundo de los cuidados comunitarios. Son diferentes, también, sus demandas hacia al Estado: articuladas en función de la regularización del trabajo sociocomunitario y el reconocimiento de derechos como trabajadores/as en los jardines, y de la posibilidad de contar con mercadería suficiente y no “estar al día” en los comedores. La demanda común en ambos sectores es que sus trabajadoras/es reclaman participar en la toma de decisiones de las políticas.

En el trabajo de casas particulares, existe una transacción mercantil entre sujetos cuyo poder relativo para negociar las condiciones en las que se lleva a cabo es profundamente desigual. Hay una transferencia de cuidados desde los hogares pobres a los de mayor nivel adquisitivo. El Estado interviene en la regulación del vínculo laboral pero su eficacia para fiscalizar el alcance de la ley es limitada. Al punto que ni siquiera el trabajo registrado garantiza –en tiempos de crisis– el sostenimiento de los ingresos de las trabajadoras.

En el trabajo de casas particulares, existe una transacción mercantil entre sujetos cuyo poder relativo para negociar las condiciones en las que se lleva a cabo es profundamente desigual. Hay una transferencia de cuidados desde los hogares pobres a los de mayor nivel adquisitivo.

Lo común a los tres sectores estudiados es que en estos participan una inmensa mayoría de mujeres que pertenecen a sectores populares y que, en todos los casos, la pandemia alteró las dinámicas de su actividad. Para las mujeres que trabajan en espacios comunitarios, la intensificación del trabajo de cuidado (directo, indirecto y emocional) se tradujo en una mayor cantidad de horas de dedicación, además del cambio de las prácticas cotidianas y la veloz adaptación a un contexto insospechado. Además de modificarse la modalidad del cuidado comunitario, también cambió el perfil de las personas asistidas, con una creciente demanda de alimentación y, de manera más general, de atención y cuidado de personas mayores y adultos/as que quedaron sin ingresos. Si bien desde el Estado nacional hubo un mayor reconocimiento de la tarea de quienes realizan cuidados comunitarios –en especial, de quienes llevan adelante comedores‐ los ingresos de las mujeres que los llevan adelante –por el momento‐ no reflejan incrementos significativos. En el servicio doméstico, el Estado decretó licencias con goce de sueldo, pero la enorme informalidad del sector sumada al escaso control del cumplimiento de las medidas implicó que muchas mujeres quedaran desprotegidas.

Frente a este escenario, las preguntas que surgen son: ¿qué sucede con el bienestar de las mujeres de sectores populares que día a día sostienen, con su trabajo, la vida de una proporción importante de la población? ¿Quién sostiene a quienes cuidan? Hay aquí uno de los nudos gordianos para desatar, para que las tareas de cuidado no representen un obstáculo que impida la autonomía económica de las mujeres que las llevan a cabo.

Desde el punto de vista de las políticas de cuidado, y siguiendo los lineamientos de CEPAL y ONU Mujeres (2020), las recomendaciones se articulan alrededor de cinco componentes: los servicios, las regulaciones, la formación de quienes cuidan, la gestión de información y la producción de conocimiento, y la comunicación.

1) Los servicios que se proveen. Es necesario garantizar servicios de cuidado universales y de calidad, en particular en lo que atañe a la educación de las infancias y a la alimentación que se proveen en el ámbito comunitario. Para ello es imprescindible asegurar infraestructura de cuidados y presupuestos acordes a la demanda de la población, y condiciones de trabajo adecuadas para quienes se desempeñan en estos espacios. En la definición de estos aspectos resulta de suma importancia establecer diálogos con las trabajadoras del cuidado; las decisiones de política pública deben ser tomadas incorporando la perspectiva de quienes las llevan adelante.

2) Las regulaciones que se establecen. El trabajo en casas particulares cuenta en la Argentina con una legislación que protege derechos, pero también con enormes déficits en la fiscalización del cumplimiento de los derechos laborales reconocidos. Es necesario reforzar la implementación de políticas activas que tiendan a una mayor formalización de estas trabajadoras, elevar los pisos salariales y fortalecer sus espacios de representación sindical. Dadas las características del sector, resulta evidente el límite de las políticas basadas apenas en la “invitación” a regular a las trabajadoras.

En el caso del trabajo en comedores y jardines o centros comunitarios, el vacío legal es una carencia que requiere repararse. Hay proyectos legislativos presentados en 2020 para crear un estatuto que regule el trabajo sociocomunitario y reglamente el tipo de vínculo con el Estado. Sea mediante la aprobación de alguno de estos proyectos o de otros, se requiere asegurar derechos para quienes cuidan, derechos que incluyan no solo ingresos dignos, sino también acceso a la seguridad social. Ahora bien, en todos los casos, la sanción de legislación adecuada es una condición necesaria pero insuficiente para proteger los derechos de las mujeres que se desempeñan en los sectores estudiados. Hace falta, además, identificar cuáles son las condiciones que garantizan la aplicación de esas leyes y trabajar sobre éstas.

3) La formación de las personas que cuidan. Garantizar servicios de cuidado de calidad implica, entre otras cosas, contar con trabajadores/as capacitados y cuyos saberes y competencias sean reconocidos. En el caso de los comedores y jardines o centros comunitarios, quienes los integran no solo han desarrollado valiosos saberes y experiencia en la práctica, también han participado, a lo largo de los años, de diversas instancias de formación. Habida cuenta de esto, y más allá de las políticas que pudieran implementarse para promover la continuidad de su capacitación, resulta vital valorizar y certificar los conocimientos desarrollados, existentes y acumulados en estos espacios, muchas veces por fuera de los márgenes de la educación formal especialmente de quienes se dedican al cuidado y a la educación de las infancias, al tratarse, en una gran proporción, de trabajadoras profesionales.

El perfil de las mujeres que trabajan en casas particulares es diferente; la mayoría no ha culminado el nivel secundario, por lo que resulta esencial impulsar su inclusión en políticas de terminalidad educativa para ampliar el horizonte de posibilidades de inserción laboral, además de promover instancias de formación vinculadas a su actividad que pudieran contribuir a su jerarquización.

Además, es central desarrollar saberes en relación con los derechos laborales que las amparan.

4) Gestión de la información y generación de conocimiento público sobre los cuidados. Contar con información sistemática sobre el trabajo de cuidado permite no solo elaborar políticas más eficaces para el sector, sino además fundamentar con rigurosidad la relevancia económica de esta actividad en el desarrollo de la sociedad. De las tres ocupaciones analizadas, el trabajo en casas particulares es la que se encuentra más investigada y de la que existe información pública.

En el caso de los comedores y los jardines o centros comunitarios, el conocimiento es limitado y las investigaciones, aún escasas. En 2020, desde el Estado nacional se han creado el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) y el Sistema de Información y Monitoreo de Centros de Desarrollo Infantil (SIM‐CDI). Además, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad ha avanzado en la construcción de un “Mapa Federal de Cuidados”. Todo ello será importante para mejorar el conocimiento respecto de estos ámbitos. No obstante ello, resulta imperioso contar con estudios que permitan dar cuenta del aporte económico y social del trabajo realizado en los ámbitos comunitarios, que incluyan encuestas de uso del tiempo válidas para el sector, capaces de cuantificar la participación y dedicación horaria a los cuidados comunitarios directos e indirectos, estimar su aporte al Producto Bruto Interno nacional y desarrollar otras investigaciones cuantitativas y cualitativas.

5) Acciones de comunicación dirigidas a la difusión de los derechos y la transformación de los patrones culturales patriarcales. Jerarquizar y desromantizar la actividad –y la disposición– de quienes proveen cuidados es esencial para promover la transformación de patrones culturales fuertemente arraigados. Es, además, indispensable para que la actividad de cuidados que realizan de manera mayoritaria las mujeres sea asociada con derechos y no con una suerte de altruismo generalizado y edulcorado. Ello requiere de campañas de comunicación extendidas y sostenidas en el tiempo, pues los patrones culturales no se modifican de un día para otro.

Finalmente, de lo que se trata es de fortalecer el ejercicio de derechos para las mujeres que

trabajan en cuidados comunitarios y en casas particulares, mujeres cuya condición de género y clase y cuya ocupación vinculada al trabajo de cuidado no les permite garantizar la autonomía económica. ¿Es posible asegurar los cuidados que requiere la sociedad si no se cuida a quienes cuidan? Transformar la crisis en una oportunidad será solo un eslogan si las sociedades y los estados no se disponen a hacerlo.

De otro modo, como señaló un entrevistado, “nos vamos a quedar sin cuidados”.


Fragmento extraído del capítulo IV: “Del cuidado comunitario al trabajo en casas particulares. ¿Quién sostiene a quienes cuidan?”  del informe Cuidados y mujeres en tiempos de COVID‐19: la experiencia en la Argentina realizado en el marco del programa Primera Infancia y Sistema Integral de Cuidados, del Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se implementa con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas en el país. Este documento reúne los estudios realizados en conjunto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina.

Descargá aquí el informe completo.

 

* Respectivamente: Licenciada en Trabajo Social y magíster en Políticas Sociales. Integrante del Servicio Social del Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández”. / Profesora e investigadora IDAES‐Universidad Nacional de San Martín.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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