Tragedia humanitaria y sanitaria en Brasil

Con más de 3.000 militares en los ministerios –incluyendo nueve ministros oficiales activos o retirados– no se puede decir que el Ejército brasileño se mantenga neutral con respecto a la política. El presidente Jair Bolsonaro es él mismo producto de los cuarteles. Los militares y sus familias le dieron sus votos en las elecciones municipales de 1988, lo que le permitió convertirse en concejal de la ciudad de Río de Janeiro. Elegido diputado federal siete veces seguidas, siempre defendió los intereses de los militares, incluso pidiendo una amnistía para los motines de la policía militar que exigían aumentos de sueldo en febrero de 2020 (1). Fue elegido presidente de Brasil en 2018 con el apoyo de los militares.

Abiertamente autoritario, Bolsonaro ha defendido la dictadura (1964-1985) y despreciado las instituciones democráticas a diario. Suprimió las subvenciones públicas y la financiación de los sindicatos, las universidades públicas, los centros de investigación y las organizaciones sociales. Amenaza abiertamente con disciplinar al Parlamento y a la Corte Suprema Federal (2). Los movimientos sociales son criminalizados y perseguidos, varios de sus dirigentes han sido asesinados; los periódicos y canales de televisión que se oponen al gobierno tienen grandes dificultades para acceder a los subsidios públicos; la prensa opositora es atacada y sus periodistas son amenazados por grupos de extrema derecha en Internet.

Algunos de los generales que rodean a Bolsonaro estaban al mando de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), a la que se acusa de llevar a cabo masacres en Cité Soleil, la mayor favela de la capital, Puerto Príncipe. Con esta experiencia a cuestas, ahora están patrullando las favelas de Río de Janeiro imponiéndoles el terror. Varios generales retirados que ocupan importantes cargos en el gobierno participaron en la dictadura. Los delitos de este período permanecen en gran medida impunes.

Epidemia de fake news

Bolsonaro utiliza masivamente el infox (fake news) para desacreditar a la oposición y defender las políticas de su gobierno. Apoyado por varios líderes empresariales, este sistema está organizado desde la cúpula del Estado. Instalado en el tercer piso del palacio presidencial, se llama “Gabinete del Odio” (3) y arma causas contra los adversarios políticos y los opositores (4). Es un vasto sistema de producción de noticias falsas basado en millones de robots. Utilizado durante la campaña presidencial, ahora funciona gracias a la financiación pública. Según la diputada Joice Hasselmann (Partido Social Liberal), este “gabinete del odio” está coordinado por los propios hijos de Bolsonaro, Carlos y Eduardo, e incluye al Asesor Especial de la Presidencia, Felipe Martins, y a tres asistentes de Carlos: Tércio Arnaud Tomaz, José Matheus Sales Gomes y Mateus Matos Diniz. Difunde ataques racistas y sexistas, falsas acusaciones de corrupción y todo tipo de calumnias, gracias a las ciber-milicias y a un ejército de trolls, cyborgs y bots. La congresista Joice Hasselmann estima que Bolsonaro tiene 1,4 millones de robots.

Una investigación realizada por la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Fundación Escuela de Sociología y Política de São Paulo sobre los homenajes rendidos a Bolsonaro el 15 de marzo de 2020, a través del hashtag #BolsonaroDay, concluyó que, de las 66.000 menciones favorables al presidente, el 55% fueron producidas por robots. En el estudio se identificaron 1.700 cuentas que utilizaban el hashtag en cuestión y se desactivaron a las pocas horas de emitir el mensaje. Estas cuentas falsas transmitieron 22.000 mensajes a favor de Bolsonaro. También se sospecha que Cambridge Analytica (CA), la empresa especializada en la manipulación de la opinión pública utilizando los datos personales de los usuarios de Facebook, habría participado en la campaña de Bolsonaro, según Brittany Kaiser, ex empleada de CA. Una comisión parlamentaria de investigación (CPI), creada para estudiar el impacto de las fake news, ha revelado que el gobierno federal pagó en forma clandestina a los canales de televisión por la emisión de 2 millones de anuncios entre el 6 de junio y el 13 de julio de 2019, o sea 38 días.

La herencia de un país esclavista

El apoyo de gran parte de la comunidad empresarial, que quería poner fin al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), fue fundamental para la victoria de Bolsonaro en 2018. Muchos dirigentes empresariales apoyaron su programa de austeridad y la reducción de los derechos sociales. La Federación Brasileña de Bancos, la Confederación Nacional de la Industria y la Federación de Industrias del Estado de São Paulo siguen defendiendo al presidente, aunque haya voces disidentes.

Las iglesias evangélicas, las más fundamentalistas y conservadoras, también dieron su apoyo a Bolsonaro durante las elecciones presidenciales. De los 58,7 millones de electores que lo votaron, 21,7 millones eran evangélicos. La prensa hegemónica –televisión y periódicos–  controlada por seis de las familias más ricas de Brasil, divulgó permanentemente informaciones en contra el PT, acusándolo de corrupción e incompetencia. Esto último también contribuye a crear un clima de odio contra los pobres y los negros.

La herencia cultural de un país esclavista significa que las élites y gran parte de las clases medias aceptan que los jóvenes negros y pobres sean constantemente perseguidos y asesinados por la policía, sin que haya ninguna reacción de las instituciones democráticas ni de la “sociedad civil”. Cada año, cerca de 45.000 jóvenes con estas características son asesinados en Brasil. Víctimas del terror impuesto por el Estado, las favelas viven en un estado de emergencia permanente. La democracia y el respeto a los derechos nunca las han alcanzado.

Estudios recientes establecen que el 65% de las clases medias y altas votaron por Bolsonaro, es decir unos 22 millones de votantes. Algunos de estos votos eran anti-PT, pero el voto también estuvo influido por su percepción de deterioro social en un contexto de estancamiento económico, por su temor al ascenso social de los más pobres, su rechazo a la corrupción y al comunismo y su defensa de un conservadurismo moral muy arraigado.

La tragedia que hoy vivimos con la pandemia y la incompetencia del gobierno federal ante la crisis sanitaria empiezan a separar a estos sectores de la sociedad de Bolsonaro (5). Las iglesias perciben la discrepancia entre la actitud del presidente y su discurso religioso. Hay más de 58.000 muertes causadas por COVID-19. El gobierno está cada vez más aislado y depende cada vez más del apoyo de los militares.

Organización colectiva para enfrentar la crisis

Aunque Brasil ya se enfrentaba a una recesión económica antes de la pandemia, ésta afectaba principalmente a los más pobres. Ahora amenaza a todos los trabajadores y a las clases medias. El crecimiento anual del PIB ahora es apenas del 1,1%. El desempleo ha aumentado, así como las deudas familiares y la inversión en la economía ha disminuido: 52,5 millones de brasileños viven por debajo de la línea de pobreza (2,5 dólares al día); la pobreza extrema afecta a más de 13,88 millones de personas, que tienen ingresos inferiores a 1,90 dólares al día (6). Se estima que alrededor de 80 millones de los 210 millones de brasileños necesitan un subsidio de emergencia debido a la pandemia.

Los más pobres no pueden contar con el apoyo, la protección y la asistencia del gobierno. Las políticas públicas han sido desmanteladas. Se avecina una tragedia humanitaria.

En las ciudades de São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Manaos y el Distrito Federal, los líderes comunitarios han definido al hambre y la inseguridad alimentaria como los principales problemas de las favelas. Sin ingresos, sin trabajo, no hay dinero para nada, incluyendo barbijos y equipo de higiene personal. El difícil acceso a la ayuda de emergencia impide que millones de personas obtengan una protección social mínima. Los enfermos no encuentran ayuda en los organismos de salud pública, que no pueden prestar los servicios que necesitan.

Estamos siendo testigos de una extraordinaria oleada de solidaridad por iniciativa de las organizaciones locales. Sin ella, la tragedia sería probablemente mucho peor. Podemos ver la importancia de las organizaciones de la “sociedad civil” que presionan a las autoridades públicas, organizan el trabajo voluntario y ofrecen apoyo y hospitalidad a los que más lo necesitan. Los grupos de vecinos, los sindicatos, las emisoras de radio comunitarias, las iglesias, los centros de estudiantes, las escuelas de samba, los socios de clubes de fútbol, las agrupaciones culturales, las asociaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las universidades crean colectivos y organizan acciones conjuntas. Están unidos por una ética humanista. Los movimientos sociales y las organizaciones recuerdan que la democracia debe incluir a los más pobres y redistribuir la riqueza producida.

¿Puede este gran movimiento ir más allá de la ayuda humanitaria? En algunos casos, sí –cuando presiona a las autoridades públicas para satisfacer las necesidades o cuando organiza demostraciones de “panelaço” (ollas y sartenes que se golpean en las ventanas)–. Pero esta incidencia sigue siendo limitada y no cambia la política pública. Cabe recordar que las grandes manifestaciones, como las de junio de 2013, no han modificado el comportamiento de las instituciones políticas, que siempre han estado controladas por el poder económico.

Los partidos y el Parlamento están entre las instituciones más despreciadas por la opinión pública. Pero los brasileños todavía prefieren la democracia a cualquier otro sistema. Según una encuesta de Datafolha del pasado enero, la democracia es apoyada por la mayoría (62%). Pero este apoyo cayó siete puntos entre 2018 y 2019. Y el número de personas indiferentes a este tema pasó del 13% al 22%. Todavía hay un 12% que siente nostalgia de la dictadura.

El desafío para los ciudadanos es politizar las redes de solidaridad y construir puentes entre estas organizaciones de base y los actores políticos. El Frente Brasil Popular y el Frente Povo Sem Medo reúnen diferentes movimientos sociales y se movilizan para defender los intereses comunes, las demandas sociales y la democracia. Pero tienen que enfrentarse al poder instituido y a los grupos de derecha de la sociedad. En nuestra democracia, las elecciones y los partidos políticos siguen siendo esenciales. Los partidos de la oposición piden la destitución de Bolsonaro de su cargo.

Una de las lecciones de esta crisis, que pesa especialmente sobre el mundo del trabajo, es precisamente que los trabajadores deben organizarse y formarse como sujetos políticos capaces de presionar para el cambio.

En los últimos días, organizaciones históricamente rivales de fútbol se han manifestado en defensa de la democracia. Han impedido las manifestaciones de grupos de extrema derecha que pedían el cierre del Parlamento y del Supremo Tribunal Federal. Habrá más en las próximas semanas. Tal vez esta sea la única buena noticia que puedo traer de Brasil: se formó un frente antifascista.

1. Véase Eliane Brum, Brasil sofre de fetiche da farda, El País, 2 de mayo 2020.

2. Marcos Nobre Ponto Final –a guerra de Bolsonaro contra a democracia–, Todavia, San Pablo, 2020.

3. Silvio Caccia Bava, As milícias digitais do capitão, Le Monde diplomatique Brasil, abril 2020.

4. Peter Pomerantsev, This is not propaganda –adventures in the war agains reality–, Faber & Faber, Londres, 2019.

5. Adalberto Cardoso, sessão “Classes Médias e Bolsonarismo”, 2e coloquio de Derechos de los brasileños, 4 de junio 2020.

6. Fuente: Pesquisa nacional por amostras de domicilio, PNAD/IBGE, publicada en el diario Valor, 7 de mayo 2020