La modificación de la Ley de Glaciares excede el debate ambiental o económico: es, ante todo, una disputa ideológica. Aprobada en 2010, esa norma ubicó a Argentina entre los países con alto estándar en protección de fuentes de agua. Al ceder ahora el control a las provincias, el gobierno consolida un modelo que antepone los intereses extractivos al bien común y fragmenta la protección ambiental nacional.