Hacia la protección ambiental en el África poscolonial

La agricultura africana es altamente vulnerable al cambio climático. Se trata de una producción que depende en gran medida de sistemas de riego por lluvias, lo que la hace muy sensible a las variaciones en la temperatura y las precipitaciones. Así, impactos como el cambio en las estaciones, el aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos y las alteraciones en los patrones de plagas y enfermedades representan amenazas significativas para los medios de vida de la población africana.

Si bien los efectos directos sobre los rendimientos de los cultivos y el uso del ganado suelen estar bien documentados, los efectos indirectos del cambio climático y las prácticas agrícolas tradicionales parecieran resultar más fáciles de ignorar.

Durante las últimas dos décadas, África experimentó una vertiginosa expansión de plantaciones y agricultura comercial, provocando el desplazamiento de comunidades locales, la pérdida de bosques y la degradación del suelo. La falta de políticas integrales y una planificación espacial adecuada ha agravado aun más estas consecuencias. La ausencia de evaluaciones exhaustivas del impacto ambiental y la aplicación limitada de mapas satelitales y otras tecnologías geoespaciales han obstaculizado una gestión y monitoreo eficaces del suelo. Además, la debilidad de las estructuras de gobierno y la prevalencia de la corrupción han socavado con frecuencia las prácticas sostenibles. Pero esto no es algo nuevo.

Un legado ambiental colonialista 

Las potencias coloniales en África tenían como principal interés la explotación de los recursos naturales. Los británicos poseían la mayoría de los recursos y con frecuencia promulgaban políticas que facilitaban la extracción de recursos forestales sin una consideración adecuada por la gestión forestal sostenible o los derechos de las comunidades locales. Esto implicaba otorgar grandes concesiones a empresas extranjeras, lo que conducía a una deforestación generalizada y a la degradación de la tierra. En definitiva, tanto ayer como hoy, el afán por maximizar las ganancias económicas a corto plazo termina eclipsando las consecuencias ambientales y sociales a largo plazo.

Las administraciones coloniales implementaron sistemas de tenencia de la tierra que despojaban a las poblaciones locales de sus derechos tradicionales sobre la tierra, facilitando la explotación de recursos forestales. Además, la introducción de cultivos comerciales y la promoción de una agricultura orientada a la exportación llevaron a la conversión de vastas áreas de bosque en plantaciones. La herencia de estas políticas coloniales continúa dando forma a los patrones de uso del suelo y a las prácticas de gestión forestal en muchos países africanos.

En áreas con recursos naturales valiosos, como en el sudeste de Nigeria, las potencias coloniales en África estaban en gran medida motivadas por intereses económicos, centradas en la extracción de recursos para abastecer a las industrias y mercados en Europa. Esto implicaba la adquisición forzosa de tierras y la explotación de la mano de obra, con nula preocupación por las consecuencias ambientales o el bienestar de las poblaciones locales. El establecimiento de plantaciones para cultivos comerciales como el caucho, el cacao y el aceite de palma condujo a una deforestación extensa y a la pérdida de biodiversidad. Las actividades mineras también causaron daños significativos, incluyendo la erosión del suelo, la contaminación del agua y la destrucción de hábitats. A su vez, la infraestructura desarrollada durante la era colonial, como ferrocarriles y puertos, fue diseñada para facilitar el transporte de materias primas hacia Europa en lugar de promover el desarrollo sostenible dentro de África.

No es sorpresa que, en las colonias británicas, el marco legal que regulaba la propiedad de la tierra y la gestión de los recursos favoreciera los intereses coloniales y la explotación comercial. Fue esta introducción de sistemas de propiedad privada de la tierra —donde anteriormente la tierra se poseía de forma comunal— lo que facilitó la adquisición por parte de colonos europeos y empresas para sus propias plantaciones y emprendimientos. Este proceso despojó a las comunidades locales de sus tierras ancestrales y socavó los sistemas tradicionales de tenencia. El sistema legal colonial también estableció regulaciones sobre la extracción de recursos naturales, como la madera y los minerales, que desestimaban la protección ambiental y los derechos de las poblaciones autóctonas. Si bien en algunas zonas se introdujeron medidas de conservación, estas fueron implementadas de manera vertical, sin consultas significativas ni participación de las comunidades locales. Las consecuencias a largo plazo de estas estructuras legales y administrativas coloniales continúan moldeando la gobernanza de la tierra y los recursos en África poscolonial. El legado del modelo económico extractivista sólo destaca la imperiosa necesidad de reformas legales que reconozcan y protejan los derechos de las comunidades locales y promuevan una gestión sostenible de los recursos.

La imposición de impuestos por parte de la administración colonial también contribuyó indirectamente a la deforestación. Las poblaciones locales se vieron a menudo obligadas a extraer y vender productos forestales para cumplir con sus obligaciones tributarias, lo que llevó a prácticas de recolección no sostenibles. Esto creó un sistema en el que, a mayor presión económica, mayor explotación de recursos forestales. Las consecuencias a largo plazo de estas políticas fiscales siguen influyendo en la relación entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental en muchas naciones africanas.

Comunidades locales ignoradas 

La creación de reservas forestales y áreas protegidas durante la era colonial, si bien a veces se planteaba con fines de conservación, por lo general se llevó a cabo sin el consentimiento de las comunidades locales. Esto devino en un profundo resentimiento social que terminó socavando la sostenibilidad a largo plazo de estos esfuerzos. Así, los límites de estas reservas terminaron ignorando los patrones tradicionales de uso del suelo y las fronteras ecológicas, provocando el desplazamiento de personas, la pérdida de acceso a recursos tradicionales y el conflicto entre las comunidades locales y las autoridades coloniales.

La eficacia de estas políticas también se vio limitada por factores como su ejecución deficiente, la corrupción y la falta de recursos adecuados. Abordar estos desafíos requiere un mayor énfasis en la buena gobernanza, la transparencia, el empoderamiento comunitario y la integración de los objetivos de conservación con metas más amplias de desarrollo sostenible.

La “Gran Muralla Verde”

Además del cambio climático, otros desafíos ambientales como la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y la escasez de agua siguen representando amenazas significativas para el desarrollo sostenible en África. Afrontar estos desafíos requiere enfoques integrados que consideren las complejas interacciones entre factores ambientales, sociales y económicos. Promover prácticas sostenibles de gestión del suelo, conservar la biodiversidad y garantizar un acceso equitativo a los recursos hídricos será fundamental para proteger los servicios ecosistémicos y sostener los medios de vida. Del mismo modo, fortalecer la gobernanza ambiental, hacer cumplir las regulaciones ambientales y fomentar la conciencia pública y la participación en la toma de decisiones ambientales también será esencial para alcanzar la sostenibilidad ambiental a largo plazo.

Lanzada en 2007, la iniciativa para contrarrestar la degradación del suelo y la desertificación en África, conocida como la Gran Muralla Verde, es un esfuerzo ambicioso para restaurar tierras degradadas en toda la región del Sahel. El proyecto busca plantar un mosaico de árboles, arbustos y pastizales a lo largo del continente para combatir la desertificación, mejorar la fertilidad del suelo, aumentar la seguridad alimentaria y crear empleos verdes. Si bien la Gran Muralla Verde ha logrado algunos avances notables en ciertas áreas, también ha enfrentado desafíos relacionados con la financiación, la coordinación, la participación comunitaria y la adecuación de ciertas técnicas de plantación; desafíos que requieren un compromiso político sostenido para garantizar su éxito a largo plazo.

La iniciativa también tiene como objetivo restaurar 100 millones de hectáreas de tierras degradadas para 2030. Esta meta ambiciosa requiere una inversión significativa, experiencia técnica y una fuerte participación comunitaria en toda la región del Sahel. El avance hacia el cumplimiento de este objetivo será crucial para fortalecer la resiliencia al cambio climático en una de las regiones más vulnerables del mundo. Monitorear los avances y compartir buenas prácticas son claves para el éxito de la iniciativa de la Gran Muralla Verde.